Antes de dar paso a este espacio, es un gusto estar nuevamente de vuelta con todo el equipo de LADO B. A todas las personas lectoras que esperaron durante esta pausa y que seguro sufrieron, como quien escribe estas líneas, la ausencia de este proyecto: muchas gracias por la espera. Que este reinicio sea fructífero para seguir haciendo más y mejor periodismo. En esta suma de esfuerzos vuelve este espacio para seguir analizando y reflexionando en torno al derecho a la información y la democracia. ¡Aquí vamos de nuevo!

En 2013, como parte de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se incorporó en el Artículo 6° de nuestra Carta Magna la responsabilidad del Estado de garantizar “el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”. 

Todo un reconocimiento novedoso en materia de derechos humanos, particularmente considerando que su garantía no sólo abona al derecho a la información –derecho reconocido en este artículo constitucional–, sino también se vuelve habilitador de otros, como a la educación, el trabajo o la salud, por mencionar algunos, como ha quedado en evidencia durante la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, a casi diez años de su reconocimiento, aún existen múltiples pendientes en el acceso a las llamadas TIC, como pueden ser los dispositivos de conexión; así como en los servicios habilitadores como internet.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021. ¿Qué panorama nos da sobre el acceso a las TIC en nuestro país? ¿Qué pendientes se pueden observar? Aquí algunos puntos clave:

Personas usuarias: de acuerdo con la ENDUTIH, para 2021 había en nuestro país 88.6 millones de personas usuarias de internet, equivalente al 75.6% de la población de 6 años o más. En comparación con 2020, se habrían sumado 5.6 millones de personas usuarias nuevas, lo que representó un aumento de 4.1 puntos porcentuales, es decir pasamos de 71 de cada 100 personas conectadas a 75 de cada 100. 

En términos generales, se recuperó el ritmo de crecimiento previo a la pandemia (2018-2019) y desde 2017 –año de la primera medición– se han sumado 18.3 millones de personas usuarias de internet.

Brecha digital de género: uno de los pendientes es garantizar el acceso igualitario entre hombres y mujeres. De acuerdo con Oxfam, la brecha digital de género “se refiere claramente a la inferioridad que tiene la mujer con respecto al hombre en el acceso a este tipo de información, educación y al conocimiento de las TIC”. Al respecto, la ENDUTIH nos da algunas pistas sobre la situación de la brecha digital de género en nuestro país. Según la medición, en términos generales, el 74.8% del total de las mujeres de seis años o más son usuarias de internet, mientras que, en el caso de los hombres en el mismo rango de edad, es el 76.5%.

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Si se compara con los porcentajes de acceso de 2020 –70.8% de las mujeres y 72.3% de los hombres–, en el caso de las mujeres hubo un incremento de cuatro puntos porcentuales, mientras que en el caso de los hombres fue de 4.2 puntos porcentuales; y en términos generales la brecha aumentó 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 1.5 a 1.7 puntos porcentuales entre sexos.

Zonas urbanas y rurales: otro pendiente en materia de acceso se da en el porcentaje de población usuaria en el ámbito urbano y el rural. Para el primero, en 2021, ocho de cada diez personas tenían acceso a internet (81.6%), mientras que para el segundo: solo cinco de cada diez (56.5%). Si bien en el ámbito rural hubo un crecimiento de 5.3 puntos porcentuales respecto a 2020 (51.2%), aún sigue existiendo un rezago considerable en la conectividad que tiene impactos importantes para el desarrollo de estas comunidades. 

Aquí vale la pena señalar que los estados con menor porcentaje de población usuaria de internet son Guerrero (61.4%), Oaxaca (56.9%) y Chiapas (46.1%); mientras que en el caso de hogares con internet los de menor porcentaje son Veracruz (51.1%), Oaxaca (39%) y Chiapas (30.8%), estados que constantemente presentan altos niveles de marginación económica y social.

Equipo de conexión: el 96.8% de las personas usuarias de internet se conectó vía un smartphone (o teléfono inteligente); mientras que sólo el 31.8% lo hizo a través de una computadora portátil y/o tablet y el 15.4% en una computadora de escritorio. Si bien el avance tecnológico permite que desde los teléfonos inteligentes podamos utilizar más aplicaciones y realizar más cosas, el dispositivo de acceso sin duda se convierte en una condicionante en la capacidad de uso de las herramientas digitales. Por ejemplo, en el ámbito educativo, pensando en el contexto vigente de la pandemia, no es lo mismo tomar una clase desde una pantalla de cinco o siete pulgadas que de 13, 15 o 21; o realizar un documento como el que dio forma a este texto desde el dispositivo móvil que una computadora. 

Es cierto que los costos de adquisición entre un dispositivo u otro es significativo y para el momento económico que atravesamos puede ser complicado adquirir uno de mayor tamaño o capacidad, la implementación de programas públicos (como se dio con las televisiones digitales) puede ser una vía para mejorar la calidad en el acceso.

Estos son algunos ejemplos de los datos contenidos en la ENDUTIH 2021 que no sólo nos dicen cuántos y cómo usamos internet u otros servicios como la telefonía móvil, la televisión digital o la radio, sino que también permiten vislumbrar brechas en el acceso y uso que dan pautas para el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen “a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento” como se establece en nuestra Constitución. 

Acceder a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones, como internet, no debe ser un lujo o privilegio en nuestro país, sino ser un derecho garantizado para toda la población y frente a ello, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones en la materia. Acceder a las TIC nos puede permitir cerrar brechas sociales, económicas y políticas para un mejor desarrollo de nuestro país.