Cuando Juan de Dios Núñez Barojas, Abraham y Vicente Basurto Linares desaparecieron el 28 de abril de 2017 en Palmar de Bravo, sus familiares los buscaron en todas partes, y pese a no tener confianza en la Fiscalía General del Estado (FGE) –algo que hasta el momento no ha cambiado– interpusieron una denuncia. No obtuvieron respuestas. 

“Yo buscaba un colectivo, una organización, una asociación en Puebla que me dijera hacia dónde caminar y que me ayudara para poder encontrar a mis muchachos; no los encontré y así transcurrió un año (…) Pensé que ante la inacción, omisión y apatía del Estado y Fiscalía [de Puebla] no nos quedaba de otra más que organizarnos por nosotros mismos y empezar a hacer el trabajo que a ellos les toca», señaló María Luisa Núñez Barojas, madre de Juan de Dios, durante el conversatorio «Desaparición de personas en Puebla, organizado por LADO B. 

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Así, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla surgió –gracias a María Núñez  y María Lucía Linares, madres de los jóvenes desaparecidos en Palmar de Bravo– como una red de personas cansadas de ver que el tiempo pasaba y no tenían noticias del paradero de sus seres queridos. En la actualidad, el colectivo reúne alrededor de 100 familias, aunque de manera oficial en la entidad hay más de mil 500 personas cuyo paradero es desconocido. 

El colectivo, junto con la Ibero Puebla y la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, elaboró la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla que se presentó el 15 de julio de 2020; la cual, debido al poco interés que han mostrado las y los legisladores, es probable que se quede en la congeladora legislativa, aseguró Núñez Barojas.

Nos convertimos en la piedra en el zapato de las instituciones”, dijo María Luisa Núñez Barojas, ya que ante la falta de acciones del Estado frente a la desaparición de personas, las familias han tenido que emprender acciones de búsqueda con sus propios recursos, al mismo tiempo que exigen al gobierno cumpla su trabajo.

Un Estado ausente

Durante el conversatorio, María Luisa Núñez también denunció que el gobierno ha querido vender la versión de que en Puebla la desaparición de personas no es un problema urgente de atender y que el estado es uno de los más seguros. 

Además, no conformes con negar la situación, las autoridades han criminalizado a las víctimas con discursos institucionales que relacionan este delito de lesa humanidad con vínculos con la delincuencia, refirió Patricia Solís en la charla, hermana de Aurelio Alfonso Solís Castañeda –desaparecido el 8 de septiembre de 2016 junto con África Leticia Quiroga y Roberto Hernández Sánchez–.

“Las autoridades son tan deficientes que prefieren decirte que tú [o tu familiar] tienen la culpa: que en algo andaba, que para qué salió y por qué a esa hora”, refirió Solís.

María Luisa Núñez explica que parte del problema es que la desaparición de personas obedece, en muchas ocasiones, a factores que no son considerados por las autoridades, como la trata de personas.

Por otro lado, en los casos que involucran menores de edad, las instituciones responsabilizan a los padres y madres de lo que ocurre cuando los horarios laborales impiden que puedan estar al pendiente  de sus hijos e hijas todo el tiempo. 

FGE y Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas: inoperantes 

Tras varios años de incidencia y manifestaciones, finalmente se creó la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como la Comisión Estatal de Búsqueda, pero en vez dar celeridad a los casos, sólo han realizado “investigaciones de escritorio” y los procesos se volvieron más burocráticos y lentos, aseguró María Luisa Núñez.

“[Estas instituciones] tienen más de un año con toda la relación de CDI que acompañamos en el colectivo y, al día de hoy, a las familias no les han presentado una estrategia de búsqueda en campo contundente”, acusó la activista. 

La falta de compromiso de estas instituciones con los casos de desaparición es tal, que ha contribuido a que se pierda evidencia o que los procedimientos se realicen de manera incorrecta. Como en el caso de Karina Jazmín Alducín Rodríguez –una joven de Tehuacán que desapareció el 21 de agosto del 2016– en el que las autoridades perdieron el video del último momento en el que se vio.

Otro ejemplo es el caso de Patricia Solís, pues los agentes tardaron meses en solicitar la sábana de llamadas –o registro telefónico– de su hermano a la empresa de telecomunicaciones, y además se equivocaron de compañía; el retraso puso en riesgo la investigación porque el periodo máximo para solicitar esa información es de dos años y medio. 

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Además, también hay fallas estructurales, como el alto número de CDI que se otorgan a las y los agentes, pues en ocasiones tienen que atender hasta 100; lo cual, para Maria Luisa, “es humanamente imposible”. Asimismo, refirió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debería participar en las investigaciones de este delito porque muchas veces es cometido por el crimen organizado.

Por lo anterior, las investigaciones que han avanzado son las que las familias de personas desaparecidas han emprendido; aunque, a pesar de que algunos procesos se han agilizado, no hay cambios sustanciales.  

“La [desaparición forzada] es la peor crueldad a la que se puede someter, no solo a la persona desaparecida, sino a toda su familia; lo que queda después de una desaparición son padres, son hermanas –como Paty–, son esposas, son hijos huérfanos a quienes les arrebataron la posibilidad de crecer con sus padres [y madres].

Son esposas que se han tenido que quedar solas para llevar la batuta de una familia y llevar a cuestas la desaparición de su familia y la búsqueda, y [también] la apatía, indiferencia e inacción por parte de las instituciones de gobierno”, sentenció Núñez Barojas. 

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La contribución que hacen personas como María Luisa Núñez y Patricia Solís, y las decenas más que están en otros colectivos, al exigir que las instituciones creadas para la búsqueda de personas cumplan su trabajo, es para que quienes lamentablemente experimenten la desaparición de un familiar no pasen por lo que a ellas les tocó vivir.

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Aquí puedes ver el conversatorio «Desaparición de personas en Puebla»:

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández