La activista Gabriela Chumacero fue detenida hace 27 años por una riña, el personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla la obligó a quitarse la ropa y mostrar ciertas partes íntimas de su cuerpo, también se burló y la golpeó. Durante su ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, la violencia persistió: en múltiples ocasiones le revisaron y hasta tocaron el área genital, también le cortaron el pelo y la obligaron a vestirse como hombre, su sexo asignado al nacer.

Aunque han pasado casi dos décadas de lo ocurrido a Gabriela, la situación para las mujeres trans que son detenidas y privadas de su libertad en la entidad no ha mejorado. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 revela que, de las cinco mujeres trans que participaron en la encuesta, todas fueron incomunicadas durante su arresto y presentación al Ministerio Público.

Cuatro de las participantes fueron objeto de actos que se pueden considerar tortura, según la propia normativa nacional, como cubrirles la cabeza para impedirles ver, atarlas, desvestirlas, asfixiarlas, golpearlas, sumergir su cabeza en agua y hasta darles choques eléctricos al momento de su detención. También señalaron insultos, amenazas y despojo de su ropa por parte de agentes ministeriales y actos como robo, lesiones, amenazas y violencia sexual en el centro de internamiento.

Las irregularidades en la detención de las mujeres trans no solo ocurren en Puebla, de acuerdo con el informe “La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas”, de la Embajada de Estados Unidos en México, el 21.3% de las personas trans encuestadas en el país fueron detenidas de forma arbitraria, algunas veces solo por caminar y otras por ejercer el trabajo sexual.

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Violencia, de la detención al internamiento

Fue en 1995 cuando presentaron a Gabriela Chumacero, activista del Grupo Transgénero Puebla, ante el Ministerio Público. Ya se había realizado su primera operación de busto, tenía el pelo largo, iba arreglada y con tacones puestos. En ese momento, los agentes le pidieron que se quitara los calzones y abriera las piernas para reírse, burlarse de ella, que lloraba.

— Ves ese morbo, esa grosería, los golpes que te dan para que te aplaques y todo ese rollo es horrible— contó Gaby.

De las mujeres trans que participaron en la Enpol 2021, dos fueron desvestidas durante su detención, también fueron amenazadas, asfixiadas y golpeadas.

La Investigación sobre la atención de personas LGBT en México de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apunta a que el 25.4% de participantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+) sufrió agresiones físicas durante su detención.

Después, Gaby fue ingresada al Cereso, donde en cada revisión le pedían que abriera sus nalgas y le tocaban el área genital, le dieron ropa de hombre, “de cabrón”, y al final la estaba esperando una chica para cortarle el pelo.

— Iba yo con un pelazo, quedé con un pelito nada más, porque me lo cortaron — recuerda la activista.

En reclusión, Gabriela fue obligada, inicialmente, a vestir como hombre. De a poco le permitieron usar maquillaje y dejarse el pelo largo. A esa situación se le sumó la violencia y discriminación de los propios internos, las condiciones de hacinamiento, la falta de alimento digno y las cuotas que se cobran para tener un espacio para dormir. Por eso es que muchas mujeres trans buscan tener una pareja, para que las proteja, aunque tengan que hacer sus quehaceres y mandados.

— Dentro del dormitorio hay leyes, dentro del patio hay leyes, en las casitas hay leyes, y la ley principal que es la de director y la ley de los custodios, ¿hasta dónde quedamos nosotras? Hoy en día tienen ya un trato, pues no cordial, pero más o menos tratable, pero no deja de ser discriminatorio.

Datos de la Enpol 2021 apuntan a que, si bien cuatro de las cinco mujeres trans internas están algo satisfechas con los espacios dentro del Cereso y están seguras en su dormitorio u otras áreas del reclusorio, también fueron objeto de robo, amenaza, lesiones o violencia sexual y dos de ellas apuntaron que han sido discriminadas por su orientación sexual por parte de otros internos.

Agravios son el pan de cada día

Gabriela Chumacero / Foto: Marlene Martínez

Gabriela Chumacero explicó que en el Cereso de San Miguel, en la capital poblana, así como en la mayoría de las entidades federativas, existen dormitorios específicos en el área varonil para las mujeres trans y hombres homosexuales. Sin embargo, eso no las excluye de los agravios y el primero de ellos es la falta de reconocimiento de su identidad de género.

— A las personas que están privadas de la libertad nos enmarca una perspectiva como si no tuviéramos derechos, empezando porque no tienes el derecho de entrar con tu identidad de mujer— dijo la activista.

Con respecto al reconocimiento de la identidad, Daniela Esmeralda Vázquez Matías, vicepresidenta de Almas Cautivas, asociación civil que trabaja a favor de la población LGBT privada de su libertad, señaló que a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 9 fracción I, sí manifiesta que no habrá discriminación y que se debe dar un trato digno, sin menoscabar en la identidad de género de las personas, esto no se actualiza en leyes y reglamentos locales.

De acuerdo con el estudio “Personas LGBTI+ privadas de la libertad: Informe desde el contexto de México, Guatemala, Honduras y El Salvador”, publicado por Corpora en Libertad en 2021, el 81.3% de las personas trans privadas de su libertad no habían hecho su cambio de nombre y/o género de manera legal y al 62.8% les llaman por el nombre asignado por sus padres dentro del centro penitenciario.

Para Daniela, los derechos humanos de las personas trans privadas de su libertad no se respetan ni en la Ciudad de México ni en ningún otro estado.

— Los sistemas penitenciarios no tienen esta capacitación sobre estos temas que tienen que ver con derechos humanos y con el derecho a la no discriminación de las poblaciones LGBTI— explicó la integrante de Almas Cautivas.

En ese sentido, Juan Corona, especialista de la Universidad Iberoamericana de Puebla, manifestó que durante la individualización de la pena se tendría que indicar que se trata de una persona trans y que se necesita que se garantice su libre desarrollo de la personalidad, así como sus otros derechos, puesto que es muy usual que dentro de los centros penitenciarios haya violencia sexual, física y psicológica contra las mujeres trans.

Tal es el caso de Karina, una trabajadora sexual privada de la libertad en 2002, en Molcaxac, Puebla, debido a que el cliente que la contrató arrolló a varias personas con su vehículo y huyó. De acuerdo con su testimonio recabado en el documento “Mi salud, mis derechos violaciones y abusos a los DDHH de Mujeres Transgénero Sentenciadas en Reclusorios de Puebla y Aguascalientes”, Karina fue objeto de violaciones, agresiones físicas y maltrato tanto por custodios como por internos.

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— Me metieron como tres horas en una celda, yo sola y estaba todo tapado, me llevaron de comer una sopa de esas instantáneas y un pan y me dijeron que ahí tenía que esperar 24 horas pero fueron por mí como a las cinco horas, de ahí me iban a llevar nuevamente a la judicial— narró Karina a quienes la entrevistaron.

Como evidencian organizaciones nacionales e internacionales en “Mujeres Trans privadas de la libertad. La invisibilidad tras los muros”: “históricamente, las mujeres trans han sido sujetas a la discriminación, la criminalización, la violencia institucional, en todas las regiones del mundo”. Por ello apuntan a que hay una sobrerrepresentación de las mujeres trans en las prisiones y son más propensas a sufrir violencia durante su internamiento.

Ese mismo estudio señala que todo esto es consecuencia de la exclusión social de este grupo.

Discriminación y abandono, algo sistemático

Foto: Marko Lovric | Pixabay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la violencia y la discriminación contra niñas, niños y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que generalmente se les expulsa de sus hogares, colegios, familias y comunidades y, como resultado, enfrentan situaciones de pobreza, que muchas veces les orilla a trabajar en economías informales altamente criminalizadas.

De acuerdo con el informe de la Embajada de Estados Unidos, solo el 31.4% de las personas encuestadas vivían con su familia de origen, siendo las mujeres trans quienes más viven solas (10.1%) o con compañeros/as de casa (4.6%).

Este abandono familiar también repercute durante el internamiento. Gabriela Chumacero sostuvo que si las condiciones en los Ceresos son difíciles, para las mujeres trans lo son más si no tienen el apoyo familiar que les lleve comida o les apoye a cubrir sus necesidades.

— El familiar a veces te va a ver, a veces no, si es que tienes, si no tienes te haces de tu familia dentro del Cereso. Es como nosotras nos hacemos de una familia convivencial, porque a veces nuestras familias no nos aceptan tal y como somos.

En la Enpol 2021 solo dos de las cinco mujeres trans encuestadas habían recibido visitas de algún familiar durante el periodo de internamiento.

Para Adriana Ortega, de la organización Intersecta, las mujeres trans tienen muchas capas de vulnerabilidad que se van sumando. En su trabajo con mujeres trans se ha percatado que muchas, antes de su privación de la libertad, tuvieron experiencias de abandono familiar, por ello tuvieron que vivir en situación de calle y en condiciones muy precarias.

— Todas estas experiencias del contexto de abandono familiar, [donde] se quedan sin redes de apoyo desde muy chiquitas, eso te hace estar en contextos en donde es más probable que te criminalicen—, comentó Adriana.

Daniela Vázquez, por su parte, sostuvo que en algunas de las entrevistas que hicieron a personas trans detectaron antecedentes de vulnerabilidad social, como abandono de sus hogares en la adolescencia debido al rechazo.

— Estas situaciones les han orillado a la delincuencia o a caer en situaciones donde se les han fabricado delitos […] De las historias que nosotras recabamos más o menos esa es la constante: mucho rechazo familiar— dijo la experta.

De allí es que muchos de los retos, una vez que las mujeres trans obtienen su libertad, es la reinserción. El estudio “Mujeres Trans privadas de la libertad. La invisibilidad tras los muros” lo subraya: “los Estados no han desarrollado políticas públicas efectivas de reinserción post penitenciarias ni programas específicos para la comunidad trans”.

Es por ello que en el documento se plantean algunas recomendaciones, como legislar a favor del reconocimiento de la identidad de género autopercibida, promover políticas de amnistía, conmutación o reducción de la pena teniendo en cuenta las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres trans.

Asimismo, promover el acceso a medidas alternativas a la privación de la libertad, armonizar reglamentos de los centros penitenciarios con el sistema de protección de los derechos humanos, permitir que las personas trans tomen la decisión respecto al espacio de alojamiento, respetar su identidad y expresión de género, garantizar la continuidad de los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación cuando sea elegida por la persona.

Juan Corona expresó que, en Puebla, es importante que diferentes instancias, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Igual Sustantiva, la Comisión Estatal de Derecho Humanos y las autoridades encargadas de la procuración de justicia, trabajen en consolidar políticas públicas que eviten la discriminación de las personas trans. También trabajar en acciones de prevención para no criminizarles y la elaboración de informes específicos sobre personas de la diversidad sexual en condiciones de privación de la libertad.

*Precisión metodológica: En el diseño muestral de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, se da a conocer que del total de población carcelaria en el estado de Puebla, 7 mil 777 personas, se entrevistaron de forma totalmente aleatoria a mil 984 personas, de ellas mil 347 son hombres y 637 mujeres. Esto significa que un 25% de la población carcelaria en Puebla contestó la encuesta y que de estas personas cinco se autodescribieron como mujeres trans, lo cual no niega la posibilidad de que existan más mujeres trans privadas de la libertad.

*Foto: Irene Soria Guzmán | Flickr