Gabriela Ruiz Agila 

Desde el pasado 28 de abril, el pueblo colombiano se moviliza contra la reforma tributaria, laboral y de salud impulsada por Iván Duque, presidente de Colombia. Debe cumplir el acuerdo de pago por la deuda de 11 mil millones de dólares contraída con el FMI en abril de 2020. La inconformidad, la falta de acceso a los servicios de salud, el desempleo y el hartazgo son una pólvora que se extiende rápidamente en Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Villavicencio, Pasto. Duque anuncia el despliegue de fuerzas de seguridad y «asistencia militar» para «reforzar la seguridad ciudadana».

El Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la policía responde al descontento popular con bala. Y para el 5 de mayo, los reclamos y la represión se intensifican. En las inmediaciones del palacio de gobierno, las alarmas de los autos se activan con la vibración de las detonaciones. “¡Asesinos!” gritan los manifestantes. El humo de las bombas lacrimógenas se asienta con la lluvia. Las sirenas y el arranque de motocicletas son estruendos. El saldo: 26 homicidios, 145 desaparecidos, 800 heridos, informó la Defensoría del Pueblo.  Las organizaciones sociales reportan 26 muertos, abusos sexuales en los puestos policiales, cortes de energía, y censura de fotos y videos en las redes sociales.

La resolución del Paro Nacional en Colombia muestra el ordenamiento geopolítico para el pago de deudas con el FMI. La represión contra los Paros en Chile y Ecuador que ocurrieron en 2019, se repite sistemáticamente bajo el mismo modus operandi: despidos masivos, el debilitamiento de la estructura estatal, el desprestigio del servicio público, la privatización de servicios, la concesión de territorios sin consulta previa. Para frenar los reclamos, se recurre al desmedido uso de la fuerza contra los civiles. Y una fuerte campaña de difusión de contenidos falsos aterroriza a la población.

En Chile y Ecuador, el Paro Nacional se sostuvo con días de luto y rabia. Varios jóvenes perdieron sus ojos por disparos de bombas lacrimógenas. Los procesos de resistencia civil y protesta decayeron tras la llegada de la pandemia por COVID-19, situación que los gobiernos aprovecharon para acentuar el giro a la derecha sin mayor oposición. Emitieron decretos de emergencia con baja fiscalización y contrapeso de poderes.

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La posibilidad de la muerte por reclamar una vida digna afecta a 50 millones de personas. El 47% de la población económicamente activa son trabajadores informales. Se suma la vulnerabilidad de casi dos millones de migrantes venezolanos radicados en el país. Con estos factores, Colombia enfrenta el tercer pico de contagios por COVID-19 con 17 mil casos nuevos y más de 400 muertes en un día. Al cierre de este reporte, la sociedad civil teme la declaración del Estado de Conmoción Interna. Para acallar la resistencia a las reformas neoliberales ¿Militarizan por completo a Colombia?

Bala para el  «Vándalo-terrorismo»

Foto: Cindy Muñoz Sanchez (@cindycolores), Cali, 28 abril.

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hacen disparos a la cabeza y al pecho. Rompen los protocolos internacionales de disparos parabólicos y de metraje para disuadir. Los homicidios y abusos policiales se registran por civiles con teléfonos. Los nombres de algunas víctimas se viralizan en las redes sociales: Juan Diego Perdomo Monroy de 20 años en Neiva, Marcelo Ágredo de 17 años en Cali; Santiago Murillo de 19 años en Ibagué, Evelio de Jesús Flírez de 86 años en Pereira. Antes de morir posteó: “Si no llego  a casa, me mató el Estado”.

La noche del 4 de mayo, 16 Comandos de Atención Inmediata (CAI) son vandalizados en Bogotá y se intenta incendiarlos. 26 policías resultaron heridos y con quemaduras, seis de ellos de gravedad. Los acusan de vándalos y saqueadores. La perfecta justificación para la intervención militar. La CIDH recordó al gobierno colombiano que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser “extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”. El uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, y eso no se cumple.

Ráfagas nocturnas aterrorizan las concentraciones en espacios públicos. El derecho a la protesta social no se respeta. Policías vestidos de civiles y armados disparan contra la gente. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) registró 21 asesinatos, 503 detenciones arbitrarias, 379 personas desaparecidas, 208 heridos, 42 agresiones a reporteros, 10 casos de violencia sexual, casos documentados por 26 organizaciones civiles. Son 31 muertos según Human Rights Watch y la ONG temblores.

Una geopolítica de la deuda con el FMI

Foto: Luisa Vélez (@luvelezh), Bogotá, 05 de mayo.

El Ejecutivo esperaba recaudar 23 mil 4 billones de pesos colombianos (6 mil 400 millones de dólares) con el cobro e incremento de Impuestos al Valor Agregado (IVA) para los servicios públicos,  productos de la canasta básica. El salario mínimo en Colombia es de $908 mil 526 pesos colombianos ($239 USD), en México $4 mil 310 pesos mexicanos ($214 USD), en Chile $326 mil 500 pesos (466 USD) y en Ecuador de $400 USD. La diferencia es notablemente grande con respecto al salario de los congresistas: en Colombia alcanza más de 10 mil USD mensuales, 9 mil USD mensuales en Chile, y 108 mil USD al año en México.

