María tiene 70 años y durante su vida laboral la computadora fue una herramienta, especialmente cuando comenzó a incorporarse como materia de estudio en el nivel medio superior, y ella enseñó a jóvenes a utilizarla. Luego de varios años de trabajo se jubiló, y otros años después vino la pandemia.

A pesar de la jubilación María no dejó de utilizar la tecnología, ahora para comunicarse con sus amigas y sus familiares, e incluso sus nietos. Entró a Facebook, luego aprendió a usar WhatsApp e Instagram. Las redes sociales no le son ajenas, pero la acelerada digitalización de la cotidianidad que vino de la mano de la pandemia la dejó atrás. 

Un incidente que la obligó a hacer trámites por internet la puso de frente a esa realidad. Pasó algo que nunca había sentido: la tecnología lejos de facilitarle la vida la limitó.

En un país con tantas desigualdades, el acceso y manejo del internet es otra de las brechas que la pandemia profundizó en varias comunidades al acelerar la digitalización de la cotidianidad, el caso de María ejemplifica lo que enfrentan las personas adultas mayores.

Y la brecha aumenta a la par que los trámites gubernamentales, herramientas educativas e interactivas, financieras y de entretenimiento y redes socio-digitales, se vuelven total o parcialmente dependientes de la accesibilidad a las tecnologías de información y comunicación, sin considerar la diversidad de limitantes que hay en la población.

Las limitantes para este sector poblacional se intensifican con servicios de internet ineficientes, dispositivos de calidad cuestionable, discriminación y el poco interés gubernamental por atender la problemática y reforzar los conocimientos tecnológicos de la población adulta mayor en México.

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Mayeli Sánchez Martínez —integrante de la organización Técnicas Rudas, que se dedican a la investigación y el desarrollo de estrategía tecnopolíticas— sostiene que el grupo poblacional de personas adultas mayores llegó a la pandemia con una condición de desatención sistemática en materia, muchas veces acentuada por las condicionantes socioeconómicas.

De acuerdo con datos del Coneval, hasta 2018, es decir, previo a la pandemia, siete de cada diez personas de 65 años o más recibían ingresos por pensión por jubilación o por programas sociales, sin embargo, dice el organismo, “la condición de recibirla no fue suficiente para erradicar la pobreza entre esta población”.

A eso hay  que sumarle, dice Sánchez Martínez, que «el internet en México es malísimo (…) Algunas [personas] tienen que subir a un cerro para poder tener internet telefónico (…) imagina eso para [las y] los adultos mayores [y] para las infancias, es muy difícil en una sociedad que le está apostando a eso”, cuenta a LADO B.

Aunado a ello, se requiere asegurar el acceso a dispositivos útiles y de buena calidad, asegura. Al respecto, recordó la estrategia que el expresidente Enrique Peña Nieto implementó en 2014, en la que se dieron tabletas electrónicas a estudiantes de educación básica: “El asunto de las tablets para [las y] los niños de primaria fue un desastre. Las tablets eran malísimas (…). Terminaron como basura electrónica y eso es terrible”, señala.

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Aunque el Inegi reportó, a través de su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), que hubo un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales en las y los usuarios totales de internet en México, la brecha digital crece proporcionalmente con las desigualdades que ya existían, asegura Sánchez Martínez.

La accesibilidad no se limita solamente a la posibilidad de navegar en internet. También lo son: la diversidad de idiomas que se hablan en el país, el tamaño de letra, la redacción, los recursos gráficos, entre otras variables operativas y cualitativas, puntualiza.

La desigualdad no es tema nuevo

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A juicio de la también Maestra en Ciencias por la UNAM, la principal afectación derivó de la precariedad económica y laboral que desembocó la pandemia. Esta última, siendo percibida aún más por las y los adultos mayores que ingresaron al desempleo a consecuencia del aislamiento provocado por la misma crisis sanitaria.

En ese sentido, la condición socioeconómica acompaña también a la brecha generacional. 

Tan solo en 2020, la Endutih refiere que hubieron cerca de 16 millones 275 mil 203 hogares dentro de los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, que no disponían de una computadora. En cuanto a la accesibilidad a internet, en esos mismos estratos, fueron 1 millón 94 mil 799 los hogares que si bien tienen una computadora en casa, no tienen posibilidad de acceder a internet.

No obstante, Sánchez Martínez refiere que el rezago tecnológico ya existía antes de la pandemia: “Jamás se había dado atención a que las personas mayores tuvieran facilidad [a estos medios]”, sostiene.

Asegura que existe un fenómeno de discriminación hacia este sector poblacional, muchas veces replicado desde espacios familiares, en el que se señala y recrimina a las y los adultos mayores por no ser capaces o desconocer la forma en cómo solucionar una tarea basada en las tecnologías.

Uno de los ejemplos más cotidianos es el de los cajeros automáticos, insiste: “A pesar de todo el tiempo que llevan implementados en México, sigues encontrándote [personas adultas mayores] que le piden ayuda a la gente. Nunca hemos visto un cajero que te diga ‘¿tienes un problema visual?’, ‘¿necesitas que la letra sea más grande?’, ‘¿necesitas que cambiemos los colores?’”, comenta.

De acuerdo con la Endutih, en 2020, 3 millones 650 mil 831 personas de 55 años o más tuvieron acceso a una computadora, representando al 8 por ciento de la totalidad de personas que tienen un dispositivo similar. En cuanto a accesibilidad a internet, el porcentaje no es muy diferente: de poco más de 84 millones de personas usuarias de internet, solo 8 millones 782 mil 360 eran personas de este grupo de edad, es decir, el 10 por ciento.

