El 28 de abril, en Colombia se convocó a un Paro Nacional para protestar por la Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria que incluía el aumento al impuesto sobre la renta y productos básicos, centrada en las personas de bajos y mediando ingresos.

Aunque, tras las protestas, el presidente Iván Duque anunció que retiraría el proyecto de reforma y presentaría otra propuesta surgida del diálogo con diferentes sectores de la población, las manifestaciones continúan debido al descontento general por la respuesta del gobierno a la pandemia, la crisis económica en el país y la violencia policial.

La policía colombiana, en conjunto con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) han sido señalados como responsables de múltiples abusos contra civiles, entre los que se cuentan homicidios y violaciones. Aquí te presentamos un recuento de la historia de impunidad del Esmad, publicado por 070 en diciembre de 2019, a 20 años de su creación.

***

La Liga Contra el Silencio

Dilan Cruz es la más reciente víctima del escuadrón antidisturbios Esmad. Hace 14 años fue Nicolás Neira. Desde entonces se repiten las denuncias: actuaciones y excesos que quedan en la impunidad, detenciones arbitrarias, cuestionamientos sobre protocolos y un poder civil de débil actuación.

“He encontrado muchas barreras y las sigo encontrando, pero van 14 años y siete meses y sigo ahí de pie, denunciando y buscando justicia”, dice Yuri Neira, el padre de Nicolás. Lleva la cuenta desde que su único hijo, que entonces tenía 15 años, murió por el impacto en la parte posterior de la cabeza, de una artefacto salido de un lanza gases lacrimógenos o truflay, por parte de un agente del Esmad. Participaba en las marchas del 1 de mayo de 2005 también en el centro de Bogotá a pocas cuadras de donde cayó herido Dilan Cruz. Al igual que él, Nicolás fue llevado al hospital en situación crítica y murió horas después.

Neira no cree en la casualidad.  Son muchas las similitudes entre la muerte de su hijo y la de Dilan, quien falleció el 25 de noviembre debido al impacto de munición tipo bean bag (bolsa de material textil que contiene perdigones de plomo), disparada por una escopeta calibre 12, en la zona occipital de la cabeza.

“Es sistemático el accionar de la Policía Nacional, del Esmad, para asesinar a jóvenes en las marchas con las armas que tienen (…) siguen disparando de forma horizontal, lo que claramente identifica un deseo de hacer daño, de matar, y una negligencia al momento de tener el arma en las manos”, afirma desde España, donde vive desde 2013. Se fue tras recibir amenazas e intimidaciones por no abandonar la lucha para que la muerte de su hijo no quede impune.

Con la intención de causar daño coincide Juan David Peña, de 19 años, quien el 21 de noviembre cuando inició el paro, recibió un impacto de gas lacrimógeno que le causó una fractura de tibia. Tiene un mes de incapacidad aunque los médicos le dijeron que podrían ser tres.

“Estábamos en son de hacer nuestra protesta pacífica cuando nos empezaron a corretear, quedábamos más cerquita del Esmad. Estaban disparando los balines que disparan, estaban disparando aturdidoras (…) Antes de que me dispararan a mí, a otro muchacho que estaba tomando fotografías, el Esmad le disparó también directo a la rodilla y empezó a sangrar muchísimo. Nos empezaron a disparar más seguido y más hacia las piernas de todos nosotros. Después me dispararon a mí”.

En la ambulancia que lo llevó al hospital San José Infantil también iba otro joven herido en el ojo.

Foto: Mauricio Morales | 070

Peña estudia Medios Audiovisuales en el Politécnico Grancolombiano y trabaja como bicimensajero para financiar parte de su carrera. El día del paro salió con sus amigos y su novia a las manifestaciones cerca de la Universidad Nacional para exigir mayor acceso a la universidad pública y contra la propuesta de reducir el salario mínimo para los jóvenes.

En cada actuación del Esmad sus operaciones están bajo la lupa cuestionado por excesos. En los 15 meses de gobierno de Iván Duque, el escuadrón antidisturbios ha sido señalado como el presunto responsable de cuatro muertes, según el Sistema de Información de Agresión a la Protesta Social, una base de datos nacional impulsada por la campaña ‘Defender la Libertad Asunto de Todas’, que reúne a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.

A la muerte de Dilan Cruz se suman los casos registrados el 24 de agosto de 2018 (Fredy Julián Conda Dagua), el 2 de abril (Deiner Ceferino Yunda Camayo) y el 6 de junio (Jefferson Tróchez Escue) de 2019, todos indígenas, en acciones de protesta en el Cauca, según detalló Alexandra González, secretaria técnica de la campaña, quien junto a otros defensores de derechos humanos han estado presentes en las manifestaciones para monitorear el desarrollo de las protestas y documentar casos de abusos policiales.

La Liga Contra el Silencio intentó, a través de la oficina de prensa de la Dirección General de la Policía,  pactar una entrevista con un vocero para conocer el funcionamiento interno del Esmad y las denuncias que existen en su contra, pero no fue posible. Vía telefónica argumentaron que “en este momento todo lo que se diga podría ser contraproducente para la institución”. Sin embargo, estamos a la espera de la respuesta a un derecho de petición.

