El embate más reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador a los organismos autónomos, en especial al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como el cierre de filas que parece articularse en defensa de ambas instituciones, dicen más de lo aparente. O al menos es lo que importa poner de relieve en la coyuntura actual.

Por un lado, la crítica que el Ejecutivo federal ha hecho en los últimos días contra los organismos autónomos tiene como lectura veloz, casi inercial, que lo que busca el mandatario es concentrar el poder, eliminando o reduciendo al mínimo los contrapesos que le rodean. Por el otro, el escudo protector que estas críticas activan es de tal magnitud en algunas sonoridades que hace suponer que para algunos actores el trabajo de estas instituciones es impecable.

Dentro de las y los guardaespaldas es común escuchar, por ejemplo, que el INE es la joya de la corona de la transición democrática. Será una gema de alto valor, sí, pero de una corona abollada y maltrecha que tiene más imperfecciones que piedras preciosas.

Detrás de lo aparente, sin embargo, es posible encontrar una legítima preocupación por el costo de la burocracia de estos organismos, la captura de sus integrantes y su lejanía con la sociedad. Asimismo, resulta sugerente distinguir en el celo que despiertan los ataques lanzados desde las mañaneras, el efecto de una comprensión que ve en estas instancias las piezas más virtuosas de un proceso de democratización que ha caminado cuesta arriba, quizá con más tropiezos y pendientes que conquistas.

Con todo y sus yerros, discurre esta tradición, las autonomías constitucionales son lo más rescatable de nuestra construcción democrática, un signo de controles y equilibrios del poder que nos separa de aquellos grandes intervalos de nuestra historia en los que la venia presidencial era la única vía para activar la maquinaria dominante.

Pese a los extremos, que los hay de uno y otro lado, un punto de convergencia podría ser el reconocimiento de que la nuestra es una democracia fallida. Los adjetivos son múltiples según la literatura de los últimos años: espejismo democrático, democracia vulnerada, democracia estancada, democratización frustrada, democracia interrumpida, la transición democrática como un mito y democracia insuficiente.

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Por tanto, tomando nota de lo que tiene pinta de una escalada en contra de los organismos autónomos, empezando por el INE y el INAI en función de sus decisiones de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, hacer efectiva la cláusula de sobrerrepresentación en la integración de la Cámara de Diputados e interponer una acción de inconstitucionalidad en oposición a la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, respectivamente, toca pensar las autonomías, evaluando críticamente sus aportes, sus ventajas y su pertinencia, y poniendo por delante su relevancia en tanto garantes de derechos fundamentales.

Puntualmente, respecto al INE y al INAI, una reforma administrativa no sólo no es suficiente, sino que su sola imaginación es ilustrativa de una incomprensión de la problemática. La última ola de reformas a los organismos con autonomía constitucional hizo del instituto electoral y del instituto de transparencia autoridades a nivel nacional, con injerencia en las entidades federativas, de modo que una transformación mayor pasa necesariamente por una reforma constitucional.

En general, estamos ante instituciones que, a diferencia de lo expresado por López Obrador en sus conferencias del 28 y 29 de abril –en las que acusó que los organismos autónomos se crearon para defender intereses minoritarios, desarticulando y desintegrando así al Estado– ilustran una manera de concebir al Estado más allá del gobierno que lo encabeza o incluso más allá de la división clásica de poderes, como una constelación de instituciones que contrario a la fragmentación, robustece los pesos y contrapesos con los que se busca el control democrático.

No son pocos los retos que deberían darle forma a una agenda de transformación de los organismos autónomos, entre ellos, mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, cuidadosos y abiertos procesos de designación, un enfoque de derechos en su desempeño, su reorganización administrativa y una mayor vinculación con la sociedad. Pero es muy clara su naturaleza como parte de un diseño institucional que ha encontrado en la especialización técnica para ciertas tareas de un Estado democrático, en los nombramientos transexenales y en la autonomía normativa, financiera y de gestión, la independencia necesaria para blindar la protección de derechos elementales de los vaivenes políticos.

Lo anterior, hay que dejarlo muy claro, no implica que estas instituciones no rindan cuentas, sino todo lo contrario, que lo hagan como los que más, de forma ejemplar y con fines pedagógicos.

Pensar las autonomías es un ejercicio que, aunque se tenga el corazón caliente, requiere de cabeza fría.