Han pasado un par de meses desde la última entrega, por lo que considero que antes de empezar, y para dar un poco de contexto, es importante retomar unos datos que dio a conocer el pasado miércoles 21 de junio el comisionado del INAI Adrián Alcalá Méndez: hasta ese día, el pleno del organismo tenía 82 días sin operar ante la falta de tres integrantes, por lo que ya son más de seis mil recursos de revisión pendientes de resolver por el organismo.

⚠️Se cumplen 82 días sin quórum para sesionar en el pleno del @inaimexico. Hoy se habrían resuelto, entre otros, dos recursos que me parece pertinente destacar porque están relacionados con la innovación tecnológica y la #InteligenciaArtificial.👇#TodasyTodosSomosINAI#YoSoyINAI pic.twitter.com/9wcAbR64x0

— Adrián Alcalá (@AdrianAlcala75) June 22, 2023

Esta es la “situación ideal” de la que hablaba Adán Augusto López al referirse a la falta de operación del pleno del INAI (de lo cual hablamos en la entrega anterior). Y ese número sólo representa los casos que han sido presentados por la ciudadanía como inconformidad a las respuestas que les dan (o no) a sus solicitudes de información, ¿cuántas más han optado por no recurrir al organismo al saber que, en un futuro próximo, no tendrán respuesta?

He de confesar que entro en esa categoría, y por eso vengo hoy a contarles mi triste historia. El viernes 16 de junio presenté varias solicitudes de información a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para una cuestión de trabajo. Saqué mis cuentas y calculé que la fecha de entrega sería alrededor del 14 de julio, así que sólo quedaba esperar.

Cuál fue mi sorpresa cuando el 22 de junio, cuatro días hábiles después de la presentación de las solicitudes, recibí notificaciones en cada una de estas, en donde se me informaba que se recurría una prórroga “toda vez que el área competente se encuentra realizando la búsqueda de la información solicitada”.

Vayamos por partes.

Primer problema. De acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben responder las solicitudes de información “en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla”. Pero, en caso de que este tiempo no sea suficiente “excepcionalmente” el plazo puede ampliarse 10 días más “siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento”.

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Los mismos criterios se establecen en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en los estados los plazos varían de acuerdo con lo que establecen la leyes locales, como ya vimos hace unos meses).

Es decir, se está pidiendo una prórroga antes de que se cumpla el plazo establecido, lo cual ya de por sí es preocupante, y, en segundo lugar, no se notificó la resolución del Comité de Transparencia, ya que la respuesta sólo indica:

“En atención a su solicitud de acceso a la información pública, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su conocimiento la prórroga otorgada para atender la presente solicitud, toda vez que el área competente se encuentra realizando la búsqueda de la información solicitada”.

Ahora, con este cambio de fechas, la entrega de la información se retrasó hasta el 11 de agosto, porque además de la prórroga hay que considerar los días inhábiles por periodo vacacional. O sea, que, si me va bien, son casi dos meses de espera para tener las respuestas a estas solicitudes de información.

Segundo problema. Mi primer impulso, casi inconsciente fue pensar “voy a meter un recurso de revisión”, ya que el artículo 143 de la Ley General y el 148 de la Ley General, ambos en su fracción IX, establecen que se pueden presentar estos medios de impugnación en contra de “los costos o tiempos de entrega de información”.

Sin embargo, recordé la situación del INAI, y resignada pensé “es más fácil esperar a agosto”. Sé que lo que están haciendo es contrario a la norma, sé que debe meterse un recurso sobre todo para que quede constancia de la negligencia y/o actuación con dolo del sujeto obligado, pero el cúmulo de recursos de revisión pendientes implicaría que el caso tardaría meses (no quiero ni pensar cuántos) siquiera en ser revisado.

Este es sólo un ejemplo de la “situación ideal”, esta es sólo una de las prácticas en las que están incurriendo los sujetos obligados federales para no brindar información, y así como este no dudo que haya muchos, muchísimos otros casos similares.

¿Y ahora? Ante este escenario complejo, queda preguntarnos, una vez más, ¿qué podemos hacer? ¿qué nos toca como ciudadanía? Un primer consejo lo tomo de Kalimán: “serenidad y paciencia”. Sé que es un futuro poco alentador, pero no por eso dejemos de usar las herramientas, sigamos haciendo solicitudes, sigamos revisando los portales de transparencia, y si las cosas no salen bien, presentemos recursos, por lo menos servirán como mecanismos para hacer presión y dejar constancia de las malas prácticas.

También podemos seguir exigiendo a los y las integrantes del Senado para que se hagan los nombramientos pendientes (al momento de redactar estas líneas ya circulaba un citatorio para aprobar un período extraordinario), pero ante los cambios que se han dado en la Cámara Alta por la precampaña (que no es precampaña) del grupo de la Cuarta Transformación el escenario no es alentador.

Ya de últimas, propongo que quienes tenemos frustraciones transparentosas hagamos un grupo de autoayuda, donde compartamos nuestros traumas y desánimos. Empiezo: hola, soy Shanik, y checo la plataforma cinco veces al día…