Hace unas semanas un ex trabajador del Poder Legislativo me contó de cuando al Congreso del Estado llegó una propuesta de Jorge Estefan Chidiac, entonces diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, para modificar el marco regulatorio en torno a un terreno que había adquirido en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

“El señor (Estefan Chidiac) pretendía construir en unos terrenos que tenía en la zona. Nada me quita de la cabeza que los terrenos en donde ahora se construirá la nueva sede del Congreso, son de él”, me escribió la fuente.

Y no estaba equivocado. En días pasados el columnista y director del portal MTP Noticias, Iván Tirzo, contó en su espacio noticioso que el terreno ubicado en Avenida 32 Oriente número 202, en la colonia Mártires del Trabajo fue vendido por la empresa Inmobiliaria 2015 SA de CV al Banco de Tierra del Gobierno del Estado por 86.5 millones de pesos.

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La empresa, cuenta Tirzo, tiene como socia mayoritaria a Michelle Chidiac Acar, madre de Jorge Estefan Chidiac (a quien desde hace algunos meses se le conoce como el “vicegobernador”). La información que obtuvo Tirzo procede, explica él en su reportaje, del Registro Público de la Propiedad y el Periódico Oficial del Estado y la página de transparencia del ayuntamiento de Puebla.

Cuando mi fuente me contó sus sospechas solicité el contrato de compra-venta primero a la Secretaría de Infraestructura, pues en declaraciones públicas su titular, Luis Roberto Tenorio García, había hablado sobre el proyecto. 

Después le pedí la misma información a la Secretaría de Planeación y Finanzas y, para no errar, también a la Secretaría de Administración. Luego hice al Congreso la misma petición.

Y cuando las respuestas llegaron comenzó el juego de la pelota caliente. Las tres secretarías: Infraestructura, Finanzas y Administración se declararon incompetentes de tenerlo y remitieron a este solicitante a buscar el documento en el Congreso, pues argumentaron que el Congreso tiene como Poder Legislativo la autonomía para “administrar y ejercer su patrimonio”.

El Congreso por su lado también se declaró “incompetente” y remitió a este solicitante a pedírselo a la Secretaría de Infraestructura, pues en su argumentación esa dependencia está a cargo de toda la obra pública del estado y citan varios artículos de la Constitución del Estado, la Ley Orgánica de la Administración y la Ley de Transparencia.

El socio y amigo

Dice Tirzo en su primera entrega que Michelle Chidiac ingresó a la sociedad en febrero del año pasado, porque así está asentado en el movimiento notarial, al comprar a Ramón García Castañeda sus acciones.

Pero la historia de esa compañía inicia 15 años antes, y esta se las cuento yo: desde el inicio la familia Chidiac estuvo presente a través de uno de los socios y compañero de negocios de Jorge Estefan.

La empresa fue constituida en octubre de 2007 por Antonio Fernández Brito y Santos Armando Ramírez Mantilla, como socios a partes iguales. Entre 2008 y 2009 la empresa tuvo dos movimientos importantes, primero Antonio Fernández Brito es nombrado administrador de la empresa y a los cuatro meses adquieren el terreno de la colonia Mártires del Trabajo –donde estará asentada la nueva sede del Congreso, no lo olvidemos.

Y entonces Estefan Chidiac comienza a buscar cambios en el uso de suelo del terreno para poder hacer negocios, pues de acuerdo con documentos del ayuntamiento de Puebla, el terreno estaba dentro de la Zona de Monumentos en un espacio considerado dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla como “Área Verde”.

Al año siguiente, en 2010, aparece en escena José Félix Gerardo Medina Hernández a quien inicialmente le otorgan un poder de pleitos y cobranzas sobre la empresa. 

Nueve años más tarde, en 2019 es nombrado “socio” de Inmobiliaria 2015 junto con Ramón García Castañeda, y sale de escena Fernández Brito. Finalmente en febrero del 2022 se hace visible Michelle Chidiac al adquirir el 90% de las acciones de la compañía.

El enjambre de los Chidiac

Medina Hernández y García Castañeda no son desconocidos en el círculo empresarial de la familia de Estefan Chidiac, al contrario. 

Una revisión de las actas notariales de las más de 25 empresas en donde aparecen como socios Fernández Brito, Olga Astrid López Gargallo (esposa de Estefan Chidiac) o el propio Estefan Chidiac, revela la presencia de los socios de Inmobiliaria 2015 en al menos otras 10 empresas más del conglomerado (acá el listado y la historia). 

Y no son las únicas. A raíz de la publicación de los reportajes de Tirzo jalé el hilo de los dos socios y de la mamá de Estefan Chidiac y encontré otras tres empresas más que agregar a la lista. Algunas dedicadas a la venta de combustibles:

• Estación de Servicio Servigas de Puebla, SA de CV (esta enfrentó el rechazo de vecinos de la localidad de Chiautempan Tlaxcala por la construcción de una estación de servicios)
• S. Proactiva, SA de CV.

Otras a los bienes raíces:

• Corporativo Geramedi, SA de CV.

En todos los casos las empresas son creadas teniendo como socio mayoritario a Medina Hernández. En todas, el nombre de Michelle Chidiac se hace visible en la misma fecha, el 28 de febrero del 2022, al comprar acciones e incrementar el capital de las compañías lo que le permite asumir como socia mayoritaria.

