La comunidad estudiantil de la Udlap se encuentra acampando a las afueras de su campus; uno que muchos y muchas ni siquiera conocen. Profesores, en un afán de ser un apoyo para su alumnado, dan clases al aire libre, en la recta a Cholula y la 14 oriente. Hoy, no tienen un campus, pero sí una comunidad que se mantiene exigiendo su derecho a la educación. 

Cuando las y los estudiantes tomaron las vías aledañas a la universidad el 1 de febrero, empezaron a hacerse la idea de que esa no sería una marcha más en su lucha por recuperar la escuela, sino el inicio de una nueva faceta en su movimiento que, quizá, les devolvería su derecho a la educación, tarde o temprano.

Es por esto que desde entonces la protesta evolucionó a un movimiento comunitario de día y de noche, donde las y los estudiantes se mantienen en un campamento permanente, tomando allí sus clases y exigiendo la devolución íntegra de sus aulas.

Al plantón se sumaron iniciativas como la mega marcha del 4 de febrero, en donde la comunidad universitaria marchó desde la recta a Cholula, hasta el zócalo de la ciudad de Puebla.

“Hoy en día hemos decidido tomar la calle para empezar a construir la comunidad que nos quisieron arrebatar”, sentencia Ixchel Padilla, estudiante de Literatura y Ciencia Política e integrante de los colectivos manifestantes.

Activismo universitario y negativas gubernamentales

Foto: Marlene Martínez

La protesta universitaria inició desde el 29 de junio de 2021, cuando las autoridades estatales tomaron el campus con elementos armados para imponer un patronato elegido por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de Puebla, a cargo de Horacio Magaña.

Él mismo nombró a Armando Ríos Piter como rector, pese a que la comunidad universitaria rechazó en todo momento esta designación y la calificaron, así como a su patronato, de “espurios”. Aún así, Piter y el patronato de Magaña desconocieron la administración de Luis Ernesto Derbez, aunque esta se mantuvo y después pasó a manos de la Doctora Cecilia Anaya de manera interina. Desde entonces, la comunidad estudiantil ha creado grupos de protesta física y digital para exigir el regreso a clases presenciales.

“Cuando todo esto pasó y nuestra universidad fue tomada, no sabíamos qué hacer. Al principio no queríamos perder la esperanza, pero ya han pasado siete meses, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo por parte de [todas y] todos nosotros, de saber qué va a pasar con nuestra uni”, dice Monserrat Guerrero, estudiante del sexto semestre de la licenciatura de Derecho.

El tiempo pasó y por más que colectivos como #YoSoyUdlap y #FuerzaUDLAP hicieron eco en redes sociales y en las calles de Puebla capital y Cholula, la universidad permanecía cerrada, tal como comprobó en repetidas ocasiones Lado B durante estos meses.

Sin embargo, al 1 de febrero del 2022, el gobernador Miguel Barbosa afirmaba que la Udlap estaba abierta. Ese día, en el Congreso local, la bancada de Morena defendía las palabras de su gobernador y la oposición los retaba a ir al campus para comprobarlo.

Mientras tanto, la jueza de control Magally Escamilla resolvía que debían “generarse las condiciones para reanudar las actividades educativas y académicas presenciales de la Udlap”.

Aquella tarde, LADO B documentó cómo decenas de estudiantes esperaban a las afueras de su universidad para ver si de verdad reabrirían sus accesos. Esto no sucedió de manera inmediata, lo que provocó tomas simultáneas de la calle 14 oriente, la recta Cholula y el Periférico, para mostrar el hartazgo por la situación.

Eventualmente, todo esto desembocó en una de las más grandes protestas de la comunidad estudiantil, donde las y los estudiantes decidieron tomar nuevas acciones para regresar a sus aulas.

Por la noche, la entrada principal abrió, pero nadie entró, pues el gobierno del estado dio paso a la “reapertura” pero con sus condiciones: aceptar al patronato impuesto y la rectoría de Ríos Piter.

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“Si entramos al campus, perdemos nuestra universidad”, se escuchaba entre la multitud, mientras estudiantes veían con desconfianza cómo los elementos de seguridad, que por meses les impidieron el acceso, abrían como si nada las puertas de su escuela en un gesto que se sentía más como una trampa que como una victoria definitiva.

Nadie dio un solo paso hacia el campus.

Mega marcha y plantones

“Ha sido una lucha de resistencia”, narra Ixchel Padilla. “Una semana completa de manifestaciones”, agrega Juan Hernández, egresado de Comunicación y Producción de Medios e integrante organizador del plantón.

Hoy en día, el campamento se mantiene de manera permanente en el distribuidor Udlap.

“Las y los compañeros en el plantón han estado aguantando, resistiendo”, dice Ixchel Padilla. Ella explica que, de momento, el plantón está diseñado para que las y los profesores puedan acudir allí a dar sus clases. De igual forma, se dan seminarios y talleres. También funciona como comedor y dormitorio. La idea, asegura, es crear una comunidad de exigencia en el espacio público. Por lo general, son decenas de personas de la comunidad las que permanecen resguardando el lugar.

“[Sí], deberíamos de tener la oportunidad de hacerlas [las actividades] en nuestro campus libremente, pero no podemos, así que las hacemos ahí [en el campamento]”, cuenta Monserrat Guerrero. Allí se han unido como comunidad en aras de que les den una respuesta pronta. También cree que toda esta movilización ha hecho un eco nacional para mostrarle a la gente lo que están pasando.

Asimismo, además de la mega marcha del 4 de febrero, la comunidad ha bloqueado en repetidas ocasiones la calle 14 oriente, el Periférico y la recta a Cholula en tono de protesta. Por otro lado, el 10 de febrero fueron a los juzgados federales Ciudad Judicial Siglo XXI a exigirle al juez Tercero de Distrito, Tomás Zurita García, la entrega del campus.

Por otra parte, el 9 de febrero, una comitiva fue al Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, donde dieron una rueda de prensa y dialogaron con las y los diputados del lugar para pedirles ayuda. Después, el 10 de febrero, fueron al Senado de la República, en donde pidieron a las y los senadores que se involucren en la exigencia de la devolución de las instalaciones de la universidad.

“Es un movimiento necesario (…) porque no puede ser que la universidad lleve tomada más de siete meses y que las autoridades competentes no [sean] capaces de resolver esto por temas políticos que a nosotros como estudiantes no nos competen”, dice José María Saavedra Chimal, estudiante de Mercadotecnia de la Udlap.

Y es que, para las y los estudiantes, es fundamental estar teniendo actividades en el campamento permanente, pero también realizar acciones para presionar a las autoridades a resolver la disputa de manera inmediata, explica Monserrat Guerrero.

“Ya tenemos un plantón permanente a las afueras de la universidad; se logró hacer una marcha de miles de personas en la que cruzamos más de 10 kilómetros, literalmente de un municipio a otro [de San Andrés Cholula a Puebla]”, cuenta Padilla. Desde su perspectiva, hoy por hoy existe un esfuerzo más grande para regresar al campus.

De acuerdo con Juan Hernández, la defensa universitaria no es solamente la de la Udlap, sino la de otras instancias como el CIDE, que también han sido asediadas por los gobiernos actuales. “La comunidad estudiantil de México se está movilizando por su derecho a la educación”.

“La Universidad de las Américas Puebla no es un lugar en el mapa, es verdaderamente una comunidad de gente”, sentencia el egresado. Él explica que en el plantón no solo hay estudiantes, sino también egresados, profesores, madres y padres de familia.

Las y los estudiantes han conocido a sus compañeras y compañeros en una marcha y en un plantón, no en las aulas. “Se fueron a conocer y formaron una amistad en el plantón”, narra Hernández.

Lo que va del conflicto

Tras meses de asumirse como el rector de la universidad, Armando Ríos Piter “renunció” a su cargo aunque, para fines prácticos, nunca ejerció. Esto, sin embargo, no cambia en lo absoluto la pugna legal entre el gobierno de Puebla y la administración original de la universidad, aunque Miguel Barbosa insiste en que ya no hay obstáculos para regresar a las clases presenciales.

“Lo único que han causado [las autoridades] es un descontento y una incertidumbre grandísima, además de que está afectando a terceros de forma grave, porque está afectando a [las y] los estudiantes, a sus padres [y madres], pero también está dejando morir a todo un municipio, que es San Andrés Cholula; como bien saben, la universidad es vital para la subsistencia de San Andrés y San Pedro”, dice Padilla.

“Si entramos al campus sin que se haya hecho la restitución oficial al patronato original, nos pueden echar a nosotros el muerto”, dice Hernández, en referencia al procedimiento con el que debe devolverse las instalaciones; es decir, a la entrega de las instalaciones por parte del poder Judicial de la Federación a manos de la Dra. Cecilia Anaya y su equipo de trabajo, documentando que los bienes de la universidad están en orden.

“Tenemos todo para regresar, solamente necesitamos que el Poder Judicial la haga de árbitro, detenga el partido y diga: ‘ya es tiempo de devolverle el campus a la gente’”, sentencia Padilla.

Hasta el 10 de febrero, la universidad en sus vías oficiales informó en un comunicado que una nueva resolución en el juicio de amparo número 612/2021 del Juzgado 8vo de Distrito en Materia de Amparo Civil en la Ciudad de México, determinó que “el patronato espurio carece de facultad alguna” para administrar la universidad, y que “los únicos patronatos legales y reconocidos por las autoridades federales” son los que ostentaban la administración de la universidad antes de la toma. Es decir, los de Margarita Jenkins Landa y el de la Fundación Mary Street Jenkins.

Fue el viernes 11 de febrero cuando la rectora Cecilia Anaya recibió un citatorio del Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula Puebla en donde le indicaron que se le haría la entrega del campus. Sin embargo, la propia universidad en un comunicado desmintió que se tratara de una entrega legítima, ya que se pretendía hacer bajo el patronato “espurio” (que además, aclaran que ha sido declarado como ilegal por Tribunales Federales). Es por esto que pidieron a la comunidad calma y paciencia ya que, según lo informado, un patronato considerado ilegal no puede hacer la entrega de las instalaciones.

Exigencias de la comunidad y lo que se espera

Foto: Marlene Martínez

“Estamos exigiendo que se proteja, a toda costa, la autonomía universitaria y la libertad académica”, dice Padilla. Ella explica que piden que se mantenga un desarrollo pleno para las y los estudiantes, no únicamente de la Udlap, de todo México. En sí, piden la entrega en tiempo y forma, conforme a la ley, de su universidad cuanto antes.

“El día de hoy es la Udlap, pero también es el CIDE, y no queremos que esto le vuelva a pasar a nadie más. Esto es mucho más grande que una sola universidad”, sentencia José María Saavedra.

Así, según Padilla, la comunidad no piensa regresar si no es con la administración de Cecilia Anaya Berríos. Ella es la única persona que les brinda seguridad personal, física y académica, ya que el otro patronato, dada las formas en las que tomaron el campus y han llevado el caso, no es de fiar para la comunidad.

Juan Hernández confía en que el juicio va a favor del patronato original, y en la restitución en tiempo y forma del campus. Él espera que pronto las y los estudiantes que han estado luchando, finalmente conozcan su campus.

“Creemos que cada vez estamos más cerca”, dice Montserrat Guerrero, por su parte.

Saavedra espera que en los próximos días se restituyan todos los activos de la universidad al patronato original. “Parece ser que ya estamos llegando al final de este túnel, ya se ve la luz”, concluye.

*Foto de portada: Marlene Martínez