En diciembre del 2020 Grisel Galeote Simbro y Gustavo Rodríguez Vera, de 31 y 67 años respectivamente, se presentaron en la oficina del corredor público Manuel Enrique Díaz y Pérez para constituir una empresa: Servicios Profesionales Casimlo.

De acuerdo con el acta constitutiva a la que tuve acceso a través del Registro Público de la Propiedad, Casimlo registró 37 posibilidades de negocio en su objeto social (el objeto social de una empresa es la actividad o actividades a la que se dedicará).

El objeto social de Casimlo

Entre ellas la “asesoría y consultoría en temas jurídicos, corporativos, administrativos, fiscales, financieros, de actuaría, contables, informáticos, legales, económicos, inmobiliarios y hasta de relaciones públicas e incluso la impartición de talleres y conferencias”.

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Un amplio catálogo de actividades, sin duda, aunque sobresale la oferta de conocimiento en la administración de empresas desde lo legal a lo fiscal y financiero. 

De hecho, en el padrón de proveedores del Congreso del estado, la primera entidad de gobierno en contratarlos, se registraron como “bufete jurídico” que ofrece “servicios de contabilidad y auditoría, servicios de consultoría en administración”.

El propio ayuntamiento en su padrón de proveedores del año pasado, que puede ser consultado en la Plataforma Nacional de Transparencia, le reconocen los siguientes giros comerciales a Casimlo: “Administración y supervisión de construcción de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicio / otros Servicio de apoyo a los Negocios / Bufetes Jurídicos / Servicios de arquitectura de Paisajes y Urbanismo / Servicios de contabilidad y auditoría”.

Es decir que al bufete jurídico y de administración de negocios le creció una ala relacionada con la obra pública en tan sólo un año. Nada mal para una empresa que en tan sólo seis meses de constituida comenzó a hacer negocios con entidades de gobierno por varias centenas de miles de pesos.

Con ese antecedente, ¿debería sorprendernos que Casimlo también se dedique al negocio de las redes sociales y la pauta publicitaria en línea? Tal vez no, pero de acuerdo con el acta constitutiva y con el registro en los padrones de proveedores públicos en la PNT, por ningún lado se observa que una de sus ramas de negocios sea el manejo de redes sociales y pauta publicitaria.

A pesar de ello, la coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puebla, a cargo de Fernando Cortés, le adjudicó por la vía directa (es decir sin tener que concursar por el contrato) a Servicios Profesionales Casimlo un contrato para que durante la segunda mitad del 2022 se encargara de la “publicación y difusión del quehacer gubernamental a través de pautaje en redes sociales del H. Ayuntamiento de Puebla”.

Captura del anexo del contrato del Ayuntamiento de Puebla con Casimlo

Un contrato de 2 millones de pesos, que es, de hecho, el más alto que ha tenido Casimlo en sus dos años de vida.

Aunque no es el único contrato que tienen con el ayuntamiento, las amplias capacidades de Casimlo le permitieron obtener otros dos contratos. El primero, también por adjudicación directa, con el organismo público descentralizado denominado “Industrial de Abastos Puebla” para acompañar la creación de manuales y la asesoría en materia de control interno, trabajo por el que cobraron 420 mil pesos.

Veamos que dice al respecto la Ley de Egresos del ayuntamiento capitalino para el año pasado respecto de los montos en los que pudiera aplicar la adjudicación directa. De acuerdo con el artículo 27 en los dos contratos anteriores debieron licitarse por concurso cerrado, es decir por invitación del ayuntamiento. Cosa que no sucedió. 

El otro, por 497 mil pesos, con la secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana que encabeza Matías Rivero Marines, para dar 11 talleres de capacitación para pequeños y medianos productores. 

En este caso sí hubo concurso por invitación. El ayuntamiento convocó a dos empresas más, pero una de ellas ni siquiera respondió y la segunda fue descalificada por no cumplir con un asunto técnico. Casimlo prácticamente ni concursó.

En 2022 fueron casi 3 millones de pesos facturados al ayuntamiento de Puebla y otro millón más en contratos con entidades estatales como la Universidad Politécnica de Puebla (mantenimiento a los andadores de la institución), Secretaría de Gobernación del Estado (colocación de estructura para el estacionamiento), Instituto de Educación Digital (venta de material educativo), Auditoría Superior del Estado (revisión de procedimientos de adjudicación en los organismos públicos descentralizados).

Una facturación de cuatro millones en su segundo año de vida como empresa, nada mal para la pareja emprendedora que tienen sus oficinas en las torres JV.

¿Hay un acto de corrupción en contratar a una empresa que no tiene la capacidad demostrada para un servicio y hacerlo por adjudicación directa? ¿Fue un asunto de cuates? Ustedes tienen la última palabra.

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El pasado lunes, el góber doble ese habló de que el segundo piso de la autopista, que se adjudicó a las empresas OHL y Pinfra, había sido un negocio con fines recaudatorios, vamos, un negocio de cuates entre el panista Rafael Moreno Valle, el priista Enrique Peña Nieto y las dos empresas, una de capital español y la otra de capital local.

“El segundo piso se hizo con una visión estrictamente recaudatoria, dirigir y beneficiando a la iniciativa privada. No hay vuelta de hoja con eso. Los análisis nos llevan a eso”, dijo el mandatario estatal en rueda de prensa.

Y agregó: “lo que se debió haber hecho fue el otro arco, un Arco Norte que saliera atrás de la Volkswagen”.

