Lado B
Régimen de opacidad y más
Por Roberto Alonso @rialonso
30 de noviembre, 2021
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Un leitmotiv que ha acompañado el proyecto gubernamental encabezado por Andrés Manuel López Obrador es la idea del cambio de régimen que la autoproclamada Cuarta Transformación quiere legar. La lucha contra los privilegios y el dispendio en el gobierno es un ejemplo, pero también puede serlo la imposición de proyectos de obra pública a costa de derechos fundamentales, como el derecho a la información, a la consulta y a un medio ambiente sano.

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Es esto último lo que está en juego con el acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, con la rúbrica del mandatario y de todo su gabinete como muestra del respaldo de una decisión polémica y de visible inconstitucionalidad.

Con un débil fundamento legal —el artículo 89 constitucional en su fracción I faculta al Ejecutivo federal promulgar y ejecutar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión asegurando su exacta observancia en la esfera administrativa, no utilizar las leyes a conveniencia y sustraerse de las obligaciones constitucionales—, el acuerdo dispone de un plumazo y de manera ambigua que todos los proyectos y las obras a cargo del gobierno federal considerados “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, se declaran “de interés público y seguridad nacional”.

El acuerdo es ambiguo pues aplica no sólo para aquellos proyectos “asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos”; sino también a “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud” abonen al desarrollo nacional plasmado en el plan rector del gobierno de López Obrador. Es decir, a todos.

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La declaratoria “de interés público y seguridad nacional”, siguiendo el contenido del acuerdo, da la pauta para instruir a las dependencias y entidades de la administración pública federal “a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”. Esto es, blindar obras y proyectos de cualquier proceso de impugnación, discusión legal y revisión institucional.

Pero adicionalmente, la fórmula consentiría un régimen de opacidad al ser las razones de interés público y seguridad nacional fundamento legal para clasificar como reservada la información pública vinculada a determinado asunto, aislándola del escrutinio público y de los mecanismos de redición de cuentas.

El presidente ha dicho que lo que busca el acuerdo es agilizar trámites y encarar los obstáculos que sus adversarios le colocan, no ocultar información. Sin embargo, la declaratoria ampara el tratamiento referido de la información pública, de ahí que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) haya resuelto interponer una controversia constitucional ante la Corte.

Seguramente no será el único recurso de control que se presentará ante el Poder Judicial con miras a que la Corte examine la constitucionalidad y el apego a los derechos humanos del instrumento administrativo, aunque es previsible que, así como ha ocurrido con otros casos, esto suceda una vez que el contenido del acuerdo haya surtido efecto y las obras en cuestión hayan avanzado a tal grado que su revisión pierda relevancia. El acuerdo presidencial de mayo de 2020 con el que López Obrador dispuso de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública sigue sin discutirse en la Corte, más allá de la buena noticia que supuso su traslado de la primera sala al pleno de este tribunal.

Al margen de este escenario, el acuerdo presidencial puede ser visto también como una estampa más del ensanchamiento del poder militar. Si se le ubica en un contexto de profundización de la militarización directa e indirecta de las tareas de gobierno y la administración pública, el acuerdo autoriza a las Fuerzas Armadas para sobreponerse frente a intentos legítimos o no de frenar el avance o la gestión de ciertos proyectos a su cargo, tal es el caso de la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico, o de la administración y control de aduanas, puertos y aeropuertos.

El presidente tiene todo el derecho a enfrentar las trabas que sus adversarios le ponen a sus proyectos. Hacerlo pasando por encima de derechos fundamentales, inaugurando un nuevo régimen de opacidad y configurando un precedente de arbitrariedad —todo lo cual cobija el acuerdo—, no es una buena receta en perspectiva democrática.

*Foto de portada: @lopezobrador_ | Twitter

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Autor Lado B
Roberto Alonso
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.
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