Uno de los grandes logros con la expedición de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Puebla, que entró en vigor en noviembre de 2013, fue que el estado estaría obligado a conformar un Comité para dar trámite a las quejas en la materia, y contribuir al impulso de acciones y políticas públicas para eliminar la prevalencia de las prácticas discriminatorias en la entidad; sin embargo, a poco más de siete años de la aprobación de la ley, este órgano no se ha conformado. 

La falta de interés para asegurar el cumplimiento de esta ley se traduce en que los actos de discriminación no tengan una sanción, esto en un estado en donde  tres de cada diez personas han sido excluidas o violentadas por su apariencia física, situación económica, creencias religiosas o culturales, y orientación e identidad sexual, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (Enedis) publicada en 2017, por el Inegi, misma que ubica a Puebla dentro de los cinco estados con mayor prevalencia de discriminación. 

Ejemplo de la falta de acciones para prevenir y sancionar la discriminación se ve con el diputado sin partido Héctor Alonso Granados, acusa Brahim Zamora Salazar del área de Desarrollo del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), pues en los últimos meses el legislador ha emitido opiniones homo-lesbo-bi-transfóbicas y misóginas, por las que no ha recibido una sanción, pese a que la ley contempla que en caso de reincidencia se debe dar vista al órgano de control para las sanciones administrativas respectivas.

Héctor Alonso Granados ./ Foto: Marlene Martínez

El activista sentencia que el Congreso podría ser mucho más rígido a la hora de sancionar actos de discriminación en el caso de que estos se den al interior de la institución, pues su marco jurídico lo permite, pero hay un desinterés; las y los diputados permiten una y otra vez que los discursos discriminatorios tengan lugar en el pleno. Detener estas prácticas es “responsabilidad prácticamente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo)”, refiere el activista, y la impunidad de los actos de discriminación se ve acentuada con la falta del Comité que dé cumplimiento a la ley.

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Y aunque se podría acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para hacer denuncias por discriminación, Brahim Zamora señala que esta institución solo atiende violaciones de derechos humanos y los actos de discriminación no siempre los constituyen; por lo tanto, se requeriría de un órgano como la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que atienda exclusivamente los casos en la materia en el ámbito local, y esa sería la función que cumpliría el Comité Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Un largo proceso para dar cumplimiento a la ley

Los pretextos para no conformar el Comité Estatal son muchos, dice Zamora Salazar, pero en todos los casos son las instituciones quienes han puesto trabas para no dar cumplimiento a esta ley, que fue el resultado de “un trabajo muy arduo de muchas organizaciones [civiles]”.  

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El primero de los pretextos fue que la ley no contaba con un reglamento que la hiciera operante, pero esto se arregló en 2017 con la emisión de dicho marco jurídico; el siguiente pretexto fue que la convocatoria —emitida en 2017, después de la publicación del reglamento— para buscar a tres personas de la sociedad civil que integrarían el Comité Estatal —además de representantes de nueve instituciones públicas— no recibió una buena respuesta, pues de las nueve propuestas que se requerían para formar la terna que tendría que ser votada en el Pleno, solo se se registraron tres aspirantes. 

De acuerdo con Brahim Zamora, la poca participación se debió a los estrictos requisitos de la convocatoria, pues uno de los más importantes era tener una licenciatura en Derecho. Esta convocatoria fue calificada por organizaciones locales especializadas en la protección de derechos humanos como discriminatoria, porque “un comité contra la discriminación lo que tiene que tener es representatividad, ya sea de personas expertas en el tema o bien de personas que han trabajado el tema desde las poblaciones más vulneradas”, explica el activista.

Pese a que desde que inició la LX legislatura se debió activar nuevamente el procedimiento para buscar a las y los integrantes de la sociedad civil del Comité Estatal, esto no ha ocurrido, y parece que esta legislatura concluirá sin integrar el organismo, lamenta Zamora Salazar.

Por otro lado, Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 一organismo que debe emitir la convocatoria para elegir a los tres integrantes de la sociedad civil para el Comité Estatal一, mencionó en entrevista para LADO B que, si bien es su función emitir la convocatoria, esta requiere el aval de la CEDH y Jugocopo, y es ahí donde el proceso se encuentra atorado.

La legisladora refiere que intentó entablar comunicación con ambos organismos pero no ha obtenido una respuesta favorable. Además, durante la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el 30 de enero, Rodríguez Sandoval convocó a una reunión para tratar temas competentes a la comisión pero tres de las integrantes pidieron permiso para no asistir, y Tonatzin Fernández Díaz (Morena) simplemente no se presentó.

Tampoco ha habido una reforma amplia y plural a la Ley para Prevenir y Erradicar la discriminación como lo anunció la diputada Vianey García Romero (Morena) en 2019; en enero de 2021, la legisladora dijo que ya se estaba analizando en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero ya a punto de concluir el mes de marzo no se tiene fecha para tratar ese asunto.

Esta reforma es importante porque cuando la ley se expidió no existía una Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), y de acuerdo con Zamora Salazar “es [en esta institución] donde radicarían las funciones primordiales de la prevención y combate a la discriminación; [al ser] una secretaría dedicada a la igualdad en términos generales”.

Lo anterior se sustenta en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que establece que a la SIS le corresponde dar “seguimiento continuo a la ejecución de las políticas y programas, procurando que las medidas de nivelación y de inclusión se reflejen de manera trans-versal con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, no discriminación, participación e inclusión”; sin embargo, esta obligación no está contemplada en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y tampoco hay fecha para que sea reformada.

Omisión de todas las instituciones y proceso electoral

Foto: Marlene Martínez

No solo es el Congreso quien ha caído en omisiones, sino también el gobierno del estado, pues es quien debe nombrar a la persona que encabece la Secretaría Técnica del Comité Estatal a través del titular del Poder Ejecutivo. El gobernador Miguel Barbosa Huerta 一al que la ley le da el título de presidente honorario del Comité一, tendría que llamar a sus propias secretarías y dependencias a nombrar a las y los integrantes del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Otro punto importante es que la ley no solo prevé que se instaure un Comité Estatal, sino que cada institución pública genere su propio comité interno, pero las únicas dependencias que lo tienen activo en este momento son: la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y el Ayuntamiento de Puebla; incluso el Congreso no tiene el suyo, algo que la propia Estefanía Rodríguez lamenta, pues el Legislativo debería ser el primero en cumplir ese requisito. 

Para Brahim Zamora, por la coyuntura electoral es casi seguro que “ni va a haber reforma [a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación] ni va a haber implementación de la ley; habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre en la siguiente legislatura”. 

La diputada Estefanía Rodríguez, también advierte que puede no concretarse la conformación del Comité Estatal, pues hasta el momento no se tiene una fecha para emitir la convocatoria para seleccionar a las y los tres ciudadanos que lo integren. 

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“No se tiene absolutamente ninguna fecha, recordemos que estamos en tiempos electorales y que, lamentablemente, mis compañeras y compañeros, además de pedir permiso y de estar en algún otro lado, no ponen la atención necesaria a temas como el de la discriminación”, subraya la legisladora. 

Por último, Zamora Salazar destaca que el tener el Comité para Prevenir la Discriminación permitiría tener más información sobre cómo se está viviendo la discriminación; es decir, cuáles son los actos más cotidianos, cómo se resuelven, quiénes sufren mayor discriminación en las instituciones públicas, y cuál es la percepción de la discriminación. 

“Ese tipo de información hay que generarla y hay que tenerla clara en todo el estado, justo para poder generar política pública, pero esto no ocurrirá hasta que se determine la conformación de este organismo”, concluye.

*Foto de portada: Marlene Martínez