Con motivo de los datos recientes del estudio Latinobarómetro realizado en 2020, la semana pasada apuntábamos en estas páginas que aun con cifras que no son halagüeñas, la mirada crítica sobre la democracia en la región refracta una demanda de más democracia. Así, estaríamos más bien delante de un problema de legitimidad funcional, por expectativas y exigencias insatisfechas, que dé legitimidad sistémica, por cuanto hace al ethosdemocrático.

Como el propio informe lo resalta, incluso en plena pandemia se detuvo la caída de indicadores cruciales como el apoyo a la democracia, que venía en declive desde 2010, año en que alcanzó 63 por ciento, llegando en 2018 a 48 por ciento. Hoy, 49 por ciento de la población latinoamericana apoya la democracia, a 27 por ciento le da igual un gobierno democrático que uno que no lo sea y 13 por ciento prefiere un gobierno autoritario.

En México, no obstante, pese a que mejoró igualmente el apoyo a la democracia y la satisfacción con ella, Latinobarómetro registra inclinaciones que, también decíamos, conviene no minimizar.

Si bien la tendencia pro autoritarismo en la región presenta un sutil descenso desde el año 2000 que llegó a 18 por ciento, en México se duplicó de 11 a 22 por ciento de 2018 a 2020, colocándose el país sólo por debajo de Paraguay (24 por ciento) en la lista de los 18 países medidos. En 2001, este apoyo antidemocrático llegó incluso a 37 por ciento y de entonces a 2018 comenzó a bajar, remontando en algunos momentos, pero no superando el 20 por ciento en ningún año.

Observando el registro histórico, el aumento es más equivalente al descenso del porcentaje de las y los mexicanos indiferentes con el tipo de régimen que con el incremento entre quienes se manifiestan pro democracia. En 2018, el porcentaje de las y los mexicanos indiferentes a un régimen democrático era de 38 por ciento, bajando a 26 en 2010. Es decir, en dos años, 12 por ciento de las y los mexicanos que no se decantaban por un gobierno democrático ni por uno que no lo fuera, tomaron partido por la afirmación: en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.

Al comparar los perfiles, el dato se vuelve todavía más desafiante. De acuerdo con el estudio, son jóvenes quienes más indiferencia e inclinación al autoritarismo muestran, a diferencia del apoyo a la democracia, que se presenta sobre todo a mayor edad. Y es la población que se ubica en la clase media alta y en la alta la que se pronuncia más por el autoritarismo. “Tanto el autoritarismo como la indiferencia al tipo de régimen aumentan a medida que aumenta la clase social en la que se clasifican”, puede leerse en el informe.

Es cierto que 63 por ciento de las y los latinoamericanos —y 57 de la población en México— defiende la idea de que “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno” —a este indicador se le conoce como democracia churchiliana, en memoria del ex primer ministro—, sin embargo, este registro llegó a rozar el 80 por ciento en 2013. En cambio, aunque mayoritariamente se rechazaría un gobierno militar —62 por ciento en Latinoamérica y 55 por ciento en México—, las cosas cambian si el escenario se mueve: a la mitad de las y los latinoamericanos (51 por ciento) y mexicanos (52 por ciento) no le importaría si un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. En realidad, en 12 de los 18 países examinados este apoyo es mayoritario.

Es la fragilidad de las democracias. “El rechazo a los militares es una posición, y otra diferente es el apoyo a un gobierno no democrático ‘si resuelve problemas’. Son múltiples las formas en que la democracia puede dejar de serlo”, sostiene el reporte al interpretar los indicadores de autoritarismo difuso.

Para redondear las pulsiones autoritarias documentadas, Latinobarómetro recoge en su última edición un indicador adicional para “dimensionar los grados de autoritarismo”. Con base en las entrevistas realizadas, 34 por ciento de la población en la región estaría de acuerdo en que “en caso de dificultades”, el presidente tomara el control de los medios de comunicación. Si bien en países como Costa Rica sólo 16 por ciento de sus habitantes se manifiesta a favor de esta posibilidad, en países como El Salvador sube a 66 por ciento; en México estarían a favor cuatro de cada 10 personas.

Si lo anterior lo analizamos asimilando que ocho de cada 10 personas en México (83 por ciento) creen que no se cumplen las leyes; que siete de cada 10 consideran que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio (88 por ciento en 2018 contra 67 por ciento en 2020) y que las personas no son iguales ante la ley (73 por ciento); que sólo dos de cada 10 opinan que la distribución de la riqueza es justa (15 por ciento en 2018 contra 22 por ciento en 2020); que la mitad estima que la corrupción se incrementó en el último año (74 por ciento en 2018 contra 49 por ciento en 2020); y que instituciones medulares de la democracia como el Poder Judicial, el congreso y los partidos políticos generan más desconfianza que confianza, cobran sentido los impulsos antidemocráticos.

La democracia resiste, pero las amenazas crecen por las deudas de quienes gobiernan con ella.

*Foto de portada: Eneas de Troya | Flickr