Lado B
Detenciones migrantes en Puebla y Tlaxcala son "una cacería"
Las personas en situación de movilidad forzada que transitan por Puebla y Tlaxcala están expuestas a detenciones con uso excesivo de la fuerza y a estar retenidas en estancias migratorias en condiciones precarias, de acuerdo con la academia y activistas
Por Ray Ricardez @RayRicardez
17 de enero, 2022
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Al lugar seguían llegando familias agotadas y desgastadas por la ruta. Se decían, las unas a las otras —casi siempre en francés—, que estaban esperando su carnet migratorio para transitar de manera regular, mientras descansaban en un espacio improvisado por el gobierno para, en teoría, darles acogida.

Dentro de las instalaciones no había sana distancia, ni cubrebocas. Las niñas y niños enfermos con síntomas de gripa y sin diagnóstico, hacían filas enormes para que un agente migratorio les atendiera.

Esta es la realidad que vivieron personas inmigrantes, predominantemente originarias de Haití, en el Polideportivo de Xonaca, en diciembre del 2021, misma que LADO B pudo constatar al ingresar por unos momentos al lugar.

La misma situación se reproduce en la región de Puebla y Tlaxcala, tal como documentó y presentó recientemente la Universidad Iberoamericana Puebla en su informe “Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021”. En él se expone cómo las detenciones de personas en situación de movilidad forzada y las estaciones migratorias de la región siguen una política de criminalización y tratos inhumanos. 

Ver las estancias migratorias “es ver una imagen de guerra”, cuenta a LADO B Guillermo Yrizar, responsable de Asuntos migratorios y derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero Puebla, quien además es coautor de este documento. 

Muchos de los lugares donde se retiene a migrantes en el país, narra Yrizar, son espacios llenos de personas que solicitan refugio o asilo, que esperan entre baños portátiles, con poco acceso a agua, sin protocolos para prevenir contagios, sin comida suficiente y con muy poca seguridad; es decir, en condiciones deplorables.

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Sergio Luna, director del albergue La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, Tlaxcala, explica que estos tratos son resultado de una política de control y contención migratoria que raya en el abuso de autoridad y en la violación sistemática de los derechos de las personas migrantes. “Son personas [a las] que, por su condición migratoria irregular, no se les respeta la gran mayoría de los derechos”, sentencia. 

Un llamado al respeto de las vidas migrantes

Foto: Lorena Castillo (Sagrada Familia)

La investigación realizada por el Idhie recogió los testimonios de 45 personas en situación de movilidad forzada en Puebla y Tlaxcala, en seis visitas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) entre el 11 de agosto y 15 de septiembre del 2021. Cada una de estas personas declaró ser detenida sin orientación jurídica y sin recibir un trato digno a sus derechos humanos, pasando por condiciones de retención alarmantes.

Y es que, durante el último año, las detenciones migrantes en la región han ido al alza. De acuerdo con el informe, entre enero y agosto del 2021 en Puebla y Tlaxcala, se registró un promedio de mil 300 detenciones por mes. 

En este periodo, de acuerdo con las cifras del INM reportadas por el Idhie, 3 mil 500 detenciones se dieron en Puebla y 6 mil 900 en Tlaxcala.

A nivel nacional, se registró un total de 148 mil 900 detenciones que la autoridad describe como «extranjeros presentados ante la autoridad migratoria” en todo el país. Entre las nacionalidades de las personas retenidas se muestra que nueve de cada diez son de alguno de los países que conforman el Triángulo del Norte Centroamericano: Guatemala, El Salvador u Honduras. 

Sergio Luna asegura que el gobierno mexicano no escucha este y otros tantos informes, lo que complica aún más la situación inhumana que viven las personas migrantes de la región y el país. 

Detenciones arbitrarias

En el albergue La Sagrada Familia, las personas en situación de movilidad forzada que llegan han contado acerca de los diversos operativos de detención migratoria en la región, en donde las autoridades, más que ayudarles, les persiguen. 

“Es una cacería de personas a partir de criterios de criminalización porque, ciertamente, se les trata como criminales”, apunta Sergio Luna. 

El INM realiza inspecciones o revisiones con la finalidad última de privar de la libertad a las personas migrantes, cuenta el director del albergue. Y ahora, señalan tanto Luna como Yrizar, estas prácticas ya no las hacen únicamente agentes de migración, sino que vienen acompañados de elementos de policías municipales, policías estatales, de la Guardia Nacional, Marina o Ejército. 

Estas detenciones entre diferentes instancias de seguridad, de acuerdo con Guillemo Yrizar, van en contra de lo estipulado por la Ley de Migración, dado que las policías no están facultadas para realizar estos operativos.. 

Durante estas detenciones, que tienden a hacerse con violencia, las y los migrantes son extorsionados, sobre todo, por policías municipales, y en gran medida son entregados a los agentes del INM, según Luna. “Hay una violación sistemática a los derechos en todos los sentidos”, señala. 

Son muchas las historias de abusos migrantes en la zona, de acuerdo con Yrizar. Recuerda el caso de mujeres hondureñas que fueron separadas de sus acompañantes varones a la fuerza cuando la Policía Estatal de Puebla les detuvo con la excusa de no traer un cubrebocas puesto.

Así como lo que les sucedió a ellas, muchas personas inmigrantes pasan por situaciones donde los elementos estatales las detienen o separan de sus familias, las llevan a comisarías, las amedrentan y después las llevan a las instalaciones del INM. 

“Este es un síntoma de prácticas de un Estado totalitario», dice Yrizar. “Son funciones que no le corresponden a la Policía Estatal”. 

En otro operativo de la Policía Estatal, como documenta el informe del Idhie, elementos utilizaron una camioneta para perseguir y molestar a migrantes; uno terminó con lesiones de gravedad en una mano por intentar saltar un alambre de púas por miedo a que lo detuvieran. 

A estos eventos se suman amenazas que utilizan las autoridades para detener a las y los migrantes. Yrizar señala que la Guardia Nacional ha utilizado la frase: “deténganse o disparamos”, en contra de familias. A un hombre de nacionalidad nicaragüense, por ejemplo, la Guardia Nacional o la Marina (no puede recordarlo, dado que lo tenían inmovilizado en el suelo) lo encañonaron, hicieron que se hincara, se tirara al suelo y que no volteara a ver. Al final le patearon la cara. 

Luna asegura que son las mismas autoridades quienes agreden y cometen delitos en contra de la población refugiada, cuando, en teoría, son quienes deberían garantizar y, sobre todo, respetar la dignidad de estas personas. 

“Nos preocupa que no tengan protocolos adecuados a la hora de hacer los operativos”, sentencia Yrizar. Y que, además, utilicen lenguaje engañoso para disfrazar las detenciones con supuestos “aseguramientos”; Yrizar y Luna advierten que hay que poner atención en esto. 

LADO B, por su parte, ha investigado cómo el INM utiliza eufemismos para llevar a cabo procedimientos en contra de las personas refugiadas

Estancias precarias e improvisadas

Mientras los operativos para captar migrantes pueden durar algunos minutos, sus detenciones en estaciones migratorias pueden durar días, semanas e incluso meses. De acuerdo con Luna, repetidamente llegan quejas y denuncias a las comisiones estatales de derechos humanos por malos tratos en las instalaciones de detención migratoria de los gobiernos.

Por ejemplo: agentes de migración que les avientan la comida, les escupen, les dan alimentos echados a perder; o las condiciones insalubres en las que duermen: “Las sábanas no se las cambian, siempre están sucias, se las van rolando, se las van intercambiando (…) Las condiciones son terribles”, dice Yrizar. “Da vergüenza como mexicano verlo”. 

Además, en estos centros de detención las personas están incomunicadas, lo que prácticamente las coloca en una condición de desaparecidas, apunta Yrizar. No les dicen ni les aclaran sus derechos; muchas veces hasta les dicen que no tienen derechos. 

Además, no existe una preocupación por darles una orientación legal mínima, detalla Guillermo Yrizar. Él cuenta que muchas veces les dan papeles para firmar a la fuerza, condicionando probablemente su estancia en el país. A su vez, las y los engañan diciéndoles que podrán llamar a sus familiares para comunicarles que están bien, cuando no es así.

Pero toda esta problemática se agrava aún más porque, en muchas ocasiones, el INM improvisa espacios de retención de migrantes en sus instalaciones y oficinas, pues no puede retenerlas en sus estaciones. Entonces, terminan en una cárcel, prácticamente, señala Yrizar. 

Tal es el caso de las delegaciones estatales del INM, donde a veces utilizan sus estacionamientos para tener aisladas a las y los migrantes. De igual forma, Yrizar asegura que dada esta desorganización, se utilizan hasta celdas y lugares más precarios. 

Uno de los casos más indignantes que se reportan en el informe del Idhie es el de una niña de 12 años de edad, de origen centroamericano, que permaneció dos meses y seis días recluida en uno de los estacionamientos de la estación migratoria del INM en Puebla. Allí no tenía a ningún familiar adulto cercano que la apoyará y convivía con personas desconocidas. 

En estos lugares les dan comida en mal estado e incluso tienen un solo baño para decenas de personas, apunta el académico. “Tienen una idea improvisada y mal hecha de tener a las personas en condiciones precarias”, advierte Yrizar. “Una idea muy simplista y reduccionista para las personas que están detenidas”.

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Por su parte, para el director del albergue migrante, todo esto tiene que ver con una falta de voluntad política de las instancias de gobierno para dar una atención más humana a este sector vulnerado. “Pareciera que estamos frente a una política de simulación”, dice. 

Y en un contexto de pandemia esta situación se agrava, explica Yrizar. En las estaciones migratorias se ha visto que no hay sana distancia, no hay jabones ni suficiente gel antibacterial y no les dan cubrebocas. 

Esta situación fue la que se vivió en el Polideportivo de Xonaca, tal y como esta casa editorial observó el diciembre pasado; sin embargo, ingresar a este tipo de lugares es complicado. Cuando académicos, activistas o periodistas pretenden documentar las condiciones de estos lugares, en la mayoría de casos no se les permite ingresar, y si lo hacen, tienen prohibido el uso de cámaras o grabadoras. 

“¿Por qué no dejan entrar con grabadoras y cámaras? Más allá de una cuestión de seguridad nacional, yo creo que tiene que ver con que no quieren que veamos las condiciones que hay ahí”, sentencia Yrizar. “Nos quieren ocultar el trato que se les da a estas personas”. 

Los albergues y las estaciones migratorias no son lo mismo

Foto: Lorena Castillo (Sagrada Familia)

Mientras de unos se hacen cargo la sociedad civil para intentar brindar atención y cuidado a las y los migrantes, en las otras el gobierno las utiliza para detenerles.

De acuerdo con Sergio Luna, en los albergues las personas mantienen su libertad de movimiento, mientras que en las estaciones de detención “están prácticamente privadas de la libertad”; aunque las autoridades utilizan eufemismos para decir que están “asegurados o alojados”, la realidad es que están detenidos.

 La mayoría de los albergues son de sociedad civil y buscan, de acuerdo con Luna “ofrecer un trato más humano y más digno” en relación con los centros de detención. “Cuando llegan a la estación migratoria materialmente los tratan como delincuentes”, advierte; mientras que en el albergue, explica, acceden a servicios de salud, psicológicos, informativos y más.

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Luna advierte a la población migrante que el gobierno federal está copiando los conceptos de la sociedad civil para desviar la atención y generar confusión. Ahora es más común ver centros de detención del Estado que llevan el nombre de “albergues” cuando, en realidad, son lo más parecido a una cárcel. 

Una región de tránsito y de posible asilo

Mientras las condiciones en otros lugares apunten a una inestabilidad política y social, desigualdades socioeconómicas y demás problemáticas, más personas van a tratar de llegar a Estados Unidos y, si no pueden hacerlo, van a buscar quedarse en México, señala Yrizar. 

Ante la dificultad de tener una visa o realizar un trámite migratorio, el estado de Puebla se está convirtiendo cada vez más en una zona de destino y no de tránsito, señala el académico. Así, es probable que se empiecen a ver casos de personas haitianas poblanas o de la Ciudad de México que decidieron asentarse aquí, agrega. 

Según datos registrados en el albergue La Sagrada Familia, ha habido un crecimiento en el flujo migratorio en la región a lo largo de los últimos cinco años. Luna detalla que, mientras en 2019 recibieron un promedio de 6 mil 500 personas, en 2021 fueron 11 mil 625 personas. Esto puede percibirse en el uso del tren que cruza Puebla y Tlaxcala, además de las rutas tomadas en autobuses y otros medios.

“[El flujo migratorio] es una realidad (…) [El] país tiene que reconocer esa diversidad, y en lugar de apostar por la contención y la criminalización, ¿por qué no apostamos por la hospitalidad, por la congruencia y por crear condiciones favorables para esta diversidad?”, concluye el coautor del informe.

*Foto de portada: Lorena Castillo (Sagrada Familia)

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Autor Lado B
Ray Ricardez
Licenciado en Relaciones Internacionales por la UDLAP con Maestría en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador, periodista en proceso y músico de corazón. Coordinador de la revista digital Libertad de Réplica. Interesado en la movilización, el periodismo y el cambio social. Soñando con hacer un mundo mejor ayudado por las palabras.
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