Es decir, el proyecto original que se planeó a principios de siglo, en el sexenio en el que gobernó Mario Marín, y que llegó a su escritorio por cortesía de OHL.

La empresa española había acordado con el gobierno de Marín que construiría esta vía sin costo para las finanzas públicas, a cambio obtendrían una concesión por 30 años. Marín había aceptado el acuerdo y la obra estaba en proceso: se habían comprado el 70% de los terrenos, hecho el estudio de inversión y trazado los planos.

Pero la compra de terrenos no avanzó como se esperaba, el cambio de sexenio, tanto local con la llegada de Moreno Valle a la gubernatura, como federal con Peña Nieto y el retorno del grupo Atlacomulco a Los Pinos, luego de dos sexenios panistas, modificó el plan original.

Moreno Valle quería un vitrina que le permitiera exhibir la transformación de Puebla capital, no olvidemos que el finado gobernador aspiraba a la presidencia de la República; y Peña Nieto quería seguir consintiendo a una de las empresas favoritas durante su paso por la gubernatura del Estado de México, y destrabar el proyecto del arco norte poblano.

Esto me contó Fernando Manzanilla (secretario de Gobernación en el gobierno de Moreno Valle) para una investigación que publiqué en Animal Político y Lado B sobre el segundo piso de la autopista:

“En la campaña de Peña Nieto le pidieron a los priistas locales que definieran los proyectos-compromisos de Peña para el estado. Y ahí es donde Rafael (Moreno Valle) mete (el Viaducto Elevado), a través de los priistas locales, a través de Fernando Morales, que para ese momento era presidente del PRI. No dudo que también Rafael haya cabildeado directo con el comité de campaña para que Peña Nieto metiera el tema y cerrar la pinza, porque finalmente sí había una alianza con Peña”.

No les cuento más, toda la historia en este link.

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Hace unos días el góber doble ese, dio a conocer una información que ha llenado los espacios noticiosos en los últimos días: su administración tuvo que pagar 2 mil 600 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por una gandalla decisión que tomó Rafael Moreno Valle en el 2015 y que las personas que gobernaron después de él no pudieron o no quisieron resolver. 

La historia seguro ya la leyeron pero se las resumo en unas líneas. A finales del 2008 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó un decreto mediante el cual los estados y municipios podrían conseguir la devolución y/o condonación de algunos pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores del estado.

Claro, para obtener ese beneficio tendría que haber firmado un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar, a más tardar el 30 de abril de 2009. Cosa que Puebla no hizo.

Me cuenta un exfuncionario de la secretaría de Finanzas en tiempos de Mario Marín, que la decisión de no firmar el convenio ni tramitar la condonación, ni de aprovechar el borrón y cuenta nuevo del gobierno federal fue del entonces subsecretario de Egresos del gobierno del estado, David Villa Issa (a quien por cierto se le ubicaba como aliado de Jorge Estefan Chidiac en tiempos del marinismo).

Las y los colegas han hecho ya la chamba de buscar información al respecto de la empresa Sistemas Lac que se encargó de tramitar la devolución (algunos buscaron, otros solo publicaron lo que les filtró el propio gobierno del estado), yo de momento sólo puedo aportar un dato más.

En 2015, cuando el SAT aceptó devolver al gobierno de Moreno Valle poco más de 700 millones de pesos, quien estaba al frente de la SHCP (de la que depende el SAT) era Luis Videgaray, con quien Moreno Valle tenía muy buena relación.

Pero luego llegó José Antonio González Anaya a la SHCP, cuando a Videgaray lo mandaron a la SRE, y ahí vino el manotazo y el SAT exigió la devolución del recurso y comenzó el largo juicio por parte del gobierno de Pueblo que terminó con el pago de 2 mil 600 millones de pesos.

¿Qué cambió en la relación con el gobierno federal? ¿De qué tamaño eran los acuerdos con Videgaray que Gonzalez Anaya no mantuvo? Muchas preguntas aún en el aire.

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Otras historias del lado oscuro:

Las y los comisionados del INAI irán hasta las últimas consecuencias para sesionar de nuevo… Para los comisionados del INAI, la resolución de la ministra Loretta Ortiz no fue ninguna sorpresa. Ya la esperaban y estaban preparados para ir a la siguiente instancia. Julieta del Río, consejera del INAI, admite en entrevista que el resultado es parte del acoso que el presidente ha mantenido sobre el instituto.

Los viajes del general secretario Luis Crescencio Sandoval… Lejos de los reflectores, sin alardes, los viajes del secretario de la Defensa Nacional (Sedena) son viajes de “terciopelo”, como se dice en el argot militar: en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia y visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas.

Asesor de Sheinbaum da capacitación fantasma… El gobierno de la Ciudad de México entregó un contrato de más de medio millón de pesos al afamado asesor de campañas electorales Antoni Gutiérrez-Rubí, pero no existen pruebas de su trabajo. Todo apunta a una asesoría fantasma. (reportaje con suscripción).

Y un podcast: Resistencia Marabunta… Miguel Barrera fue punk, usó drogas y se unió a pandillas. Pero cuando sus amigos empezaron a morir, algo cambió en él. Hoy Miguel y decenas de voluntarios se interponen entre los manifestantes y la policía en la Ciudad de México para defender el derecho a la protesta.

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Cualquier comentario, sugerencia de tema o temas (tips de investigación) no dudes en escribirme a aroche@ladobe.com.mx. Me encantará tener una conversación contigo.

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