Lado B
Ni Alerta Ámber ni protocolo de búsqueda para encontrar a Alexis
Al tratarse de desapariciones de menores de edad las autoridades deben seguir una serie de lineamientos como la activación de la Alerta Ámber y emisión de ficha de búsqueda por parte de la Comisión local, cosa que no sucedió con la desaparición de Alexis Sánchez en Zoquitlán
Por Aranzazú Ayala Martínez @aranhera
23 de enero, 2022
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El pequeño Alexis Sánchez Cabanzo estaba en un evento escolar el 2 de diciembre de 2021 cuando fue visto por última vez. En cuestión de instantes, su mamá y su papá dejaron de ver al niño de tres años. Hasta el día de hoy, no hay pistas ni líneas de investigación concretas para buscar a Alexis; en su caso, no se activó la Alerta Ámber, pese a que se debe hacer de manera inmediata, ni se siguió el Protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

La Alerta Ámber es un sistema de notificación que se utiliza cuando desaparece un menor de edad, y de acuerdo con la página oficial del gobierno federal, hay tres criterios para que este se active: “Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años; que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, y que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas (…) así como la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante”.

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En la desaparición de Alex —como lo llama de cariño su mamá, la señora Refugia Cabanzo—, ocurrida en la comunidad de Ixhuapa, Zoquitlán —en la Sierra Negra de Puebla—, se cumplieron todos estos criterios; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no activó dicho mecanismo. Al preguntar al enlace de prensa de la dependencia la causa de la omisión, este aclaró que la Alerta Ámber “sólo aplica en ciertos casos”, pues “al ser un protocolo nacional marca lineamientos que valoran los expertos una vez que reciben la denuncia”.

Al preguntarle acerca de estos expertos que evalúan si se emite la alerta o no, el enlace de prensa no dio respuesta alguna.  

Al respecto, Juan Martín Pérez García, activista y defensor de derechos de la infancia, y coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, apunta que en México la Alerta Ámber es un asunto totalmente discrecional sin un criterio común, porque cada Fiscalía decide lo que considera riesgoso. Y prueba de ello está en la propia página oficial de la Alerta Ámber de la FGE de Puebla, pues no se aclara cuáles son los criterios para decidir activarla o no, especificando que “en los casos en que se valore no activar la Alerta, se utilizarán otros mecanismos para la búsqueda y localización de la niña, niño o adolescente”. Cabe destacar que en el caso de Alexis tampoco se activo ningún otro protocolo de búsqueda.

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De acuerdo con el especialista, así como está conformada la Alerta Ámber en nuestro país, no está sirviendo para la pronta localización de las y los menores que desaparecen. Explicó que la Alerta Ámber es un mecanismo que idealmente debe funcionar para alertar de manera inmediata a todas las autoridades y medios de difusión de la desaparición de un menor; no obstante, poco hacen las autoridades para difundir la información de menores de edad desaparecidos. Según cifras oficiales (tomadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), hay cerca de 15 mil niños y niñas que no han regresado a casa.

Autoridades incumplen las leyes y protocolos

En México existe un protocolo específico para la búsqueda de menores, el “Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes”, vigente desde julio de 2021. Este documento determina, entre otras cosas, que “todas las desapariciones de niñas, niños y adolescentes presuponen la comisión de un delito, por lo que se debe activar su búsqueda sin dilación alguna, y las autoridades ministeriales deben abrir inmediatamente una carpeta de investigación respecto de cualquier delito causante de su desaparición”. 

Además indica que la primera autoridad de contacto debe realizar una búsqueda inmediata, “independientemente de que se presuma o no comisión de un delito relacionada con su ausencia”. 

Sin embargo, al menos hasta el 13 de enero de este año, la familia señalaba que las autoridades no habían buscado a Alexis ni habían informado nada: es más, la mamá y el papá del menor de edad ni siquiera tenían una copia de la Carpeta de Investigación (CDI), y la Comisión de Búsqueda no había hecho ninguna acción para buscar al niño.

“Hay un protocolo específico para niños, niñas y adolescentes, donde se destaca la obligación de coordinarse entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda a nivel estatal; tristemente, tenemos que decir y lamentar que la FGR y las FGE son las principales autoridades que boicotean la aplicación de los protocolos”, dijo Juan Martín Pérez García.

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes”.

Así, cualquier acción que no ejerzan, como el no activar los protocolos ni hacer una búsqueda pronta, puede hacerles acreedores a sanciones, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Fue hasta el 14 de enero, más de un mes después, que la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla subió la ficha de búsqueda de Alexis, esto pese a que tienen obligación de generar las fichas sin necesidad de que alguien tenga que reportar primero la desaparición. 

La FGE también incurrió en irresponsabilidad porque fue la primera autoridad que tuvo conocimiento de la desaparición, ya que la mamá y el papá de Alex dieron aviso de inmediato. 

Lo que se tendría que haber hecho de parte de las autoridades sería levantar de inmediato una ficha de información lo más completa posible, seguir el protocolo homologado con la búsqueda y difusión inmediata, y coordinarse entre Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.

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Para el activista, es lamentable que este protocolo especial, que quedó tan completo, no sea aplicado y se quede como “papel mojado”. Respecto a la desaparición de menores hay que tomar tres consideraciones, siendo la primera que niños y niñas que no están con su familia están desaparecidos, y su vida e integridad están en riesgo. Segundo, que es una obligación del Estado realizar la búsqueda inmediata sin prejuicios ni discriminación; y tercero, recordar que todas las personas tenemos derecho a ser buscadas en vida.

Asimismo, considera que, al final el que las leyes no se cumplan y los protocolos no se sigan se traduce en que los niños y las niñas desaparecidas siguen sin llegar a casa, y recordemos que por su edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentran, son más vulnerables al poder adulto y pueden convertirse fácilmente en “objetos de venta” para explotación laboral, sexual, adopciones ilegales, entre otras cosas, y el Estado está obligado a protegerles por completo.

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Ilustración: Gogo

*Foto de portada: Cortesía

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Autor Lado B
Aranzazú Ayala Martínez
Periodista en constante formación. Reportera de día, raver de noche. Segundo lugar en categoría Crónica. Premio Cuauhtémoc Moctezuma al Periodismo Puebla 2014. Tercer lugar en el concurso “Género y Justicia” de SCJN, ONU Mujeres y Periodistas de a Pie. Octubre 2014. Segundo lugar Premio Rostros de la Discriminación categoría multimedia 2017. Premio Gabo 2019 por “México, el país de las 2 mil fosas”, con Quinto Elemento Lab. Becaria ICFJ programa de entrenamiento digital 2019. Colaboradora de “A dónde van los desaparecidos”
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