El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) se ha convertido en una referencia importante para conocer avances y retrocesos en materia democrática a nivel subnacional. No es la única medición que lo hace. El Índice de Estado de Derecho en México, elaborado por World Justice Project, es otro acercamiento relevante a lo que ocurre en el plano local, ese que en buena medida ha impedido la construcción de democracias de calidad.

Su edición más reciente da cuenta de que el estado de Puebla registró un ligero repunte a comparación de 2019, pero sigue en el bloque de entidades de bajo desarrollo democrático en el país, lo que significa que aún hay una lista importante de retos y pendientes en la agenda democrática.

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El IDD-Mex entiende por desarrollo democrático “el proceso por el cual el sistema político con todos sus actores institucionales y sociales construye soluciones que le permiten acercarse más a los fines de la democracia, comprendida esta desde un mirador maximalista.

El IDD-Mex 2020 coloca en las primeras posiciones de su ranking a los estados de Yucatán (10 mil puntos), Baja California Sur (9 mil 251), Aguascalientes (8 mil 845), Querétaro (8 mil 656) e Hidalgo (8 mil 303), mientras que ubica en los últimos lugares a los estados de Guerrero (0), Morelos (730), Veracruz ( mil 100), Michoacán ( mil 837) y Oaxaca (2 mil 211). Puebla, con 3 mil 648 puntos aparece en la posición 25, dos lugares arriba de la tabla en contraste con el IDD-Mex 2019.

Es cierto que la entidad ha tenido peores resultados en este estudio. En 2017 obtuvo mil 500 puntos y desde entonces ha mejorado su calificación con una tendencia de ascenso. La puntuación más elevada que ha conseguido Puebla fue en 2012 con 4 mil 916 puntos, integrándose a los estados con desarrollo democrático medio. En cualquier caso, desde 2010 que se realiza esta evaluación, nunca se ha alcanzado más de la mitad de puntos posibles, lo cual advierte que el abanico de problemas con impacto en el desarrollo democrático es amplio.

El IDD-Mex, elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, la consultora PoliLat, el Instituto Nacional Electoral, el Centro de Estudios Político y Sociales, y la confederación USEM, está compuesto de cuatro dimensiones que, a su vez, agrupan diferentes indicadores: democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social y democracia económica. Como se podrá notar, el abordaje de la democracia es multidimensional, no limitándose a su vertiente procedimental.

En la primera dimensión, con altas y bajas, Puebla se ha mantenido de 2010 a 2020 alrededor de los 5 mil puntos, colocándose en la última edición en la posición 16. En la segunda dimensión puede notarse un declive en el mismo periodo, con un tímido repunte en el último año que tiene a Puebla en el lugar 27 –apenas el año pasado ocupó el sitio 32–. En la tercera dimensión destaca la ubicación del estado como una de las 13 entidades en las que la valoración es incluso en términos negativos, siendo así permanentemente en la última década y apareciendo en la más reciente edición en el lugar 29. En la cuarta dimensión puede percibirse que Puebla abandonó el grupo de estados con valoración negativa desde 2018, aunque cayendo casi a los cero puntos en el último estudio, lo que le colocó en la posición 17.

Con puestos que oscilan entre el mínimo desarrollo y el desarrollo medio, el resultado global indica que Puebla continúa formando parte del bloque de entidades con bajo desarrollo democrático, junto con Baja California, Chihuahua y el Estado de México.

Si se analiza a mayor detalle, los indicadores que bajan la calificación del estado son: género en el gobierno, derechos políticos y libertades civiles, en el caso de la democracia de los ciudadanos; desestabilización –compuesto por dos variables: existencia de mayorías o minorías sin representación política y existencia o no de víctimas de violencia política–, participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, intervención del gobierno federal, anormalidad democrática –crisis institucionales–, percepción de la corrupción y accountability social –conformado por condiciones para el ejercicio de una prensa libre y acceso a la información pública–, en el caso de la democracia de las instituciones.

Por otra parte: pobreza –hogares bajo línea de pobreza– y desempeño en salud –mortalidad infantil y gasto en salud–, en el caso de la democracia social; y autonomía financiera –porcentaje de recursos propios que generan las entidades–, PIB per cápita e inversión, en el caso de la democracia económica. Si bien los retos y pendientes democráticos que enfrenta el estado de Puebla existen en las cuatro dimensiones abordadas en el IDD-Mex 2020, son de resaltar aquellos que corresponden a las dimensiones de la democracia de las instituciones y la democracia social, nada más y nada menos que aquellos que giran en torno al desempeño institucional y a los resultados esperados de nuestro arreglo democrático. Las áreas de oportunidad identificadas en el IDD-Mex 2020 puedan ayudar en la navegación.

*Foto de portada: Palacio Municipal de Puebla / Foto: Gustavo Velarde | Wikimedia Commons