“Liberen a la UDLAP” y “Libros, sí, armas, no” fueron algunas de las consignas que la comunidad universitaria de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) coreó hoy 30 de agosto en la tercera marcha para exigir la liberación de su campus y el retorno paulatino a sus actividades académicas presenciales.

Porque, si bien las instituciones educativas del país están regresando de forma escalonada a sus aulas, la Udlap no. Esto debido, por un lado, a que la universidad todavía está metida en el conflicto legal que ha mantenido a elementos de seguridad, enviados por el gobierno del estado, dentro de sus instalaciones y, por otro, a las medidas sanitarias tomadas por la institución debido al repunte de casos por COVID-19 en la entidad, mismas que, de acuerdo con la universidad, obligan a toda la comunidad a postergar su retorno. 

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Fueron estudiantes, personal docente y administrativo y demás integrantes de la comunidad universitaria quienes exigieron a las autoridades estatales y a las partes involucradas en la polémica que permitan el retorno presencial a la universidad. 

La comunidad afectada y las exigencias que se mantienen 

Foto: Ray Ricárdez

Mientras tanto, la comunidad universitaria sigue en la incertidumbre. Mediante un comunicado se informó que el retorno a las actividades dentro del campus se postergó hasta el 27 de septiembre para licenciaturas y doctorados y al 14 de octubre para maestrías.

En el mismo comunicado se explica que el retraso se debe a que el campus no cuenta con “las condiciones para garantizar el cumplimiento de los protocolos de sanidad”. Esto pese a que la misma institución estaba preparada para regresar a clases mediante el sistema Hybrid-UDLAP desde agosto del 2020.

Aunque nadie tiene certeza alguna sobre las verdaderas causas para no regresar a las aulas, estudiantes de la Udlap han manifestado su inconformidad en redes sociales. Incluso una estudiante de la carrera Medicina publicó un posicionamiento en nombre de sus compañeras y compañeros de la Escuela de Ciencias de la Salud, en el que explica que, debido a su área de estudio, es imprescindible regresar a las clases presenciales. Además asegura que, a pesar de que el alumnado comprende las restricciones ocasionadas por la crisis sanitaria, otras instituciones del estado ya han regresado a las aulas, lo que les hace suponer que el cierre presencial es más resultado del conflicto legal. 

Mi nombre es Ivana, soy estudiante de la Licenciatura de Médico Cirujano en la UDLAP y quiero volver a clases presenciales. @udlap @Gob_Puebla #regresoinstalacionesudlap pic.twitter.com/f1XeZ29lfJ

— Ivana RoSteve (@IvanaRoSteven18) August 24, 2021

Ante este escenario, el colectivo #YoSoyUdlap, integrado por diferentes miembros de la comunidad universitaria, marchó hoy por la calle 14 oriente de San Andrés Cholula para exigir la entrega del campus a sus autoridades académicas para retornar a las actividades presenciales, exponiendo las siguientes condiciones:

• La salida inmediata de la policía estatal y de los guardias de seguridad que no pertenecen a la universidad, así como el retiro inmediato de los ocupantes administrativos que quieren regir la institución a raíz de la toma  
• Un regreso seguro al campus coordinado por el equipo de la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos y por los elementos de seguridad, salud y administración que laboraban en el lugar antes de la toma policial 

Asimismo, hacen un llamado a la responsabilidad de las instancias públicas estatales de salvaguardar el derecho constitucional a la educación. 

Por su parte, el autonombrado rector de la universidad, Armando Ríos Piter, hizo un llamado desde sus redes sociales a crear un grupo de trabajo para garantizar condiciones para el regreso al campus. No obstante, desde el 4 de agosto, el colectivo Yo Soy Udlap aseguró que las formas de comunicarse de Ríos Piter se han dado con falta de transparencia y por medio de simulación; incluso acusaron a su equipo de realizar llamadas a la comunidad para presionar que este diálogo se dé. 

“No regresamos al campus a diferencia de la mayoría de las universidades del estado; nuestro regreso se ve interrumpido por quienes hoy mantienen cerrada la universidad”, sentenció el colectivo a través de su posicionamiento durante la protesta.  

“Las afectaciones de la comunidad universitaria aumentan cada día”, advirtieron. 

Sigue la disputa legal 

Foto: Ray Ricárdez

Han pasado dos meses desde que elementos de seguridad del estado desalojaron a estudiantes, docentes y personal administrativo del campus. Al día de hoy, la pugna legal ha escalado a partir de que el entonces rector de la universidad, Luis Ernesto Derbez Bautista, anunciara el 16 de julio la recuperación del campus y restitución del patronato a través de una resolución federal emitida (1029/2021-IV) el mes pasado.

Sin embargo, a pesar de que esta orden obliga a los elementos de seguridad a abandonar las instalaciones, hasta la fecha no se han retirado, haciendo caso omiso a la resolución. 

El 12 de agosto, un juez de control del fuero común emitió una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez (quien tuvo que dejar su cargo como rector de la universidad debido a este hecho) por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico en perjuicio de la universidad. A su vez, la orden también solicitaba la detención de Mónica Ruíz Huerta, ex vicerrectora administrativa; de Mario Vallejo, ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional y de Jesús Salvador Mijangos, ex director general de Asuntos Jurídicos. Por su parte, Derbez aseguró que esta medida se trata de una “campaña de mentiras” contra él y su equipo de trabajo. 

En respuesta, la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que existe una persecución política por parte del Gobierno de Puebla para desviar la atención en relación al incumplimiento de la suspensión de amparo que ordena devolver el campus a la antigua administración, acusando a los jueces litigantes de no acatar lo indicado por el Poder Judicial.

A su vez, la Fundación informó que presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en contra de los jueces 24 y 60 de la capital del país tras considerar que se han negado a cumplir con la orden de desalojar la universidad. 

Derivado de estos conflictos, la Udlap anunció el 20 de agosto, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el nombramiento interino de Cecilia Anaya Berríos, Doctora en Ciencias con especialidad en Química Orgánica y colaboradora desde hace 30 años de la institución en diferentes puestos, siendo hasta entonces vicerrectora académica. 

“El patronato legítimo, encabezado por su presidenta Margarita Jenkins de Landa, confía en que el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, su equipo directivo y los abogados, podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes, de quienes exigimos resoluciones prontas e imparciales”, dice el comunicado.

*Foto de portada: Ray Ricárdez