Daniela Pastrana

POPAYAN, COLOMBIA.- La escena era la de una película de Hollywood: un aeropuerto cerrado por los militares, la gente que bajaba de la pequeña aeronave recién llegada de Bogotá debía cruzar el andén, la sala de espera y el estacionamiento, antes de cruzar la reja para encontrar algún transporte. Ni paradas al baño eran permitidas por los soldados, que esperaban de un momento a otro la llegada de su mando supremo.

Era una imagen tan impresionante (aunque aquí nos cuentan que no es tan extraño) que estuve tentada a sacar el teléfono y grabar. Entonces vi los rostros sonrientes de nuestras anfitrionas, que forman parte de organizaciones sociales con mucho reconocimiento en las regiones, y cancelé el intento. Porque cuando termine el trabajo de la misión internacional de observación, yo regresaré a mi casa y ellas se quedarán aquí, lidiando con estas estructuras militares que no tienen ningún interés en dialogar.

La comisión que viaja al Cauca está formada por dos investigadores catalanes del Centro de Estudios Para la Paz, dos activistas que vienen de Ecuador, y una periodista mexicana (yo). Nuestro primer día de trabajo coincide con la llegada a Popayán del Ministro de Defensa, Diego Molano, quien trae bajo el brazo una amenaza para los campesinos organizados, y con la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su reciente visita a Colombia. También coincide con una protesta que es duramente reprimida por la policía antidisturbios, como si necesitáramos evidencia directa de los testimonios que escuchamos en estos días, o si tuviéramos dudas de que el paro nacional sigue (y la violencia del Estado también).

Una violencia que, al corte de la noche, sumaba a las estadísticas dos nuevos chicos con lesiones oculares.

Desencuentros

En la mañana, la CIDH entregó su informe sobre la crítica situación social que ha vivido Colombia durante el Paro Nacional declarado el 28 de abril y que se mantiene hasta ahora, a pesar de las múltiples denuncias de represión. En el documento de 48 páginas la agencia internacional se mostró preocupada por «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar».

También puedes leer: Gobierno de El Salvador expulsa al periodista Daniel Lizárraga

La resolución de la CIDH tiene varias recomendaciones para el Estado colombiano. Una de las más polémicas es separar a la Policía del Ministerio de Defensa. Otra es que (en contravía con la recién aprobada ley de la Procuraduría) los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos o separados de su cargo por orden de un juez penal. Una tercera es que se cree un mecanismo de seguimiento para que se cumplan las recomendaciones.

El gobierno de Iván Duque reaccionó duramente, cuestionando el mandato de la Comisión y el diagnóstico negativo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

«Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad», señaló Duque a medios locales. “Nuestro gobierno ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.

La canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró: “Lo que denominan (la Comisión) como cortes de ruta, en la legislación colombiana son bloqueos y están definidos en el Código Penal y es un acto delictivo, porque son interrupciones que tienen consecuencias graves sobre la vida de los colombianos (…) el Gobierno del Presidente Iván Duque es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica, que no puede, bajo ningún motivo, estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos”.

El gobierno colombiano también rechazó la propuesta de crear un mecanismo especial de seguimiento, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad, como recomendó la CIDH, porque eso sería reconocer que hay una crisis de derechos humanos. Y desde su perspectiva, no la hay…

Una larga resistencia

Popayán es la capital del Cauca, un departamento en el sur pacífico del país que tiene la mitad de la población mestiza y la otra mitad se divide entre indígenas y afrodescendientes. En Popayán, en cambio, nueve de cada 10 pobladores son mestizos. Aquí le dicen “la ciudad blanca” por sus edificaciones coloniales pintadas de blanco, pero también por una historia de segregación racial. Como nuestra Mérida mexicana.

Aunque después de escuchar los testimonios del primer día de trabajo aquí, no puedo dejar de pensar que el Cauca se parece más bien a Oaxaca y a Guerrero. Tiene sus Guardias indígenas y cimarronas, sus resguardos, que tienen autonomía normativa (algo parecido Al sistema de usos y costumbres) y una coordinadora de organizaciones que es una suerte de APPO y que aglutina poderosas organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, afrodescendientes, sus maestros, su s guardias /que son como reservas). Sobre todo, tienen una larga historia de resistencia y movilización social.

Por eso es simbólico que el Ministro de Defensa venga hoy a Popayán, a advertir que no se van a tolerar bloqueos carreteros, que ha sido la forma de protesta histórica del campesinado colombiano.

Aquí, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, mantuvo 46 días bloqueada la carretera Panamericana, que comunica a Cali con Popayán, y es el paso obligado para el transporte de productos y drogas en el suroccidente del país. Y en la parte más dura del paro crearon “corredores humanitarios” para permitir el paso de alimentos y medicinas.

“No fue un diálogo fácil, pero de alguna forma se salvaron muchas vidas”, cuenta Miguel Fernández, presidente de la CUT Seccional Cauca y Coordinador del Área de Derechos Humanos del Comité de Integración del Macizo Colombiano.

Parte de la reflexión de este primer día es que fue esa capacidad organizativa y comunitaria la que evitó que aquí se cuenten violaciones en la misma proporción que en Cali, la capital del departamento vecino de Valle del Cauca, que está a 140 kilómetros de distancia y que tiene la mitad de los asesinatos registrados por las organizaciones de derechos humanos en estos meses de paro.

Continuar leyendo en Pie de Página 

*Foto de portada: Daniela Pastrana