Dr. Guillermo Yrizar Barbosa

A la memoria del P. Gustavo Rodríguez Zárate

Contrario a lo que sostiene el presidente López Obrador, en México seguimos violando los derechos humanos de cientos, y seguramente miles, de personas vulnerables en movilidad internacional forzada. En Puebla y Tlaxcala, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración (INM), en complicidad con la Guardia Nacional, Ejército y otras agrupaciones militares o policiales (incluyendo estatales y municipales), detienen y torturan a migrantes en tránsito de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Haití, e incluso de India, Nepal, Pakistán y Ghana. Prácticas alejadas de una “política migratoria de inclusión y derechos humanos”, como sostuvo recientemente el gobernador Miguel Barbosa.

Esto lo sostenemos con evidencias, ya que desde hace una década en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, llevamos a cabo el monitoreo de dos estaciones migratorias de la región. En los primeros tres meses de 2020, antes de suspender forzosamente nuestras visitas a ambas entidades debido a la pandemia, observamos y documentamos alrededor de 20 casos de personas extranjeras que estaban desesperadas por comunicarse con sus familiares, que necesitaban urgentemente recibir información u orientación legal mínima y dejar de ser tratadas como supuestos criminales.

Durante el mes de agosto de 2021, con apoyo de fondos de investigación de la Universidad Iberoamericana Puebla y la convocatoria ConTex, hemos reactivado este monitoreo. Lamentablemente, observamos que en nuestro país las características de las detenciones migratorias se han agravado considerablemente este año y son sumamente preocupantes porque mantienen a los migrantes en condiciones indignas e inhumanas.

Las estaciones migratorias del INM en Puebla y Tlaxcala, y posiblemente también en el Polideportivo Xonaca —al que todavía no tenemos acceso pero en el que se han documentado prácticas corruptas y extorsiones flagrantes a familias migrantes para poder salir—, son “focos rojos” por ser lugares con alto riesgo de contagio de COVID-19. No hay sana distancia entre personas detenidas, no hay un uso adecuado de cubrebocas (que son de muy mala calidad o no se usan bien), hace falta gel antibacterial y el actual kit de limpieza que se otorga individualmente es insuficiente (no incluye jabón de pastilla, es un sobre muy pequeño y de muy baja calidad). Las personas duermen amontonadas en colchonetas y no se cambian ni limpian las sábanas o cobijas (durante semanas e incluso por más de un mes).

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Ambos centros de detención o de privación de la libertad de migrantes, generalmente en tránsito hacia Estados Unidos, también son espacios de desaparición social y separación familiar. Lo primero se debe a que el Estado mexicano logra invisibilizar a un grupo específico ante la sociedad e incluso, al mantenerles sin comunicación al exterior, les niegan o restringen las llamadas telefónicas a sus comunidades de origen o destino.

Además, se trata de desaparición social porque cuando en nuestras visitas les vemos y escuchamos, como lo comentaba con la Doctora Elena Ayala, nos da la sensación de que hablamos con seres humanos que todavía no han desaparecido por completo; hablamos con personas que siguen con vida y en un lugar que les resulta desconocido, al tiempo que nos transmiten la angustian que viven y que también experimentan sus familias cuando por semanas o meses no saben nada de ellas y ellos.

En cuanto a la separación familiar, sabemos por varios testimonios de madres y padres viajando con niños, niñas y adolescentes procedentes de Centroamérica, entrevistados tanto dentro del INM como en albergues religiosos (como en el de la Parroquia de La Asunción), que policías en Puebla y agentes migratorios del INM separan arbitrariamente a varones adultos de sus parejas (muchas de ellas embarazadas) y de sus hijos/as o sobrinos/as con menos de 18 años de edad.

Durante la pandemia, en el Polideportivo Xonaca, una niña hondureña de 11 años de edad lleva al menos 40 días sola, sin familiares y sin comunicarse. Ella viajaba acompañada de con un hombre joven de unos 35 años que asegura ser su padre y está detenido en las instalaciones del INM de la calle Reforma.

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Antes de la pandemia, otro varón de edad similar, originario de Pakistán, rompió en llanto al explicarnos (en inglés, pues no hablaba ni entendía el español) que llevaba semanas sin que le permitieran hacer una llamada telefónica a sus familiares.

¿Hasta cuándo nuestras autoridades seguirán negando la desaparición social e ignorando el drama de la separación familiar de migrantes en tránsito por México? ¿Hasta cuándo se seguirá ocultando a la sociedad mexicana el maltrato, la tortura y los abusos que nuestro sistema y sus políticas punitivas mantienen en contra de personas que se desplazan buscando mejores oportunidades de vida, asilo o refugio, ante desastres y conflictos en sus países? ¿Hasta cuándo actuaremos de manera congruente como país de emigrantes?

¿Hasta cuándo se mantendrá el discurso gubernamental hueco, engañoso y falso bajo el que se violan sistemáticamente los derechos humanos de personas migrantes en México? ¿Hasta cuándo nos enteraremos del próximo San Fernando o Camargo? ¿Cuántos casos más como el de Anastacio Hernández o el de Victoria Salazar seguiremos ignorando al escuchar o aceptar discursos seudohumanitarios y políticas que criminalizan la migración, apostando por la detención, la desaparición social y la separación de familias?

Agradezco al Maestro Simón Hernández León su comentario y sugerencia al texto desde la perspectiva jurídica al referir “que tanto la detención generalizada, sin observar su carácter excepcional y sin valorar caso a caso su necesidad, proporcionalidad y duración, así como la detención de niñas, niños y adolescentes y la separación familiar, son prácticas contrarias al derecho nacional e internacional y a precedentes del Poder Judicial de la Federación que el INM realiza como práctica institucional”.

*Foto de portada: Marlene Martínez