Detenciones para intimidar

Otras de las actuaciones del ESMAD que preocupan a ‘Defender la Libertad’ son las detenciones calificadas por abogados defensores de derechos humanos de “arbitrarias”, a través del uso de la figura de  “traslados por protección” y detenciones temporales.

Esa campaña contabilizó, entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre al mediodía, 916 personas detenidas (el 90% hombres), la mayoría en Bogotá, Barranquilla, Cali, Popayán y Bucaramanga. Del total, el 16% (146) fueron judicializadas por delitos como violencia contra servidor público y daño a bien ajeno.

En los casos de las detenciones como traslados por protección “han resultado una forma de amedrentamiento a la protesta social”, analiza la abogada González de ‘Defender la Libertad’.  Esa figura está contemplada en el artículo 155 del Código de Policía y  se hace efectiva cuando “la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro”. Los detenidos son llevados a un CTP o Centro de Protección Personal o a las URI (Unidad de Reacción Inmediata), por hasta 12 horas.

En la práctica se ha convertido en un mecanismo que le da un poder cuestionable a la fuerza pública en medio de las protestas. “Es una decisión que ordena la Policía, que ejecuta la Policía y que libera la Policía. En ningún momento pasan por otro tipo de autoridad, por tanto realmente es una figura que se usa como de manera discrecional y totalmente documentado de manera arbitraria”, afirma González.

“Desde hace tiempo (la figura del traslado por protección) viene siendo denunciada como una figura utilizada para detener arbitrariamente a personas y en ese caso para limitar las expresiones sociales”, coincide Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

“Se ha detenido a un montón de personas utilizando la figura de traslado por protección, pero acusadas de estar generando disturbios públicos, pero sin pruebas y utilizando los Centros de Traslado por Protección que eran espacios excepcionales y se utilizan como centro de detención administrativa, lo cual de entrada ya es una irregularidad”, añade.

Foto: Mauricio Morales | 070

Uno de esos casos fue el denunciado por Andrés Leguizamón, un joven que junto a otras 13 personas fue detenido “sin estar haciendo nada” violento en las protestas el 23 de noviembre en la Plaza de Bolívar, como contó en el relato que publicó en Facebook. Primero fue retenido al interior del Palacio de Justicia con amedrentamientos y después agentes del ESMAD y de Policía los subieron en unos camiones hasta llevarlos, primero al CAI de La Candelaria, en medio de insultos e intimidaciones, y después a un centro de traslado por protección.  “La experiencia fue de temor por nuestras vidas”.

La Fundación Alba Lucía Sotomayor registró hasta el lunes 25 de noviembre un total de 23 denuncias de personas que experimentaron circunstancias similares, que fueron sometidos a este tipo de “paseos” y luego detenidos temporalmente. “No los pueden judicializar, ni les pueden hacer nada. Esto es como un cumplimiento de llevárselos, sacarlos de las calles para que no marchen y vuelven y les sueltan”, explica Sotomayor.

Esta mujer creó la fundación desde que uno de sus hijos fue víctima de abusos policiales. Además es secretaria técnica de la Red Distrital de Derechos Humanos de Diálogo y Convivencia de la Subsecretaría de Gobierno de Bogotá.

Ese día recibió la denuncia de los amigos de Leguizamón de que se lo había llevado la Policía. Enseguida activó un protocolo para dar con su paradero, que incluyó llamadas y búsqueda de los detenidos, cuando determinó el lugar de detención hizo “la alerta temprana para salvaguardar la vida de estos muchachos y para que no los carguen o los involucren en falsos positivos” o delitos que no cometieron.

Por este tipo de detenciones, las organizaciones de derechos humanos sugieren gritar nombres y cédula en medio de los arrestos para que haya un registro, una imagen recurrente en medio de las protestas.

Leguizamón es la única persona que aparece ante la Procuraduría denunciando presuntas irregularidades en los procedimientos del ESMAD durante las últimas protestas hasta el 26 de noviembre, según confirmó ese ente de control a La Liga.

Germán Romero, abogado de la organización DH Colombia, habla de cómo en casos de detenciones que terminan en  judicialización, la mayoría de las veces terminan cerrándose. Ellos llevan casos en los que agentes del ESMAD son señalados de ser los presuntos responsables de muertes, como en el caso Neira y el de Jhonny Silva (estudiante asesinado en protestas en la Universidad del Valle, en septiembre de 2005), pero también en casos de tortura y tratos crueles (estudiantes de Soacha durante el Paro Agrario de 2013) y de lesiones de gravedad (en el Paro Cívico de Buenaventura de 2017). “Los funcionarios judiciales durante estos escenarios de protestas, de paros, de movilizaciones masivas, son muy influenciables por parte del Gobierno cuando solicitan resultados y sean procesadas las personas que son detenidas”, afirma.

Con el paso del tiempo y el trabajo de defensa judicial “fácilmente estos procesos no conducen a ningún lado y tienen que terminar (…) Ni la Policía ni la Fiscalía logran acreditar elementos de prueba suficientes para poder presentar una acusación” y los procesos “terminan archivándose”, dice.

Continuar leyendo en 070

*Foto de portada: Mauricio Morales | 070