La crisis migratoria en la que está inmersa el país ha dejado a miles de niñas, niños y adolescentes, acompañados o no, en una situación de extrema vulnerabilidad. Las infancias que huyen de sus países de origen y que transitan por todas las rutas (incluida la del corredor del oriente, donde se encuentra Puebla) tienen que enfrentarse a un camino lleno de violencias.

A pesar de que existen leyes nacionales y tratados internacionales que apelan a la defensa de los derechos de estas y estos menores, el Estado mexicano se ha visto rebasado por la falta de presupuesto para las instancias encargadas de darles asilo, la incapacidad de sus instituciones para protegerles, los grupos criminales, la presión de los Estados Unidos y el aumento de los flujos migratorios, de acuerdo con expertas y expertos.

Para ellas y ellos, experimentar violencia se vuelve una constante, pues “muchos de los adolescentes, niñas y niños que están atravesando nuestro país están huyendo de sus comunidades por amenazas de muerte o porque la vida realmente está en juego”, dice Mónica Bucio, directora de desarrollo institucional de Fundación Juconi, organización enfocada en la prevención y atención de violencia contra menores. 

Así, la presencia de las infancias en rutas migratorias ha aumentado, ya que durante los éxodos derivados de la violencia y la crisis económica, muchas familias han decidido viajar en grandes grupos (también conocidos como “caravanas”), de acuerdo con Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). 

Por todos estos factores, el término correcto para describir esta situación es “desplazamiento forzado” y no “migración”, de acuerdo con el director de la Redim.

En México, las y los menores desplazados se cuentan en miles. Con base en datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2020 hubo 31 mil 717 niñas, niños y adolescentes refugiados en el país. Y a pesar de que se parte de que viajan con compañía, más de 10 mil de estos viajaban sin acompañamiento de algún familiar o persona adulta que se encargara de protegerles.

También se sabe que, de enero a octubre del 2020, hubo 9 mil 872 detenciones para asilo temporal y posible deportación por parte de las autoridades mexicanas, arrojando un promedio de 32 casos diarios, según el Balance REDIM.

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Más de 6 mil menores fueron retornados a su país de origen; de ellas y ellos, 55.9 por ciento estaban acompañados y 44.1 por ciento no. De este grupo, 60.3 por ciento tenían entre 12 y 17 años, 66.6 por ciento eran hombres y el 33.4 por ciento mujeres. En total, el 97.7 por ciento provenía de Centroamérica.

Puebla y la región: zona de tránsito

El estado de Puebla y la región centro, asegura Juan Martín Pérez, son parte de una ruta migratoria en la que la Redim ha detectado un control constante de grupos criminales que violentan a menores en situación de desplazamiento forzado. Diohema Anlleu, directora de Incidencia en Fundación Juconi México, asegura que la ruta del oriente ahora es más transitada que el occidente. 

La zona del Triángulo Rojo de Puebla (ubicada al oriente del estado), por ejemplo, ha sido de alto riesgo para todas las personas desplazadas, incluyendo menores, debido a sus altos índices delictivos, de acuerdo con Sergio Luna, director del Albergue La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, Tlaxcala, a la orilla de la vía del tren por donde pasa “La Bestia”. 

En el albergue reciben a quienes decidieron tomar la ruta oriente para llegar a los Estados Unidos. En cuanto a infancias, Luna informa que los primeros meses del 2021 han observado incrementos en la presencia de familias y menores de edad en el albergue. Tan solo en el primer trimestre del 2021, arribaron más de 320 menores; esto representó un aumento del ocho por ciento con respecto al año pasado. 

Pero, a pesar de que se tienen estas cifras, la situación real no se puede dimensionar del todo, pues los registros de menores en situación de desplazamiento forzado en Puebla no están disponibles o son de difícil acceso. De acuerdo con Pérez, muchas entidades suelen ser morosas en la entrega de datos de este tipo a la federación u otras instancias.

Una ruta llena de violencias 

Ilustración: Gogo

“La serie de violaciones de derechos es total”, asegura Bucio. Ella advierte que ninguna entidad ha garantizado que no haya niñas, niños y adolescentes desplazados que sufran violencias marcadas y vulneraciones de derechos que propician más afectaciones. 

La directora de desarrollo institucional de Fundación Juconi, asegura que estas y estos menores están en constante riesgo de tomar decisiones que les hagan caer en manos de redes de trata, tráfico de personas o del crimen organizado.

Son menores cuyos derechos están siendo vulnerados desde su país de origen, en donde no les pudieron garantizar la protección de su vida, dice Bucio. Están en situaciones de intemperie y de exposición, teniendo una mala alimentación, exponiéndose a riesgos físicos y afectaciones emocionales, asegura. 

Incluso la directora de Juconi asegura que hay casos de menores secuestrados por bandas del crimen organizado y cuyos familiares han sido extorsionados para poder continuar con su tránsito.

“A [las y] los menores les afectan las circunstancias que viven día a día porque el tránsito es muy rudo, es muy violento, entonces [van] a captar y a percibir todas estas situaciones adversas”, dice Sergio Luna. Él cuenta que desde el albergue han registrado casos de adolescentes que han sufrido intentos de abuso sexual y de familias a quienes han intentado arrebatarles a sus menores.

Asimismo, para Luna, este viaje, cuando se hace en familia, abarca una serie de malestares emocionales que desencadenan irritabilidad, pérdida del sueño y enfermedades que, muchas veces, madres y padres de familia no saben cómo atender. Y advierte que esto propicia, además, el crecimiento de la violencia intrafamiliar durante el tránsito.

Otro tipo de violencia que se puede experimentar, cuenta Bucio, es la discriminación predominantemente hacia jóvenes varones por parte de autoridades y sociedad en general; ella explica que reciben tratos hostiles y rechazo, lo que hace que tomen rutas poco transitadas y, por ende, más peligrosas. 

Por otro lado, el riesgo de separación de familias con sus menores de edad está siempre latente, sobre todo al momento en el que buscan subir al tren, ya que es frecuente que madres o padres suban al vagón y la o el menor se quede a la orilla de las vías o viceversa, cuenta Luna.

De ahí que los albergues u organizaciones como Fundación Juconi busquen constantemente propiciar el reencuentro de menores con sus familias, si está en sus posibilidades. 

Las violencias además varían de acuerdo al género. Bucio explica que los riesgos que corren niñas y niños son distintos: para las mujeres, el riesgo a ser víctimas de explotación sexual es más latente, mientras que para los varones es el reclutamiento forzado del crimen organizado. 

Para Bucio, la edad también es un factor a considerar, ya que, mientras más pequeñas o pequeños los menores, corren más riesgos, y el trauma de las vulneraciones a sus derechos puede ser peor. 

En el caso del acompañamiento, Bucio y Luna coinciden en que la situación se complejiza más cuando las y los menores no van acompañados, ya que se vuelven más vulnerables.

Instituciones rebasadas y violentas 

A pesar de que recientemente se publicaron las reformas a algunos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en donde se obliga al Estado mexicano a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia desplazada, refugiada y solicitante de asilo, existen muchos problemas a nivel institucional.

Sergio Luna comenta que las autoridades desconocen cómo proteger o cómo garantizar los derechos de esta población, de ahí también que se cometan muchas prácticas que pueden atentar contra la seguridad de las y los menores. 

Desde el Albergue de la Sagrada Familia han documentado casos en donde los operativos de los agentes de migración y la policía no cuentan con criterios diferenciados; es decir, no toman en cuenta la violencia y el impacto que esta tiene en niñas y niños. “Cuando hacen redadas, no hay protocolos específicos para cuidar la seguridad o dar protección a menores; es muy riesgoso estar haciendo operativos para detener a 100 o 150 personas y en medio de ellos niños [niñas y adolescentes]”, dice el director del albergue. 

Asimismo, cuenta Luna que han documentado casos en donde las autoridades detienen al padre o madre y dejan al menor libre; en estos procesos de detención también han documentado casos de abuso de la fuerza en contra de niñas y niños, como jalones de cabello, golpes y agresiones verbales por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración. Estas prácticas, advierte, son recurrentes y no aisladas a un estado o entidad.

A pesar de que en Puebla el sistema DIF Estatal tiene la Casa del Migrante Adolescente de Puebla (que recibe a algunos niños, niñas y adolescentes en desplazamiento) y que el Dormitorio Municipal DIF de la capital recibió a 31 menores durante los meses de febrero, marzo y abril de este año, las dimensiones del tránsito son mayores. 

Luna comenta que, por lo general, estos albergues no tienen capacidad para atender la demanda de asilo: “Hoy tenemos encima al sistema DIF Nacional todo el día preguntándonos cuántos espacios tenemos para albergar a menores porque no hay capacidad”, dice Luna. 

Cuenta, además, que han registrado casos de niñas y niños que se escapan de estos espacios, pues la o el menor no quiere estar en un albergue temporal del DIF porque es muy probable que sean deportados.

Desde la Redim señalan al Estado mexicano para que cumpla con la ley, ofreciendo protección para todas y todos los menores en situación de desplazamiento forzado, pues lamentan que la falta de presupuesto haya provocado que las instancias estén desbordadas, sin personal y sin recursos, dejando a estas y estos menores a la intemperie, sin opción de asilo. 

Por su parte, Juan Martín Pérez comenta que, además, se deben centrar los esfuerzos institucionales en escuchar a las y los menores, y no aplicar unilateralmente mecanismos que no propician que se sientan protegidas y protegidos.

En este sentido, para Bucio, el desafío es aplicar verdaderamente las leyes y tratados internacionales de los que México es parte, en beneficio de estas infancias. Pues aunque considera que se ha avanzado en la legislación, ahora el reto es fortalecer a los organismos de protección a la infancia, tanto a los sistemas integrales de protección de niños, niñas y adolescentes en todos los estados, como a las procuradurías de protección de estos grupos de edad.

*Ilustración de portada: Gogo