Al gobierno del estado poco parece importarle el dolor de las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. Al menos así lo transmitieron sus representantes en la mesa de trabajo interinstitucional, convocada por el Congreso de Puebla el pasado 28 de mayo, a quienes más de mil días sin una ley que asigne obligaciones específicas, establezca estándares de comportamiento y formalice mecanismos de coordinación, les tiene sin cuidado.

Finalmente, luego de más de 10 meses desde que la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval presentó la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, elaborada de manera conjunta con el colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” y un grupo de académicas y académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Mesa Directiva del Congreso de Puebla organizó en días pasados una mesa de trabajo con la participación de autoridades de gobierno, representantes del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía General, de la Comisión de Derechos Humanos, de organismos internacionales de derechos humanos y del equipo redactor de la iniciativa.

La sesión de trabajo tenía como único objetivo recabar opiniones, propuestas y consideraciones de las instituciones convocadas en torno a la propuesta presentada el 15 de julio de 2020, como fruto del mecanismo de colaboración tripartita que se instaló en la Universidad Iberoamericana Puebla en febrero del año pasado.

Familiares de personas desaparecidas se reunieron afuera del Congreso del Estado para estar en la mesa virtual donde se discutiría la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla./  Foto: Aranzazú Ayala Martínez

Con la tarea hecha llegaron el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos —una tarea mediocre, pero siquiera revisaron la iniciativa—, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por su parte, la representante de la Comisión de Búsqueda de Personas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Isela Molina Velázquez; el representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la misma Segob, Roberto Rivera Aguilar; y el representante de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Daniel Lemus Moncada, se abstuvieron de hacer algún comentario so pretexto de que seguían analizando la iniciativa.

Casi un año después de su presentación pública y siendo la única iniciativa en la materia, los representantes del gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta hicieron mutis.

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El silencio irrespetuoso, desgraciadamente, es sintomático de las declaraciones hechas por el gobernador la semana pasada, en el sentido de que su administración se encontraba trabajando en una iniciativa propia que desconocería el trabajo colaborativo hecho ya con las familias de personas desaparecidas. Sólo así se entiende la reserva —por no decir la falacia— de los funcionarios del gobierno barbosista. ¿En realidad se encuentran estudiando la iniciativa o más bien están afinando una contrapropuesta de espaldas a las víctimas?

De ser cierta esta hipótesis, a 44 días de que concluya el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de Puebla el panorama se oscurece. Con justa razón, el colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla” percibe en el ambiente un intento de sabotaje.

Con todo y sus virtudes, la iniciativa es perfectible, sin duda. Según los análisis técnicos de los organismos internacionales que la revisaron presenta algunas inconsistencias fáciles de atender y áreas puntuales de oportunidad de cara a robustecer su espíritu garantista. Pero con los comentarios hechos por las representantes de estos organismos, la iniciativa está lista para ser dictaminada y presentada en el pleno. ¿De dónde la necedad de ignorar un trabajo de más de un año e intentar imponer un nuevo proyecto ajeno a las familias? ¿A razón de qué?

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Como lo afirmamos el pasado viernes en la mesa de trabajo interinstitucional las áreas universitarias involucradas en su elaboración, la iniciativa “condensa dos elementos fundamentales y necesarios en un producto legislativo tan relevante: la legitimidad de haberse construido con la participación activa de las familias y la calidad técnica del trabajo conjunto entre las tres partes mencionadas, recuperando las mejores prácticas legislativas y los más altos estándares de derechos humanos tanto nacionales como internacionales”.

A decir de la diputada presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Cabrera Camacho —también presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, responsable de dictaminar la iniciativa—, ley habrá. Así de contundente lo prometió al terminar la mesa de trabajo. Resta ver si el Congreso de Puebla se despide legislando de manera abierta, transparente y poniendo en el centro a las víctimas, o siguiendo órdenes.

*Foto de portada: Marlene Martínez