Hace cerca de año y medio el colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” empezó el camino para construir una ley local en materia de desaparición. Acompañados por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena) y la Ibero Puebla, la “Ley en materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla”, se presentó el 15 de julio en el Congreso.

Dicha propuesta fue turnada ese mismo día a las comisiones de derechos humanos y procuración y administración de justicia, y será votada en el pleno el 15 de septiembre cuando se reanude el periodo de sesiones del Congreso. 

Algunas de las particularidades que contempla la propuesta, de acuerdo con la diputada Estefanía Rodríguez, es que la Comisión Estatal de Búsqueda pueda tener una reglamentación en el ámbito legislativo, además de establecer mecanismos de coordinación entre instancias locales en materia de búsqueda y la creación de un registro estatal de personas desaparecidas.

La ley propone, sobre todo, que se respete la protección integral de los derechos de personas desaparecidas, y que se garantice la participación de sus familiares en búsqueda y evaluación de los actores que encabecen las acciones de búsqueda, cosas que aún no pasan. 

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Si bien a nivel nacional existe la Ley General de Víctimas, Puebla no tiene una ley local que fortalezca a las familias que buscan a sus desaparecidos.

Además, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), en el cual deben registrarse los familiares de personas desaparecidas para poder acceder a apoyos tanto para las búsquedas como acompañamiento psicológico, no funciona bien, así lo han denunciado decenas de familias –entre ellas las que el mes pasado instalaron un plantón afuera de Palacio Nacional–, lo que complica todavía más las búsquedas. 

La propuesta de la ley local se da en el marco de la publicación de los últimos registros de personas desaparecidas que dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) la semana pasada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De acuerdo con este registro, del 1º de enero de 2010 al 17 de julio de 2020, Puebla ocupa el décimo lugar nacional en personas desaparecidas, con 2 mil 407 personas. En cuanto a hombres, el estado ocupa el doceavo lugar nacional, con mil 280 personas. Sin embargo, en cuanto a mujeres desaparecidas durante la última década, la entidad está en el sexto lugar nacional, con mil 61 mujeres aún sin ser localizadas.

La elaboración de la propuesta

Foto: Olga Valeria Hernández

Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, dijo en entrevista con LADO B que fueron las familias quienes empezaron a construir un primer borrador de propuesta de ley.

Después se generaron reuniones de acompañamiento dentro de la Ibero, en las cuales participaban el IDHIE junto con el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, así como el departamento de Derecho de la misma universidad y la diputada Estefanía, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

A la par, el colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” organizó cinco foros sobre desaparición de personas en cuatro municipios: Palmar de Bravo, Zacatlán, Huauchinango y Tecamachalco, donde también recolectaron sugerencias y experiencias de personas para enriquecer la propuesta de la legislación.

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La ley fue presentada el martes 14 de julio en un evento virtual, en el cual participaron María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo “Voz de los desaparecidos”, y Rocío Limón, ambas consejeras de búsqueda del estado, junto con el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón; el abogado Simón Hernández León, del IDHIE, y el maestro Roberto Alonso, del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.

“La lucha en Puebla ha sido una búsqueda de la nada. Nos encontrábamos en el abismo […] no encontrábamos un horizonte hacia el cual caminar”, dijo María Luisa durante la presentación. Agregó que lo más importante es dotar a la ley de las herramientas humanas, económicas y materiales necesarias para que funcione, y sobre todo que haya voluntad política.

La aprobación de la ley (si es que se aprueba) no marca el fin del camino. Lo que se hará ahora, dice Rosario Arrambide,  es dar seguimiento a la implementación de la legislación y a todas las modificaciones necesarias para que funcione, desde la parte de presupuesto, temas administrativos, institucionales y legales. 

“Esta ley es una deuda pendiente en materia de violaciones a derechos humanos y voluntad política. Hay que vigilar la implementación de esta ley para ver si cumple en materia de justicia y reparación del daño”.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández