Las dudas siguen sin aclaraciones. La UDLAP es sinónimo de incertidumbre. El gobierno del estado ha asumido una actitud incomprensible: manifiesta que no es parte en el conflicto. La realidad es algo distinta: el gobierno del estado es uno de los involucrados porque nombró a un nuevo patronato y este es desconocido por los antiguos patronos. Jurídicamente el conflicto es sencillo, pero políticamente está entrampado.

Los Jenkins, dueños de la UDLAP, ganarán el litigio si logran demostrar que fue el gobierno del estado quien les dio autorización de trasladar los bienes de la fundación a un estado e incluso a un país distinto. En otras palabras, que no han dilapidado los bienes y que los trámites que realizaron bajo el mandato de Moreno Valle fueron avalados por el propio gobierno poblano.

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El nombramiento de un nuevo patronato de la UDLAP es harina de otro costal. La distinción no es menor: por qué los bienes de la fundación se movieron de Puebla es una cosa; que los Jenkins sigan controlando el patronato es otra distinta. El patronato puede ser removido y nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada de acuerdo a la normativa aplicable, pero los Jenkins pueden alegar que no se cumplieron los procedimientos que prevé el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para quitar al anterior patronato y nombrar a los nuevos patronos que, a su vez, nombraron a un impresentable -Jaguar de apodo- como rector. No hay quien se salve en el conflicto: tan malo es el pinto como el colorado.

La realidad también muestra que ambas partes piensan poco en los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad. Pueden desgañitarse en los medios, pero sin la avaricia de ambas partes, los Jenkins y el gobierno del Estado antes en manos de Moreno Valle y ahora bajo la titularidad de Barbosa, este asunto podría resolverse sin que ello significara afectar a quienes laboran y estudian en el campus de la universidad.

En última instancia, el campus es simbólico, pero importa. Porque en temas educativos, los símbolos son importantes: no se confía en una universidad tomada por un grupo y donde los estudiantes no pueden entrar, donde no hay clases, no se investiga y no se interactúa. Si lo que ambas partes querían era ahorcar a la universidad para vencer a su opositor, están en el camino correcto.

¿Cómo lograr que no se afecte más a quienes necesitan el campus de la UDLAP para desarrollar sus actividades? Cediendo. Pero el verbo ceder está fuera del diccionario del gobernador Barbosa y ahora -vaya paradoja- parece que también está relegado en el vocabulario de los Jenkins -ellos, que tanto negociaron con Moreno Valle.

No bastan las órdenes provisionales porque mientras el conflicto no se solucione de fondo no habrá certeza de hasta cuándo se podría utilizar el campus de la universidad.

Si el conflicto entre el gobierno del Estado y la universidad va a tardar muchos meses más -como toda lógica indica- valdría la pena que las partes lleguen a un acuerdo mínimo: que unos controlen el campus y que trabajadores, estudiantes y maestros lo puedan utilizar. Ese sería el verdadero gesto de preocupación por la educación de miles de jóvenes y, sobre todo, por la certeza de que los trabajadores y maestros tienen asegurado su trabajo. Hoy, la incertidumbre es la regla: el patronato nuevo que no tiene cuentas bancarias, no sabe quien trabaja o estudia en la universidad, no da clases, no administra, no tiene relaciones con quienes desarrollan su actividad en la universidad y solo tiene un fabuloso nombramiento; por el otro lado, una familia que tiene el control de muchas cosas, pero no tiene campus y, con ello, una universidad a medias.

Solo es tiempo traerá la solución del conflicto. Lo que la situación demuestra, día con día, es que ambas partes quieren ganar: la educación es lo de menos.