Después de la toma de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) por elementos de seguridad estatal, el desalojo de estudiantes, docentes y personal administrativo, el pasado 29 de junio, esto es lo que ha pasado y lo que se sabe: 

• Lo último, dado a conocer este martes 6 de julio, es que el nuevo patronato anunció la destitución del rector Luis Ernesto Derbez Bautista y de quienes encabezan las vicerrectorías. Adalberto Ramos Huerta, secretario del nuevo patronato ya había adelantado a medios de comunicación que esto podía suceder. 
• Desde el inicio, Derbez ha calificado los hechos como un atropello, lo mismo que reiteró ayer en conferencia de prensa, donde informó que dada la situación de incertidumbre administrativa y financiera en la Institución, no sabe si podrán pagar la nómina de la próxima quincena. 
• El nuevo patronato es presidido por Horacio Magaña Martínez, cuya trayectoria profesional se conoce poco; según Adalberto Ramos Huerta es Ingeniero Industrial. 
• El anuncio de la remoción de la vicerrectora académica, Cecilia Anaya Berrios, y la vicerrectora de asuntos estudiantiles de la universidad, María del Carmen Palafox Ramos, se da luego de que desconocieron al nuevo patronato y aseguraron que mientras no exista una resolución legal definitiva, solo reconocerán al rector y la administración actual. 
• El 5 de julio, el nuevo patronato se reunió con el secretario de Educación del estado, Melitón Hernández. Así lo informó la instancia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales y en su página web. En dicho encuentro, “los integrantes del patronato expresaron su determinación de garantizar que las actividades académicas seguirán su desarrollo, preservando los derechos de [las y] los estudiantes y trabajadores”. 

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• Sobre lo que pasará con clases, trámites, personal docente y administrativo, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, aseguró que ninguna de las partes involucradas está atentando contra la comunidad universitaria, sin embargo, las y los estudiantes han manifestado lo contrario.

Foto: Ray Ricárdez

• Durante una manifestación afuera del campus, la comunidad estudiantil entregó un pliego petitorio (en físico) a Edgar Gómez, representante del gobierno estatal. Entre otras cosas, el documento rechaza la instauración por estos métodos de un nuevo patronato; exige el retiro de las fuerzas policiales del campus; solicita que ninguno de los procesos administrativos (como entrega de títulos) se detenga y que se asegure la integridad de quienes se encuentran en Colegios Residenciales; además de que la nómina a todo el personal se pague en tiempo y forma; que el patrimonio de la universidad se devuelva íntegro, y que Horacio Magaña dé una declaración en su carácter de presidente del nuevo patronato. 

“La comunidad universitaria le exige a las autoridades estatales que abandonen la universidad; no puede ser que una institución dedicada a la educación sea tomada por policías y que estén armados dentro de la universidad, y que la hayan tomado mientras estudiantes y trabajadores hacían sus labores”.

— Alexis Murillo, estudiante de Ciencia Política y representante de la comunidad universitaria manifestante, en entrevista para LADO B.

• Las clases en línea continúan, pero se cancelaron todas las actividades presenciales que ya estaban planeadas (talleres, clases, conferencias, cursos, equipos representativos, laboratorios, etcétera), sin tener una fecha específica de reapertura. El periodo “Verano II”, que inició el 29 de junio y finalizará el 28 de julio, se realizará únicamente de manera remota. 
• Al momento de la toma, de acuerdo con testimonios del alumnado, solo había residentes en los Colegios Residenciales del exterior, los cuales se mantienen en operaciones, pero se dejó a la deriva a algunas y algunos estudiantes foráneos que no saben si tendrán clases presenciales. 
• En cuanto a los trámites administrativos (como la entrega de títulos), la universidad no ha publicado un comunicado oficial; sin embargo, el área de Servicios Escolares (encargada de estos trámites) aseguró vía telefónica, sin dar muchos detalles, que los procesos administrativos continúan para todo el alumnado. 

“Lo que se busca [por parte del comité estudiantil protestante] no es que un grupo u otro prevalezca, sino que las armas salgan de las universidades, que la policía armada salga de la universidad, y podamos hacer uso del campus; consideramos que, si se tiene que hacer un cambio, que suceda, pero lo único que pedimos es que se realice de forma pacífica, sin afectar a la comunidad universitaria”.

— Ixchel Padilla, estudiante de Literatura y Ciencia Política e integrante del colectivo Yo Soy Udlap. 

• La comunidad universitaria conformó el colectivo Yo Soy Udlap, mediante el cual han informado a medios de comunicación, y público en general, sus peticiones. 
• Las y los estudiantes están recabando firmas a favor de la liberación del campus en la plataforma digital Change.org. Hasta el momento llevan más de siete mil. 

La historia legal (en resumen) 

Foto: Ray Ricárdez

• La toma de la Udlap responde al cumplimiento de una medida cautelar girada del 28 de junio de este año, que tenía como objetivo remover del cargo al patronato antiguo e instaurar uno nuevo, elegido por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
• A su vez, este conflicto se deriva de un proceso legal iniciado en 2013, cuando un miembro de la familia Jenkins acusó a la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) de desvío de recursos, lo cual inició una lucha administrativa por el dinero de la fundación. 
• De acuerdo con la información pública disponible y las diferentes declaraciones que se han hecho al respecto, el cambio de los integrantes del patronato fue autorizado por el juez Segundo Civil de Distrito Judicial en Cholula, José Cuauhtémoc Blaquez Guevara (oficio 2383, expediente 426/2021). 
• La parte demandante ha asegurado públicamente que esta medida se debe a que los antiguos miembros del patronato tienen órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República (FGR). También han declarado que, de acuerdo con informes de la propia Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, la intervención del campus es resultado de las diligencias que se llevan a cabo contra los antiguos integrantes. 
• Derbez ya había reconocido en un video transmitido en vivo que había un proceso legal en contra de los patronos de la institución, pero dijo que este se derivaba de la situación de la Fundación Mary Street Jenkins.
• El 29 de junio la universidad publicó un comunicado en el que enfatizaba que la institución no estaba sujeta a ningún proceso ni judicial, ni administrativo, e insistía en que es un ente independiente a la Fundación Mary Street Jenkins, la cual sí se encuentra en una pugna legal.
• En el comunicado, la institución también informaba que desde el pasado 4 de mayo promovieron un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito (radicado con el número 613/2021 y con vigencia hasta la fecha de la toma) para dar certeza de que los patronos antiguos no fueran removidos ni se interviniera en la administración actual.
• Al día de hoy, las instalaciones siguen tomadas por los elementos de seguridad pública estatales. Mientras tanto, la comunidad universitaria se mantiene en protesta, exigiendo que el conflicto se solucione de manera pacífica y fuera del campus universitario.

*Foto de portada: Ray Ricárdez