Desde julio de 2020 es un requisito para las y los aspirantes a un cargo de elección popular acreditar un curso de sensibilización sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, y al ser obligación del Instituto Electoral del Estado (IEE) impartirlo, este organismo implementó una plataforma para que las personas tomen el curso de manera masiva; sin embargo, especialistas refieren que este formato no es el ideal, pues no garantiza, de entrada, que la persona interesada en contender en las elecciones sea quien tome el curso, ni tampoco que haya una reflexión profunda de los contenidos.

Además, aunque los seis módulos que conforman el curso sí están enfocados en la violencia política y paridad de género, la o el aspirante podría no ver o leer los recursos 一videos, lecturas e infografías一 que se presentan, pues simplemente con marcar un recuadro la plataforma da como solventadas las actividades y permite avanzar hacia las siguientes, hasta finalmente obtener el certificado.

El tiempo estimado para concluir el curso es de tres horas, de acuerdo con la plataforma, pero si solo se marcan los recuadros y se contestan los cuestionarios a dedazo, la constancia puede obtenerse hasta en 15 minutos. Este último punto es problemático, porque a pesar de que los “cuestionarios de retroalimentación” son obligatorios para avanzar, estos pueden contestarse de manera incorrecta y aún así obtener el documento probatorio de que se tomó el curso. 

Ante todas estas deficiencias, Natalí Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (Cafis), dijo en entrevista para LADO B que para que un curso de estas características abone a la sensibilización sobre la violencia política en razón de género, es importante que asegure que las y los participantes se apropien de los contenidos; advierte que los mecanismos de impartición y evaluación del curso no aseguran eso. 

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“Puede haber diversas estrategias para asegurar que las personas involucradas, o las personas a las que [se tiene que] llegar forzosamente, puedan identificarse, como tal: una de esas podría ser incluir sesiones en vivo donde [sea obligatorio] que se conecten las personas para [que el IEE verifique] cómo están generando su ingreso a la formación. Otra es el sistema de evaluación, y que incluso se pueda hacer con alguna reflexión final en vivo con el candidato o la candidata”, señala la especialista. 

Por otro lado, Gabriela Moreno Valle Bautista, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la AVGM, mencionó a LADO B que conferencias o charlas con personas expertas en el tema, antes y después del curso, también podrían abonar a la eliminación de la violencia política, pues muchas veces en los cursos donde no existe una retroalimentación no se puede profundizar en los contextos en los que se puede presentar este tipo de violencia —los cuales pueden ser sutiles— y las personas podrían dar por sentado que solo ciertas conductas constituyen esta práctica.

Moreno Valle Bautista destacó que, incluso, la pandemia no puede ser un pretexto para que el curso sobre violencia política de género se haya dado en estos términos y con las deficiencias ya señaladas, pues existen múltiples herramientas tecnológicas que podrían asegurar que sean las y los candidatos quienes entren a este tipo de capacitaciones y que puedan comentar los contenidos que se incluyen en el curso mostrando sus reflexiones o aprendizajes.  

Eliminar la violencia política, en la cancha no solo del IEE sino de partidos políticos

Foto: Marlene Martínez

El problema no solo se da desde el IEE con las deficiencias de su curso, sino también desde los partidos políticos, pues de acuerdo con el Diagnóstico Multidimensional de Violencia Política Contra las Mujeres, elaborado por Cafis, el 28.1 por ciento de las candidatas entrevistadas, que participaron en el proceso electoral de 2018, refirieron que “no accedían a la formación desde su partido en cuanto a empoderamiento político y [sobre] qué pueden hacer para denunciar la violencia [política en razón de género] en los mecanismos internos de [sus partidos políticos]”, dijo Natalí Hernández. 

Lo anterior, pese a que la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos tienen que destinar al menos el 3 por ciento de su presupuesto para cursos de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, entre lo que se incluye la capacitación en la materia de violencia política en razón de género.

Y aunque muchos partidos sí cumplieron con este último requisito durante 2018, estos resultaban altamente costosos y poco efectivos, pues incluso el informe reportó que un partido gastó  hasta 150 mil pesos por conferencias que no duraban más de tres horas, mientras que el resto de las actividades que los partidos políticos reportaron se realizaron “con prisa y sin ningún tipo de fundamento que les confiera un carácter realmente formativo”, de acuerdo con el diagnóstico.  

