El Congreso de Puebla parece estar de brazos cruzados, sino es que caídos, respecto a la aprobación de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla.

En dos semanas terminará el último periodo ordinario de sesiones y se cumplirá un año de la presentación formal de la iniciativa que se trabajó conjuntamente entre el propio Congreso —a través de su Comisión de Derechos Humanos—, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla. Un año de que, en sentido contrario a lo prometido por el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, el diputado con licencia Gabriel Biestro Medinilla, la iniciativa fuera enviada a la congeladora.Porque es ahí donde ha estado durante todos estos meses, como si se tratara de un asunto cosmético, accesorio o irrelevante, como si el dolor de las familias cuyos seres queridos están desaparecidos, desaparecidas, no les importara. Si de prioridades hablamos, la LX Legislatura está quedando absolutamente a deber.

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El pasado 28 de mayo, como se narró aquí, la Mesa Directiva del Congreso de Puebla convocó a una mesa de trabajo interinstitucional para recibir observaciones y propuestas en torno a la iniciativa. Luego de algunas desafortunadas declaraciones de la presidenta de la Mesa Directiva y presidenta igualmente de una de las comisiones dictaminadoras de la iniciativa, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, el mensaje de aquella mesa fue claro: el Congreso reconocía su obligación de legislar en la materia y para ello convocaba a autoridades de gobierno, representantes del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía General, de la Comisión de Derechos Humanos, de organismos internacionales de derechos humanos y del equipo redactor de la iniciativa.

Curioso, por no decir delirante, que ante los juicios de amparo interpuestos en el Poder Judicial de la Federación por omisión legislativa —más de mil días que involucran a esta y a la anterior legislatura— el área jurídica del Congreso, que por cierto también participó en la mesa de trabajo interinstitucional haciendo observaciones para enriquecer la iniciativa, litigue contra las familias, argumentando que no están obligados a legislar. De hecho, la diputada Cabrera Camacho cerró aquella mesa afirmando que ley, habría, tratándose de un compromiso del Poder Legislativo con la sociedad poblana.

A 15 días de que finalice el tercer y último periodo ordinario de sesiones, ello equivaldría a que se convocara de inmediato a comisiones unidas –Derechos Humanos y Procuración y Administración de Justicia– para dictaminar la iniciativa y presentarla en alguna de las últimas sesiones plenarias, o bien, a que se avizorara un periodo extraordinario previo a la instalación de la nueva legislatura.

Hasta ahí no habría mayor inconveniente. Lo grave es que el Congreso de Puebla esté de brazos cruzados –o caídos– por no contar con el aval del gobernador. O peor aún, que las diputadas y los diputados estén esperando a que el Ejecutivo estatal, como lo anunció insensiblemente en una de sus conferencias matutinas hace un mes, envíe su propia iniciativa, desconociendo el trabajo conjunto con las familias plasmado en la iniciativa presentada el año pasado.

De ser así, el Congreso no sólo estaría incumpliendo con su palabra, empeñada institucionalmente, sino que le estaría dando la espalda a las víctimas de la desaparición de personas que confiaron en esta asamblea, presuntamente símbolo de la representación popular.

Como ha quedado de manifiesto en otros procesos y otras discusiones, la legitimidad de estas decisiones pende de la inclusión de las familias y los colectivos tanto en su elaboración como en su discusión e implementación. Desplazar a las familias es signo, por tanto, de insensibilidad, soberbia y desfachatez.

La semana pasada, las instancias de la Universidad Iberoamericana Puebla que hemos participado en este proceso legislativo, entregamos a las comisiones dictaminadoras una nueva versión de la iniciativa que incorpora las pertinentes observaciones vertidas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. El proyecto, por tanto, está listo para su revisión y dictaminación. Buena parte de la tarea está hecha.

Aun así, la pregunta resuena: ¿qué más necesitan, diputadas, diputados, para legislar en favor de las personas desaparecidas en Puebla y sus familias?

#LeyDesapariciónPueblaYA

*Foto de portada: Marlene Martínez