Al Congreso de Puebla le quedan menos de 60 días para honrar su palabra y legislar en favor de las personas desaparecidas en el estado y sus familias. Este 15 de mayo inició el último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura y desde hace más de 10 meses espera a ser dictaminada para luego ser presentada en el pleno la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla.

A la fecha han pasado más de mil días desde que venció el plazo establecido en el régimen transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para que las entidades federativas armonizaran la legislación correspondiente a su ámbito de competencia. Es importante decir que la primera omisa fue la legislatura anterior, todavía con mayoría morenovallista.

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Sin embargo, la actual legislatura que está por concluir su mandato tiene una iniciativa lista para ser discutida desde julio del año pasado y ni así han podido mostrar sensibilidad con el dolor de las y los familiares que están buscando a sus seres queridos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 14 de mayo de 2021 había en el país 88 mil 005 personas en esta condición, de las cuales 2 mil 764 correspondían a Puebla, estado que ocupa el lugar 13 de la tabla nacional. Como ha sido dicho y repetido numerosas ocasiones, estamos ante una tragedia nacional que atraviesa como desgarramiento a todo el país.

Son estas historias, no cifras, las que han movilizado a miles de familiares a buscar por su cuenta no sólo a sus desaparecidos, sino mejores herramientas para enfrentar la calamidad que nos ha obligado a contar con protocolos y comisiones de búsqueda, registros de personas desaparecidas y de fosas, una arquitectura institucional del horror.

Como lo demostraron el pasado 10 de mayo frente a la Fiscalía General del Estado, en Puebla han sido fundamentalmente las personas integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos quienes han alzado la voz, tomado las calles y confiado en las autoridades para visibilizar esta problemática y exigir mejores respuestas de las instituciones involucradas en su atención. Pero no sólo eso, se dieron a la tarea de revisar la armonización legislativa que otras entidades sí hicieron y entregaron a la LX Legislatura un proyecto de iniciativa que, en principio, el Congreso poblano hizo suyo en voz y representación del entonces presidente de su Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), el diputado Gabriel Biestro Medinilla, con apoyo de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

En febrero del año pasado, el diputado Biestro Medinilla –quien hace un par de meses solicitó licencia para contender frustradamente por la candidatura de Morena a la alcaldía de Puebla– accedió a que un grupo técnico de la Universidad Iberoamericana Puebla revisara el proyecto junto con integrantes del colectivo y la diputada Rodríguez Sandoval –también de Morena–. Ello ocurrió en todavía antes del inicio del confinamiento por la pandemia y fue el 15 de julio de 2020 que la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos presentó formalmente la iniciativa, turnándose a la comisión a su cargo y a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por la diputada del PT, María del Carmen Cabrera Camacho.

Pese a que el diputado Biestro Medinilla se comprometió en su momento a que la iniciativa sería discutida de manera inmediata, ha pasado casi un año y, en medio de las campañas electorales, el Congreso de Puebla ha ignorado la emergencia. Su puesto como presidente de la Jugocopo lo ocupa actualmente la diputada morenista Nora Merino Escamilla. Desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la coordinación de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, solicitamos por escrito a las diputadas responsables de las comisiones dictaminadoras y a la diputada Merino Escamilla iniciar la discusión, y solamente tuvimos respuesta positiva de la diputada Rodríguez Sandoval, quien presentó la iniciativa.

De cara al tramo final de la actual legislatura, el llamado del colectivo Voz de los Desaparecidos y de las instancias universitarias que le acompañamos es a una discusión abierta, transparente y participativa de la iniciativa en comisiones.

Como ha trascendido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene una de sus miras puestas en Puebla y ha expresado tanto su disponibilidad para asesorar y cooperar técnicamente con el Congreso, como la relevancia de un “proceso de deliberación abierto, plural e incluyente que se realice mediante la más amplia convocatoria a familias y colectivos de familiares de personas desaparecidas, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos públicos e internacionales de derechos humanos”.

Es cierto, muchas veces las leyes son insuficientes, pero son también condición de posibilidad para asignar responsabilidades claras y construir confianza institucional, sobre todo si su proceso de elaboración pone al centro, en este caso, a las víctimas de la desaparición de personas.

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