Tras el triunfo electoral del 19 de junio de 2022, Gustavo Petro se ha convertido en el primer presidente electo de izquierda en Colombia. El líder de la coalición “Pacto Histórico” tomará posesión, junto con la lideresa socio-ambiental Francia Márquez como vicepresidenta, el próximo 7 de agosto, fecha en que concluye la legislatura del actual presidente Iván Duque.

La victoria de “Pacto Histórico” pone fin a más de dos siglos de gobiernos conservadores en el país sudamericano. Los próximos cuatro años supondrán múltiples retos para el nuevo gobierno de Colombia, puesto que no sólo deberá hacer labor para encaminar el proyecto de nación progresista que ha planteado en campaña, sino que deberá hacerlo a contracorriente de un establecimiento derechista que, en las últimas dos décadas, había gobernado al país con una agenda diametralmente diferente. 

Pese a la derrota, el partido “Centro Democrático” y sus aliados, de tendencia conservadora, continúa siendo un frente poderoso que cuenta con medios de comunicación e importantes apoyos trasnacionales, que se han beneficiado de su administración laxa con los impuestos y regulaciones de explotación de recursos.

El nuevo gobierno de Colombia, que entrará a Casa Nariño este verano, instaurará una administración a la que le toca mostrar cómo puede mejorar la situación de un país cuya población sufre décadas de opresión y una marcada desigualdad, así como recuperar la confianza de la sociedad colombiana en el aparato gubernamental, generar mecanismos para combatir el racismo, la corrupción y especialmente promover la consolidación de la paz total y permanente en el país latinoamericano, nada más y nada menos.

En este ambiente de transición, Colombia se prepara para comenzar un nuevo proceso de negociaciones y acuerdos con la guerrilla y grupos armados que aún operan en el país.

El presidente electo manifestó, a principios de julio, que el 7 de agosto iniciará de nuevo las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que reconocerá los protocolos de 2016 y convocará a los países que fueron garantes en la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para que vuelvan a ocupar ese papel y  reactivar los diálogos de paz. Estos países garantes fueron Cuba, Chile, Venezuela y Noruega.

A detalle, Gustavo Petro ha propuesto, como uno de los primeros actos de su mandato, un “alto al fuego bilateral” con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo insurgente grande del país, incluyendo también a «todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia” con el fin de reiniciar las negociaciones de un acuerdo de paz. 

«A través de diversos instrumentos, lo que yo solicito es un cese del fuego que será bilateral y el comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos, y de negociaciones políticas en la minoría de los casos para lograr que se acabe la guerra en Colombia” declaró Petro a medios.

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Siendo que las negociaciones de paz para dar fin al conflicto armado en Colombia no son un armisticio, en el cual grupos de iguales (como pueden ser las naciones) representan porciones importantes de la población, estos diálogos buscan encontrar acuerdos con quienes han tomado las armas contra el Estado mismo. La guerrilla, en este caso, es un alzamiento armado contra el orden político establecido. Por ello, el diálogo de paz es un proceso en el que al Gobierno le toca crear espacios en los que los disidentes encuentren cauce a sus demandas de manera pacífica y donde se debatan las propuestas políticas para caminar hacia adelante, todo ello salvaguardando la posición del Estado.

Por ello, es tan importante que Petro muestre la intención clara de comenzar su mandato con la reactivación de los diálogos de paz, para llegar a acuerdos vinculantes que den fin al movimiento armado en el país, pero donde también encuentren modos de reinserción para sus actores. Con ello debe crear mecanismos que permitan reintegrar a grupos armados a la vida social y política del país, así como dialogar y discutir la manera de resarcir los agravios de las víctimas que aún esperan justicia.

Estas acciones pretenden fortalecer al Gobierno en un sentido amplio, alineando los principios progresistas de construir la paz escuchando las voces de quienes habían permanecido al margen de las decisiones del país. Desecha, además, los prejuicios que se han construido a través de los años acerca de la izquierda colombiana que ha sido catalogada como terrorista o guerrillera en el imaginario colectivo. Este discurso fue especialmente útil a la extrema derecha, quien usó ese argumento polarizante para marginar a grupos minoritarios, opositores, líderes sociales y críticos del espectro público.

No es de sorprender que sea Gustavo Petro quien proponga esta vía de trabajo, siendo que él mismo fue un exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) y que ha tenido que derrotar el estigma de terrorista en los años 80s para incorporarse a la política del país en sus más altos escaños. Si bien el político ha moderado su discurso, haciendo acercamientos y pactos con los diferentes grupos de poder a lo largo de su carrera, uno de los grandes logros del presidente electo ha sido mostrar a la gente que aún con un pasado guerrillero, ahora está en contra de la lucha armada y a favor de la transformación pacífica del país. 

El conflicto colombiano y el acuerdo de 2016

Firma de la Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC E.P. / Foto: Gobierno de Chile

El conflicto colombiano fue uno de los más largos y complejos del siglo XX. Comenzó en 1954 y evolucionó integrando, con el tiempo, a diferentes conflictos interrelacionados, tanto internos como de injerencia externa. Fue una guerra que, hasta hace menos de una década, se pensaba irresoluble, como lo siguen siendo el conflicto Palestino-Israelí, la guerra civil en Yemen o en la República Democrática del Congo.

Este conjunto de conflictos abarcaban las disputas de poder entre izquierda y derecha, el autoritarismo y la lucha por la democracia, las fricciones  raciales con grupos indigenistas y afro-colombianos, una pugna severa sobre los recursos y tierras y un enfrentamiento entrelazado con el narcotráfico y el crimen organizado.

Los principales protagonistas en la guerra fueron, por un lado, el Gobierno y las fuerzas paramilitares pro-estatales (de derecha) y, por otro lado, la guerrillera (de izquierda), en una gama de organizaciones de las cuales las más significativas han sido el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN, en varias facciones), así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fue el grupo más grande.

En el transcurso de 52 años, el conflicto armado fue causa de más de 260.000 muertos y desplazó a millones, haciendo a la población colombiana el grupo desplazado más grande del hemisferio occidental.

La guerra se caracterizó por ataques deliberados contra civiles, con el propósito de despojarlos de tierras valiosas para el cultivo de coca, así como tácticas para el control estratégico de áreas. Hasta 1997, los dos movimientos subversivos más grandes  (FARC y ELN) controlaban gran parte del territorio colombiano. La insurgencia mantenía prácticamente paralizado el libre tránsito terrestre por el país y seriamente amenazada la estabilidad de la infraestructura nacional.

Bajo esta realidad llegó Colombia a los acuerdos de paz de 2016.

Para llegar a las negociaciones entre el gobierno y las FARC, los diálogos  tuvieron diversas facetas y múltiples fracasos antes de concretar un acuerdo final. Y cuando parecía que había llegado el momento clave, un plebiscito obligó al Gobierno a renegociar el acuerdo original, tomando en consideración las objeciones de los opositores, principalmente la extrema derecha del país.

El gobierno y las FARC-EP acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz en Bogotá, el cual fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes en noviembre de 2016.

En ese acuerdo, se reconoce el sufrimiento que el conflicto ha causado a la población y confirma el cese de fuego, la deposición de armas por parte de las FARC y la reintegración de los rebeldes a la sociedad.

Las FARC se comprometieron a pagar reparaciones por los daños a las familias de las víctimas, con los recursos que aún tenían, y hacer transparentes sus modos de financiamiento durante la guerra

En noviembre de 2016, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC, los rebeldes depusieron las armas e iniciaron un proceso de transición de movimiento armado a movimiento político. Ahora ese movimiento aboga por sus principios de manera pacífica y democrática, a través del partido político “Comunes” fundado en 2017.

Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, se han desmovilizado al menos 13000 combatientes de las FARC. Así mismo, se ha trabajado en la implementación del sistema de justicia transicional, que es un mecanismo central para las víctimas del conflicto.

Hasta ahora, los acuerdos han permitido que las FARC se reintegren a la sociedad en el Congreso, con una representatividad garantizada de 4 por ciento. Sin embargo, existen facciones de las FARC que no han depuesto las armas y grupos menores, como el ELN, que siguen controlando territorio con actividades violentas, propias de la guerrilla.

Primero las FARC, luego los demás

Foto: Twitter | @FranciaMarquezM

Para la sociedad colombiana, la firma de aquellos acuerdos de paz en 2016 y lo que ha sucedido después es un tema polémico, que continúa siendo parte del día a día de las personas y una parte fundamental en la toma de decisiones políticas. El gobierno en turno y las organizaciones no gubernamentales, que han coadyuvado en la cimentación del trabajo a ras de suelo, han buscado preparar e involucrar a los colombianos para un proceso largo de llamado a la unidad, dejando de mirar a los guerrilleros como un enemigo, dejando atrás el discurso de “nosotros y ellos”, para poder caminar en una dirección conjunta.

Si bien se han logrado algunos avances, los colombianos en muchas partes del país continúan viviendo en la inseguridad. Un número considerable de actores violentos no estatales, incluidos disidentes de las FARC, guerrilleros del ELN, paramilitares y grupos narcotraficantes continúan operando en todo el territorio, amenazando a las poblaciones civiles locales. 

Hacia mediados de 2018, se había implementado poco más de la mitad de las obligaciones pactadas en los acuerdo de paz. Sin embargo, otras guerrillas de izquierda, así como paramilitares de derecha, se han movido hacia el territorio dejado por las FARC. Ahora, esos grupos compiten por el control de valiosos cultivos de coca o territorios mineros ilegales. Esto provoca un continuo desplazamiento forzado de las comunidades locales y la vuelta a las realidades propias de los tiempos de guerra. En algunas áreas, los grupos armados han impuesto controles sobre el movimiento de los lugareños dentro y fuera de las comunidades.

Estos espacios, especialmente las zonas rurales, son vacíos que se han convertido en zonas de extremo peligro, pues son áreas disputadas donde los líderes sociales, los combatientes desmovilizados y los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados, amenazados o atacados  sistemáticamente.

Como es usual, también existen problemas burocráticos que agravan la situación. Por ejemplo, los retrasos en la financiación del gobierno, para que los excombatientes implementen proyectos económicos en sus vidas civiles, es otro problema. Hasta ahora solo han soltado una fracción menor de los fondos, lo que significa que muchos combatientes desmovilizados no han podido integrarse económicamente a la sociedad. Esta situación se ha prestado al cuestionamiento sobre el uso de fondos dedicados a estos programas. 

Quedan ahora los diálogos con el ELN, quienes no depusieron las armas bajo el acuerdo de paz de Colombia de 2016 y cuyos propios intentos de diálogo se interrumpieron en la administración del presidente Iván Duque después de un ataque contra una academia de policía en Bogotá, en el que murieron 22 personas en 2019

De acuerdo a fuentes militares colombianas, el ELN cuenta actualmente con aproximadamente 2.500 combatientes entre sus filas y mantiene una amplia red de apoyo en centros urbanos, principalmente en la frontera con Venezuela y a lo largo de la costa del Pacífico. Para dar solución a esto, Petro ha reiterado que espera restablecer los lazos con Venezuela, para ayudar a desalojar a los grupos armados activos a lo largo de la frontera compartida de los dos países.

A su vez, el comando central del ELN ha informado que, pese a que “mantiene activo su sistema de lucha y resistencia político-militar, también mantiene la disponibilidad para avanzar en el proceso de paz”.

«Obviamente ha pasado un tiempo, no podemos decir que es como si no hubiera pasado nada. El mismo ELN ha sufrido transformaciones y la dinámica de la sociedad colombiana también», dijo Petro al referirse a los retos de la nueva negociación.

Entrar en diálogo no es cosa fácil

Por dos generaciones, la discusión pública sobre los diálogos con la guerrilla han girado alrededor de la promesa de que el gobierno tomaría medidas duras contra las FARC desmovilizadas. La “mano dura” con los armados y la estigmatización de la izquierda como parte de una izquierda guerrillera sirvió por años a la derecha para justificar la represión de las demandas sociales.

La percepción de que los grupos rebeldes eran el gran y único enemigo de los colombianos y que no se debía negociar con ellos, es una imagen falsa que fue fomentada por los gobiernos de derecha que por años omitieron hablar del daño que los grupos paramilitares -contratados por latifundistas de extrema derecha- causaron a los mismos colombianos durante la guerra. Los paramilitares usaban prácticas similares de secuestro, robo y desplazamiento para financiar sus actividades. Sin embargo, para los paramilitares se aprobó en 2005 una ley llamada “Ley de Justicia y Paz”, que contiene en esencia las mismas condiciones y compromisos que los acuerdos con las FARC contienen ahora.

La preocupación es que, si no se crea el ambiente propicio para la negociación de desarme con grupos como el ELN, donde las condiciones sean aceptables, es más probable que algunos combatientes insatisfechos se fragmenten y traten de formar pequeños grupos disidentes que se rehúsen a dejar las armas y entonces se vuelvan incontrolables, como ya ha sucedido con algunos grupos de las FARC.

Y es importante evitar que tras el retiro de la guerrilla esos espacios, especialmente geográficos pero también de poder y control, sean llenados por otros entes, ya no insurgentes sino grupos como el narcotráfico o crimen organizado.

Integración para la paz

Las negociaciones de paz son procesos largos que dependen de la mediación y apoyo de países externos u organizaciones no gubernamentales que establezcan redes de confianza y trabajo a ras de suelo, mucho antes de que los líderes puedan acercarse a las mesas de negociación. En su momento, la firma del acuerdo de 2016 generó enorme esperanza e inspiración en Colombia y en toda la comunidad internacional, y por ello, los diálogos que están por venir con los grupos como el ELN son de semejante importancia ahora también.

En ese sentido, retomar y avanzar los acuerdos de paz hacia los grupos que habían quedado al margen de los acuerdos de paz de 2016 es primordial para promover la equidad y fortalecimiento de la justicia social en Colombia. 

Una clave para el éxito de estos nuevos acuerdos será crear estrategias que garanticen la transparencia y el combate a la corrupción que genere confianza en el proceso y en el Gobierno.

Colombia es desde ya un laboratorio de lo que puede suceder si de manera comprometida se invierte en la paz. Indudablemente entrar en diálogo es una tarea dolorosa, pues las víctimas han vivido por generaciones en un entorno de violencia con desapariciones, desplazamientos, violencia sexual, reclutamiento de infantes, secuestros, robos y extorsión. Las heridas a sanar son enormes y las ganas de venganza o de corregir usando la “mano dura”, o sea más violencia, siempre estará latente. Por tanto, para resolver el conflicto de raíz es crucial que se generen espacios concretos donde se puedan integrar los excombatientes, para que dejen de mirar a la guerra como una forma de vida. Igualmente importante es que las víctimas queden aseguradas de que los mecanismos para hacer justicia serán implementados y serán eficaces.

La esperanza es que la apuesta consistente por la paz y el trabajo conjunto de excombatientes y víctimas permitirán una redefinición de la sociedad colombiana más justa y plural. Entonces, que los “nadies” tengan voz no es solamente retórica de campaña electoral, supone un cambio de mentalidad en que las políticas sociales estén enfocadas hacia las y los de abajo, a emparejar las oportunidades y gobernar para el bien de las mayorías en Colombia.

Con información de NU, AlJazeera, CIDOB, PeaceAgreements, AP