La seguridad y la impunidad son dos temas que los gobernantes mexicanos evitan a toda costa porque muestran su fragilidad o su ineptitud, que para efectos ciudadanos termina siendo lo mismo: una catástrofe.

No importa si es en Tijuana donde se asesina a una periodista o en Puebla donde el cuerpo de un niño es usado para introducir droga en un penal o en el sur de México donde 55 migrantes mueren en un accidente automovilístico, y a la fecha no se sabe nada de las autoridades que se corrompieron para que un camión circulara con decenas de migrantes transportados como animales.

Las dos constantes golpean a todos los mexicanos, especialmente a los grupos más vulnerables. Y después de lustros de presenciar tantas muertes y tanta impunidad, lo único que queda es seguir denunciando y criticando a esas autoridades que, sean de un partido u otro, siguen siendo protectoras de los grupos criminales que dominan el país o que de plano son incapaces de disminuir la violencia, los crímenes y la inseguridad que impera en el país.

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No basta que el presidente López Obrador sostenga que su movimiento no es igual a los gobernantes anteriores, cuando en las calles las muertes y las desapariciones se multiplican. En el colmo del cinismo, el gobernador de Puebla dirige sus baterías contra los activistas que denuncian la ignominia: el cuerpo de un niño desenterrado en la Ciudad de México y encontrado en un basurero de una prisión poblana. ¡En un basurero!

Con un poco de prudencia el gobernador tendría que responder por los resultados tan famélicos en materia de seguridad pública e impunidad. Es el mismo gobernador que no ha encontrado respuestas a la explosión de hace apenas dos meses que dejó sin hogar a cientos de familias en Puebla. El mismo gobernador de una entidad donde desaparecen mujeres y son asesinadas; un cuento macabro que no acaba nunca. El mismo gobernador que ha tenido tres secretarios de seguridad distintos, tres secretarios de gobernación distintos, pero que se enfurece más por las preguntas o versiones periodísticas que por los pobres resultados de los funcionarios que él eligió. A mediados del año pasado anunció que estaban limpiando la secretaría de seguridad pública del estado y hace apenas dos semanas se indignaba y afirmaba que en los CERESOS de Puebla no existen privilegios, pero la verdad le estalla como bomba: no solo la Secretaría de Seguridad -la encargada de las prisiones en el estado- no está limpia, sino que es evidente su corrupción; y en los CERESOS no solo hay privilegios: se llega a los límites de enviar al basurero el cuerpo de un niño. Simplemente, el Estado no existe; el gobierno no manda; la impunidad campa a sus anchas; la inseguridad es la constante.

Pero el problema no es exclusivo de este estado. La ineptitud e incapacidad de los gobiernos cunde en el país. Una periodista teme por su vida, entra a un programa de protección federal a periodistas y aún así la asesinan. El mensaje es claro: estamos solos en este paraje de muerte. Quienes deben trabajar para protegernos están ocupados en llevar dinero a sus arcas, en ganar discursos o en “desmentir” a activistas, en señalar a sus adversarios, pero no en resolver problemas.

México es un país de terror. Ha sido un país de terror en los últimos años. Y es probable que siga siéndolo.