Además, durante ese diagnóstico, las integrantes de Cafis encontraron que muchas candidatas habían sufrido violencia política de género pero no lo sabían. Ejemplo de acciones que constituyen este tipo de violencia, y que pueden ser muy sutiles, es que algunas candidatas entrevistadas refirieron que les daban mal la información referente a los registros para obtener una candidatura para aventajar a otras personas, en particular hombres, lo cual es una práctica que limita su ejercicio político o su ejercicio al interior de sus partidos, señaló Natalí Hernández.

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La especialista sentencia: “es muy importante incidir con los partidos políticos en la importancia de incluir en sus formaciones de militancia partidista aspectos relacionados con la violencia política en razón de género, y [crear] mecanismos para difundir cómo se denuncia la violencia política, ya sea a través de capacitación o formación, pero también de campañas o de otro tipo de estrategias, que permitan que las mujeres (…) víctimas de estos delitos, realmente se enteren de los mecanismos que existen [para sancionarlos]”.

Para lograr lo anterior, Natalí Hernández señaló que primero es importante hacer un diagnóstico de las necesidades de información de las mujeres respecto a estos temas e incluir la información respecto a estas necesidades en las propuestas formativas en los partidos. 

Así también, Moreno Valle Bautista mencionó que los partidos no solo deberían enfocar sus esfuerzos en prevenir y eliminar la violencia política de género en las y los candidatos, sino en todas las personas que conforman las instituciones políticas, pues eliminar la brecha entre hombres y mujeres en el campo político, y otros más, podría llevar hasta 100 años, al ritmo al que vamos, de acuerdo con el Foro Económico Mundial; podrían ser más si no se aceleran las estrategias para primero visibilizar y después sancionar estas prácticas.

Reforma muy cerca a las elecciones, factor en contra del cumplimiento de la ley

Foto: Marlene Martínez

Cabe recordar que el 15 de julio de 2020 se incluyó al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado (Coipep) la acreditación de un curso de sensibilización en cuanto a la violencia política en razón de género como requisito para contender por un puesto de elección popular, además de una cláusula que estipula que ninguna persona que tenga una sanción firme por haber cometido violencia política contra las mujeres podrá contender en las elecciones. 

Pero la cercanía de la reforma con el proceso electoral pudo haber derivado en que no se ejecutara de manera correcta la nueva medida del curso obligatorio en la materia. La diputada Rocío García Olmedo (PRI), quien impulsó el tema en el Congreso, dijo a LADO B que, “sin duda, todos los cursos, todas las capacitaciones son perfectibles y hacia allá van encaminadas. Lo importante es que se empiece a hacer el trabajo”. 

La legisladora recordó que la lucha de las mujeres para incluirse en la política no es reciente y los avances se han dado de manera gradual. En el tema de la paridad de género, el primer paso fue que el 30 por ciento de los cargos de elección popular fueran ocupados por mujeres, después la cuota aumentó al 40 por ciento, hasta finalmente llegar a la paridad total, es decir 50/50, pero advierte que “nunca nos imaginamos que más mujeres en los cargos iba a representar una respuesta de más violencia en [nuestra] contra”.

Por ello, ante el aumento de este tipo de violencia y la renuencia de algunos hombres en la política a respetar los derechos político-electorales de las mujeres, García Olmedo afirma que “todos [y todas] tenemos la responsabilidad de entrarle al estudio del tema, de hacernos el mayor número de expertos para poder atender las 22 causas o conductas que marca [la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia] como conductas de violencia política (…) tenemos que empezar a familiarizarnos con todo ello, va a ser el primer proceso electoral, y los datos ya están terribles en términos de violencia”. 

Aunque ya se modificó el Coipep, explicó Hernández Arias, aún no se modifica el Código Penal, por lo que una acción que incurra en violencia política en razón de género “sigue quedando en el campo de los procedimientos electorales”.   

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Pero, Hernández Arías considera que no solo deben mejorarse los cursos de sensibilización, sino la sanción de estas conductas, pues la impunidad es “una forma de enviar un mensaje a quienes cometen estos actos», tanto de manera positiva como negativa.

*Foto de portada: Marlene Martínez