Hoy se cumplen mil 75 días naturales desde que se venció el plazo para que el Congreso de Puebla legislara para tener una ley local en materia de desaparición de personas armonizada con la Ley General nacional, y a pocos meses de terminar la legislatura se sigue aplazando la discusión y aprobación de la iniciativa presentada desde el 17 de julio de 2020.

El año pasado esta iniciativa fue presentada por la Universidad Iberoamericana junto con el colectivo Voz de los desaparecidos y la diputada Estefanía Rodríguez, de la comisión de Derechos Humanos del Congreso. 

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En una rueda de prensa dada este lunes 28 de junio, Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero dijo que ya va a cumplirse un año sin que la propuesta se discuta o dictamine, lo que habla de un incumplimiento del Congreso en sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.

Ante estas omisiones, quienes impulsaron la ley interpusieron dos amparos el 10 y 13 de mayo, uno a nombre de integrantes del colectivo y otro a nombre de personas desaparecidas, con la finalidad de que el Poder Judicial reconozca las violaciones a los derechos a falta de una armonización con la Ley General por la ausencia de una ley local.

Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho en la Ibero, dijo que el Congreso ha litigado contra las familias que buscan a sus seres queridos al insistir en que no están obligados a emitir una ley local en la materia.

El especialista dijo que las acciones del Congreso van en contra de lo que han hecho ya en 14 estados que legislaron a nivel local, y de varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se reconoce la facultad y obligación de entidades federativas para atender el tema.

Además, la dirección general jurídica del Congreso, dijo Hernández, ha incurrido en acciones dilatorias al presentar informes fuera del plazo legal, lo que ha tenido como consecuencia el retraso de la decisión de los juzgados de distrito sobre los amparos.

María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos, recordó que hoy también se cumple un mes más de la desaparición de su hijo Juan de Dios Núñez Barojas, quien desapareció junto con Abraham y Vicente Basurto Linares el 28 de abril de 2017 en Palmar de Bravo. Así como ellos, en Puebla hay al menos 2 mil 700 personas que siguen desaparecidas.

Foto: Marlene Martínez

La buscadora dijo que es inadmisible la actuación del Congreso, y que con su falta de interés y de trabajo les han demostrado que están en contra de las familias de personas desaparecidas. 

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“Es incomprensible que no les trastoque esa parte humana, no entiendo cómo pueden permanecer tan indolentes y apáticas [y apáticos]. No me queda claro por qué el gobierno del estado actúa así, ¿cuál es el problema que tienen?, ¿cuál es su problema con nosotros? Lo único que hemos hecho es trabajar y hacer la tarea que (…) [el Congreso] no ha hecho, por la que cobran [las y los diputados], y nada barato”.

Para María Luisa, las acciones de las y los legisladores del Congreso son un ataque institucional en contra del colectivo y de las personas buscadoras. Dijo que a las y los diputados no les gusta que levanten la voz, pues les condicionan la ayuda a que no hagan escándalo ni se movilicen.

Si le entregan a su hijo, dijo María Luisa, si encuentran a todos los desaparecidos y desaparecidas, entonces solo así “no me volverán a escuchar”. 

*Foto de portada: Marlene Martínez