El lunes de hace dos semanas desayuné con una fuente. 

—Van por todo con Rodolfo Ruiz —me dijo apenas al sentarse. La info le quemaba las manos. 

—¿Y qué es todo? —le pregunté— si ya le quitaron la dirección editorial del portal que el fundó y mantuvo por décadas.

—Pues por lo que queda —insistió la fuente—. Van a quitar a Leticia Montagner y poner a Miguel Ángel García como director. Ya lo verás.

—¿El que fue director de noticias en Sicom? 

—El mismo.

Luego me dijo: La trama del socio “desconocido” de e-consulta apunta a un político de altos vuelos de Oaxaca. Él fue el puente con el gobierno estatal para apoderarse del medio y quitar de en medio al periodista incómodo.

No le creí. Nos habíamos reunido para platicar sobre una información que me involucraba que no tenía ni pies ni cabeza, y pensé que si la fuente del rumor era la misma que le contó lo de Miguel Ángel García y de Oaxaca, poco había ahí más que la necesidad de llenar el vacío informativo con especulaciones. No le creí. Seguimos desayunando, aunque algo había de cierto en una línea que ligaba al socio, o al menos a su equipo, con Oaxaca.

En el acta notarial de la venta de acciones por parte de Rodolfo Ruiz hay un nombre: Christian López Peña, un joven que recién cumplió los 21 años, compró el 90 por ciento de las acciones de la sociedad Consultoría Contracorriente S.A. de C.V., la razón social de e-consulta. Christian, que a su corta edad desembolsó varios millones de pesos para la transacción, nació en Oaxaca en el 2006, según el acta. Ahí estaba una primera hebra que apuntaba al vecino estado.

Pero, de nuevo, no le creí. Al día siguiente un tuit de Rodolfo informando su salida total y completa de e-consulta confirmó lo que mi fuente me había dicho: 

“Por este medio anuncio mi retiro periodístico en e-consulta.  Dejo la dirección general del medio que fundé hace casi 24 años. Gracias a todo el equipo administrativo, comercial y editorial, así como a los periodistas, articulistas y colaboradores que me apoyaron con sus consejos, críticas y trabajo”.

La renuncia de Rodolfo se produjo en una reunión en la que les informaron y presentaron a García como el nuevo director editorial del portal.

García llegó al cargo tras su paso por el Sicom, en donde estuvo desde finales de 2024 a octubre de 2025 y de ahí pasó a la Secretaría de Gobernación, específicamente a la Dirección de Legalización y Apostilla, en donde estuvo hasta el 15 de junio, de acuerdo con datos obtenidos de Declaranet.

Es decir, unos días antes era servidor público en el gobierno del estado y ahora es la cabeza del portal que por años, décadas, fue uno de los espacios periodísticos de referencia en Puebla por su oportuno trabajo periodístico, escuela de varias generaciones. En Lado B publicamos hace unas semanas un perfil de Rodolfo Ruiz que cuenta los ires y venires del periodista.

Como reportero, nuestro trabajo es confirmar los datos; no se trata de poner sólo el micrófono para amplificar las voces, se trata de construir verdad con esas voces y con otras y con datos verificados. 

Lo que sabemos del “empresario”, me dice otra fuente que consulté, es que es de Oaxaca, otra pista más que apunta al vecino estado, pero nada aún que lo ubique en el mundo político para confirmar al 100% lo que me dijo esa fuente mientras nos bebíamos un café que no era ni 5 de Mayo ni Andatti.

De lo que no hay duda, me dice una colega con la que platiqué en estos días, es que el gremio, el quehacer periodístico en Puebla, pasa por un terrible momento.

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Para sorpresa de nadie: bajo auditoría

En 2015, hace ya más de 10 años, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Transparencia, una ley con varios elementos de avanzada en su momento, entre ellos la obligación del aparato gubernamental de transparentar su gasto en medios de comunicación. 

También establecía el piso parejo en todas las entidades del país, pues establecía obligaciones comunes a todos los estados y una plataforma común para la publicación de la información gubernamental: la Plataforma Nacional de Transparencia o PNT pa’ los cuates.

Pero dice un dicho común entre abogados: hecha la ley, hecha la trampa. Me explico: que una vez que se aprueba una nueva ley, aparece o se busca la vía para darle la vuelta. 

Y el gobierno de Puebla eso lo ha hecho muy bien, en particular para ocultar su relación económica con los medios de comunicación. Desde hace varios años, 2024, 2025 y 2026, es decir, el cierre del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y los dos años de la actual administración de Alejandro Armenta, los contratos de publicidad se mantienen bajo reserva con el peregrino argumento de que están en proceso de auditoría y, por tanto, fuera del alcance público. 

Pero, como diría Jack, sí ese Jack, vamos por partes. 

Empecemos con los contratos del gobierno del estado, donde se acumula el gasto más grande entre los tres poderes en los que se divide políticamente el estado. 

Veamos, en 2024 el gobierno de Puebla presupuestó 12.2 millones de pesos para su gasto publicitario… bueno, eso pusieron en la Ley de Egresos, de los cuales sólo 1.9 millones eran para promocionar acciones de gobierno, y el resto para “promover la venta de bienes o servicios”. Insisto, eso dice el papel, pero está muy muy muy lejos de la operación real de comunicación social. 

En el reporte de la cuenta pública del 2024, es decir, el reporte de gastos totales realizados en el año, la cifra de gasto programable fue de 275 millones de pesos ejercidos por la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, una cifra con más sentido, pero no podremos saber cómo se ejerció hasta finales de este año, pues el gobierno estableció como periodo de reserva de la información hasta el 22 de diciembre, y ojo el plazo se puede volver a extender, ya lo hicieron antes.

Les cuento: el 7 de enero de 2025 les pedí acceso a los contratos de publicidad del 2024, y su respuesta fue que están reservados hasta el 4 de febrero de este año. En junio de este año volví a solicitar la información y de nuevo la reservaron hasta finales de año. 

Es decir, que haya un plazo establecido previamente para desclasificar la información no significa que lo vayan a cumplir.

En 2025, el gasto publicitario del Estado se disparó un 30 por ciento más. De 275 pasó a 365 millones de pesos. Pero el acceso a la información de cómo se gastó ese dinero está bajo reserva hasta junio del próximo año porque dicen que está en proceso de auditoría.

Del gasto del 2026, la cifra exacta aún no está disponible hasta que se presente la cuenta pública, pero podemos estimar que no será menos que el año pasado, otros 365 millones de pesos al menos, y para conocer los contratos y la información de cómo se gastó ese dinero habrá que esperar hasta mediados del 2029 porque, como puede usted imaginar, está en auditoría.

Y lo mismo, o casi lo mismo, pasa en el Congreso del Estado. En respuesta a una solicitud, el Congreso informó que los contratos del 2024 están publicados en la PNT. La del 2025, imagina usted bien, está en auditoría y que del 2026 aún no hay contratos. 

Para no hacer mucho más larga esta entrega, los datos del Congreso que son públicos y los contratos del Poder Judicial se los desgloso en la próxima entrega de este boletín.

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Me cuenta un lector de este espacio que en la Escuela Secundaria Técnica Rodolfo Sánchez Taboada ESTI-4 de Acatzingo, traen un jaloneo entre padres de familia y autoridades escolares por varios miles de pesos de las cuotas de cooperación. A ver si alguna autoridad se pone las pilas y echa un ojo al tema.

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La foto que acompaña este texto fue generada con la IA Gemini