Mientras civiles y policías se enfrentan en las calles, el ex presidente Álvaro Uribe, legitima en Twitter “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender a las personas y bienes” del “vándalo-terrorismo”. Incitación al odio. Durante su periodo de gobierno entre 2002-2010, Uribe estrechó la relación de cooperación con Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Siete bases militares articulan recursos y logística militar con gobiernos como el ecuatoriano para el control del corredor marítimo del Océano Pacífico bajo el Plan Colombia. La base de Manta se desactivó en el gobierno de Rafael Correa.

Al igual que en México, la alianza estratégica no acaba con el narcotráfico y la violencia de las organizaciones criminales. Por lo contrario, las afectaciones contra la sociedad civil se agravan. Las víctimas de los “Falsos positivos” suman 4 mil 154 según el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre ejecuciones extrajudiciales. La muerte en Colombia perdura a través de 50 años de conflicto armado, y la firma de un acuerdo de paz que no llega a los territorios. Front Line Defenders informó del homicidio de 177 defensores en Colombia equivalente al 53% de los casos. En México se registraron 17 homicidios de defensores en 2020.

La Unión Europea, la ONU, la Casa Blanca exhortan al gobierno de Colombia a frenar la violencia y evitar abusos de autoridad por las fuerzas públicas. El presidente de Colombia, Iván Duque, anuncia un diálogo nacional: “es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil”. Al mismo tiempo, Álvaro Uribe es ponente en la conferencia “Colombia Sostenible: Política, Planeta y Seguridad Democrática» en la Universidad de Nueva York. Circulan también teorías conspirativas en la realización del Foro de Defensa de la democracia en las Américas. La infiltración de mercenarios del gobierno de Nicolás Maduro en el Paro Nacional  de Colombia al igual que el de Ecuador en octubre de 2019, fue denunciado por el presidente Lenín Moreno. No hay informes.

El 6 de mayo, el portavoz del FMI, Garry Rice, manifestó su apoyo a un “consenso más amplio para la reforma fiscal en Colombia”. Si el Paro Nacional continúa en Colombia ¿Se pone en peligro la estabilidad de la política geoeconómica del FMI en Sudamérica? ¿Puede la violencia institucional frenar el descontento, el hambre y el reclamo de los colombianos?

Comité de Paro Nacional para frenar no solo la reforma fiscal

Foto: Laura Limón (@lauralimon815), Medellín, 1 mayo.

La habitual movilización por el Día del Trabajo, se convirtió en el llamado a un Paro Nacional, en rechazo a la reforma tributaria anunciada por el presidente, Iván Duque. Se conformó el Comité Nacional de Paro por sindicatos laboristas, pensionados, educadores, trabajadores del campo, transportistas, entre otras organizaciones. El Comité convocó a las calles el 28 de abril. Intentaron frenarlos con una orden del Tribunal de Cundinamarca inútilmente. Exigen garantías democráticas para la movilización y la protesta, la desmilitarización de las ciudades, el cese de las masacres y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

El proceso de resistencia social tiene lugar desde noviembre de 2019. Las manifestaciones se suspendieron con la llegada de la pandemia en marzo de 2020. La población pide desmilitarizar campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y desmantelar las organizaciones criminales.

El 2 de mayo, el presidente Iván Duque retira el proyecto de reforma tributaria del Congreso y ofrece redactar un nuevo texto. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renuncia. Las protestas no cesan. Se registran bloqueos en las principales vías. Productos y suministros de oxígeno se quedan atascados. Se reportan disparos y agresiones por la fuerza pública en Bogotá, Pereira, Palmira, Armenia, Ibagué, Bello, Cali y Facatativá. El movimiento estudiantil se activa en universidades públicas y privadas y decreta Paro Estudiantil entre el 3 y el 5 de mayo.

El 4 de mayo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncia la asistencia militar para custodia de estaciones de Policía y URIs. Algunas estaciones del Transmilenio se cierran y las marchas continúan en varios puntos de la capital y Medellín.

El Comité convoca a una nueva jornada de movilización el 5 de mayo. Falta echar abajo la reforma a la salud que de ser aprobada, cobrará un impuesto a la gestión sanitaria, facilitará contratos de tecnología, insumos y medicinas con baja fiscalización y privatizará los servicios afectando el acceso a la salud en plena pandemia. Para la jornada del #5M, el petitorio del Comité demanda un plan de vacunación masiva, la renta básica en un millón de pesos, defender la producción nacional, subsidiar pequeñas y medianas empresas, matrículas sin costo para estudiantes de universidades públicas, no al modelo de alternancia, que no haya discriminación de género, y la derogación del Decreto 1174 de pisos de protección social.

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*Foto de portada: Luisa Vélez (@luvelezh), Bogotá, 05 de mayo.

**Curaduría de fotos: Karen Toro