Otra variable que tampoco se desprende de esta problemática, es la brecha de género. La cual se ha presentado históricamente como un obstáculo que impide a las mujeres tener la misma experiencia con dispositivos e internet a la que tienen los hombres, afirma Sánchez Martínez

Sánchez también recuerda una pregunta que hace su compañera y amiga de Técnicas Rudas, Alexandra Hache, regularmente durante los talleres que imparten a mujeres adultas mayores: 

“‘¿Cuándo fue la última vez que te dio curiosidad la tecnología?’ (…) ‘No sé, a los diez años que vi un reloj o una radio’. ‘¿Y cuándo pudiste explorar este interés?’. Cuando se lo preguntas a los hombres, la capacidad es casi inmediata. Tuvieron un cochecito a control remoto (…) y lo exploraron, pero para las mujeres, el poder desarrollar esto, pasan años. Esto también va cruzado con la condición social, por supuesto”, cuenta a LADO B.

Discriminación replicada por el Estado

Esta misma discriminación es replicada por el Estado, agrega, quien condiciona a la ciudadanía a través de sus ventanillas de trámites digitales a utilizar dispositivos electrónicos y también a registrarse en servicios de correo electrónico, cuyos ingresos provienen de los datos que uno otorga, reclama.

“En los trámites de gobierno, me parece terrible que te pidan que utilices un correo electrónico para registrarte, o un teléfono. En principio, si un trámite es gubernamental y te va a pedir eso, tendría que proveerte de un espacio para un correo electrónico o un número de celular”, establece.

Para dimensionar mejor este último punto, detectamos algunos de los trámites más populares que deben ser estrictamente procesados en línea, por ejemplo: registro y obtención de la vacuna COVID, adquisición o renovación del visado para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica, agendar una cita ante la delegación local emisora de pasaportes, presentar una declaración anual ante el SAT y la posibilidad de acceso a herramientas educativas públicas, como son la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) y programas curriculares de instituciones como la BUAP y UNAM. 

Por otro lado, hay algunos servicios que pueden realizarse en internet sin la necesidad de acudir presencialmente a tramitarlos, permitiendo eficientar tiempo y energías. Estos podrían ser, por ejemplo, la obtención de copias certificadas del acta de nacimiento y la CURP, siendo estos documentos obligatorios para la obtención de la Pensión de Adultos Mayores, otorgada por el gobierno federal.

Usar internet no significa accesibilidad

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Para Mayeli Sánchez, la realidad no es afín a lo que muestran las cifras oficiales: “La accesibilidad sí es vista así, en el vacío. Como si todas las personas tuviéramos las mismas condiciones. Te dan datos que evidentemente no reflejan la realidad mexicana”, asegura.

La científica afirma que aunque proyectos como la Endutih nos muestran cifras muy altas, no se contempla la desigualdad que hay detrás de ellas: “Hay muchas familias que sólo cuentan con un dispositivo (…) Así que, los pocos hogares que pudieran tener dispositivos, se convierten en dispositivos comunes y entonces ahí baja la accesibilidad que tienen”, sentencia.

Esto debería llevar al Estado a implementar una serie de medidas para disminuir esa brecha en personas adultas mayores y repensar los procesos digitales, para no presionarles a usar dispositivos que tampoco se les ha enseñado cómo usar, agrega.

Un ejemplo reciente es el del registro a la vacuna contra COVID-19, en el que el Gobierno de México ignoró por completo la accesibilidad a las tecnologías de la población e hizo obligatorio el uso de una plataforma virtual. 

“No [contaron] con que hay gente que no lee ni escribe, que no tiene dispositivos, que no tiene internet para inscribirse (…) Tal vez debieron haber computadoras ahí para que la gente pudiera inscribirse directamente en los centros de vacunación”.

Propuso que dependencias como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) deberían enfocar esfuerzos en crear mecanismos que pudieran facilitar a las y los adultos mayores aprender a utilizar estos dispositivos y, a su vez, puedan desempeñar tareas de aprendizaje, entretenimiento, comunicación con sus seres queridos, intervención política y hasta puedan ingresar a espacios seguros de interacción afectiva, como lo son los chats de citas, indica.

Al respecto, LADO B contactó a la delegación del Inapam en Puebla. Personal de la dependencia aseguró que si bien se imparten cursos de computación básicos a personas adultas mayores, estos no contemplan apoyo ni capacitación para la realización de trámites electrónicos, como es el caso del Acta de Nacimiento y CURP, por mencionar algunos.

Los talleres se ofrecen con el apoyo de únicamente diez computadoras facilitadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep), las cuales son ocupadas por la gente que acude a la sede estatal del Inapam.

Se necesitan nuevas políticas públicas

“Creo que [una o] un adulto mayor, no tendrían por qué estar limitados para nada y que es la sociedad la que no provee de herramientas que permitan al adulto mayor seguir con una vida plena”, cuenta Sánchez Martínez a esta casa editorial sobre la discriminación que existe hacia las personas adultas mayores.

Por otro lado, recalca la importancia de atender y acompañar a aquellas personas adultas mayores que no tienen a alguien para ayudarles: “Hay una labor muy importante que podemos hacer todas las personas que tenemos [a una o] un adulto mayor cerca, incluso para quienes piensen que no tienen a nadie cerca (…) hay que buscar la forma de involucrarse”, fija. 

Por último, Sánchez Martínez insiste que, además de las políticas públicas encaminadas a garantizar una accesibilidad a dispositivos de calidad e internet funcional, el Estado debe reconfigurar sus modelos de intervención digital, e incluir a la gente en los procesos de desarrollo informático, considerando todas las diversidades de género, lenguaje, nivel socioeconómico y edad.

*Foto de portada: ANSESGOB | Creative Commons