Encontré otras dos empresas en donde sólo aparecen como socios y/o apoderados legales Medina Hernández y García Castañeda, y que tienen nombres muy similares a las anteriores:

• Estación de Servicio Servigas de Veracruz, SA de CV. 

• Inmobiliaria y comercializadora Geramedi, SA de CV.

También ubiqué otra empresa más que, si bien no tiene a ninguno de los Estefan Chidiac y sus socios habituales, sí incluye a Medina Hernández y a otro de los empleados recurrentes de las empresas del diputado local: Ricardo Porras Lara (su nombre aparece en actas notariales de al menos 8 empresas de la red de Estefan Chidiac):

• LAM Constructora y Comercializadora del Centro, SA de CV.

Opacidad gubernamental

Pero regresando al inicio de esta entrega, ¿Hubo en la compra-venta tráfico de influencias, favoritismo o algún posible acto de corrupción? ¿Por qué las secretarías de gobierno implicadas en la compra – venta se han aventado la pelota caliente y no han querido transparentar el documento? 

Por lo pronto ahí le dejo el tema al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

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¿Y el certificado, amá?

Si uno busca en Google el nombre de “Isabel Merlo Talavera” más la palabra “currículum” lo que el motor de búsquedas arroja son algunas ligas a páginas del PRI, de la Cámara de Diputados y al Congreso con información de la hoy titular de la SEP en donde se afirma que la mujer es profesora normalista con licenciatura en Español.

Tras su nombramiento como responsable de la política educativa se hizo público que su nombre no aparecía en la plataforma de consulta de las cédulas profesionales que ha expedido el gobierno federal.

Esto publicó la revista Proceso en marzo pasado: “El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina nombró hoy como secretaria de Educación Pública de Puebla (SEPP) a la diputada local priista y exalcaldesa del municipio de Huaquechula, María Isabel Merlo Talavera, quien en su currículum señala tener una escolaridad de “nivel básico” y no cuenta con cédula profesional registrada.”

En su defensa el góber doble ese (Sergio Salomón) dijo a la prensa: “La normatividad no prevé, en el caso de la secretaria de Educación, algún título para acceder al cargo (…) Entiendo el clamor de cierto sector letrado, o que por su condición ha tenido acceso a la educación (…) sin embargo, yo siempre he considerado que a los individuos hay que juzgarlos profesionalmente, no sólo por su escolaridad, sino por su desempeño, por sus resultados y sobre todo por su experiencia”, declaró. 

La propia Merlo Talavera salió a reconocer que dejó la carrera trunca por irse a trabajar a los Estados Unidos.

Esto dijo a La Jornada de Oriente: “Quienes nos dedicamos al servicio público atendemos lo que dice la ley, la estoy respetando; soy una persona que no he negado la falta de documentos, trunqué mi carrera en búsqueda de un mejor futuro como miles de paisanos que nos fuimos al norte”.

A pesar de ello, cuando se le solicitó a la SEP estatal la copia de los documentos que prueben el último grado de estudios de su titular su respuesta fue que esa información debe ser considerada “datos personales” y por tanto sólo accesibles a Merlo Talavera. 

La información curricular y los documentos probatorios de los estudios de las y los servidores públicos es, de inicio, información pública, artículo 77 fracción XVII. 

Sobra decir que la información tampoco se ha subido a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Además el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) emitió un criterio de interpretación respecto del título profesional que puede ser aplicado al certificado de estudios de la titular de la SEP.

El criterio dice: “Considerando que el título profesional es un documento que tiene por objeto acreditar que una persona cuenta con el nivel académico determinado, es posible afirmar que a través del conocimiento de algunos de los datos personales ahí contenidos se puede corroborar la idoneidad del servidor público para ocupar el empleo, cargo o comisión encomendado. En tal sentido, ante una solicitud de acceso a la información que se relacione con el título profesional, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán elaborar una versión pública en la que se omitirán los datos personales que no refieran al perfil profesional de su titular tales como la fotografía”.

Por lo pronto la entrega de la copia de ese documento sigue pendiente.

Otras historias del lado oscuro:

“Operación Safiro”: así utilizó el PRI a sus militantes para desaparecer 250 millones de pesos… Nuevas investigaciones revelan que militantes priistas fungieron como accionistas de empresas fantasma y cobraron cheques para blanquear los recursos desviados del Gobierno de Chihuahua en 2016.

INAI cumple un mes sin sesionar por falta de quórum; acumula 3 mil recursos de revisión rezagados… La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, señaló que hay 800 recursos más que están listos para ser votados.

Legisladores de Nuevo León usan bono «social» para gastos personales… La opacidad en la que los diputados locales de Nuevo León mantienen la partida conocida como “bono de gestoría” les permite ocultar del ojo ciudadano gastos más relacionados a un sobresueldo, no autorizado, que para el beneficio de la ciudadanía.

Y un podcast: Me autodeclaro negra… Lindinês de Jesus Sousa siempre quiso ser médica, pero para un brasileño negro, conseguir un cupo en la universidad para estudiar medicina era casi imposible. Una ley de «cuotas raciales» por reparación histórica le abrió una puerta, pero también la expuso a un esquema de fraudes y privilegios.

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Cualquier comentario, sugerencia de tema o temas (tips de investigación) no dudes en escribirme a aroche@ladobe.com.mx. Me encantará tener una conversación contigo.

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