Aunque el gobierno y muchos empresarios quieran minimizar la situación actual, es desolador el drama que miles de mexicanos sufren estos días por la cuarta ola provocada por el COVID. Basta ver las enormes filas en los centros de salud públicos y en las Farmacias Similares y del Ahorro para percatarse que la situación es delicada y, como siempre, golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

No es ninguna casualidad: el gobierno de López Obrador prometió (en boca del mismo presidente) transformar el sistema de salud, pero después de tres años los cambios no se notan y la inversión en la infraestructura de salud sigue siendo tan raquítica como lo fue en el periodo que gobernaron el PRI y el PAN. Y ya no hablemos del desabasto en medicamentos, ahora sí reconocido por el gobierno, que sigue siendo un drama para aquellos que sufran la escasez.

Como país, las largas filas en los consultorios que cobran veinte pesos por revisión médica refleja dos verdades: las instituciones públicas que prestan servicios de salud están rebasadas y, por otra parte, al menos la mitad de los mexicanos no tiene acceso a servicios de salud porque trabajan en la informalidad. Es un círculo vicioso: el trabajador informal no cotiza en la seguridad social, no recibe servicios de salud, y gasta más (en relación con su ingreso) cuando enferma alguien en su círculo familiar. Sobra decir que su ingreso no es suficiente para ir a los hospitales o consultorios reconocidos, sino que su seguridad social termina siendo el consultorio de la farmacia de la esquina. 

Pensar que tener servicios de salud al estilo de países escandinavos sería cosa de tres años es algo que resulta fácil de prometer, aunque es muy difícil de cumplir. La promesa de López Obrador de tener un sistema de salud como el danés deviene en demagogia, pero la postura de la oposición termina siendo cínica: apuesta a que el presidente incumpla su palabra (lo que saben que pasará) pero ellos en ningún momento proponen incrementar el gasto en salud y lograr que el país destine el 6% de su PIB a servicios de salud (lo que en realidad invierten países como Dinamarca) y no el 3% que actualmente gasta. Ningún actor político propone el incremento del gasto en servicios de salud, lo que implicaría destinar menores recursos a gastos en partidos políticos, militares o en seguridad pública, sectores que han recibido mayores incrementos en los últimos lustros, a pesar de que sus resultados son cada día más pobres. 

Vaya tragedia: con cientos de miles de muertos y millones de contagiados como consecuencia de la pandemia, el gobierno y los partidos de oposición han sido incapaces (tanto a nivel federal como a nivel local) de elevar el gasto en salud a niveles de los países desarrollados. 

Una pandemia no les es suficiente (a todos los partidos) para gastar en lo esencial: la salud de los mexicanos. Poco podemos esperar de esta clase política tan tendente a la militarización y tan rácana con la salud y la educación. Una pandemia después, nuestro gasto en salud y en otros rubros esenciales sigue siendo raquítico. Muy lejos del gasto en el sistema de salud de los escandinavos, aunque la oposición crea que ese era el sistema que dejó después de décadas de gobernar el país y el gobierno actual asegure que es el sistema que dejará después de esta supuesta transformación. Los números desmienten a unos y a otros. 

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández