Lado B
En la incertidumbre 100 nombramientos de base que dejó Claudia Rivera
De acuerdo con la abogada laboral, María Del Carmen Santamaría Espinosa, el cabildo presidido por Claudia Rivera pudo haber aprobado los cien nombramientos de base bajo una serie de inconsistencias; regidores de Morena denuncian venganza política; Ayuntamiento suspende pago de sueldos a las y los trabajadores afectados
Por Daniel Cruz Cortés @DanielCortesMx
30 de noviembre, 2021
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El 27 de octubre, a tan solo 12 días de haber entrado en funciones, la administración de Eduardo Rivera Pérez demandó, mediante la Sindicatura Municipal, a cien trabajadoras y trabajadores que recibieron nombramientos de base aprobados por el cabildo del gobierno anterior, en su última sesión extraordinaria el 11 de octubre de 2021.

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El fundamento de la autoridad: supuesta falta de probidad u honradez. Así, el Ayuntamiento reclama que el sindicato no fue notificado previo al proceso de designación de estas plazas, según fija el artículo 12 de las Condiciones Generales de Trabajo, y que tampoco se cumplió con todos los requisitos para obtener una base, según establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en su artículo 16.

Mientras el juicio se resuelve —lo que podría llevar hasta un año— trabajadores y trabajadoras viven en la incertidumbre, sin un ingreso fijo y a la espera de poder conservar su trabajo. No solo sus pagos quincenales están congelados, también lo estarán sus aguinaldos, bonos y otros estímulos previstos en la ley. En ese tenor, preocupa que no todas las personas puedan costear el largo procedimiento judicial que se avecina.

Acoso institucional y hostigamiento para renunciar a las bases

A pesar de que la demanda se admitió el 27 de octubre, el gobierno municipal congeló la nómina de las cien personas, y con ello los pagos de la primera quincena, desde diez días antes, denuncia una de las trabajadoras afectadas a esta casa editorial —que pidió se mantuviera su nombre bajo reserva para no entorpecer el proceso judicial que el Estado lleva en su contra—. Además, nunca recibieron información sobre lo que estaba pasando, agrega.

“Desde el 15 de octubre (…) no se me pagó y no se me informó de dicha suspensión, yo tuve que ir al tribunal a buscar qué estaba pasando. Es muy desgastante (…) El acoso institucional existe”.

Una vez recibida la demanda en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, el 10 de noviembre, finalmente dejó de ir a trabajar sin que se le pudiera acusar también de abandono de empleo, puntualiza.

En la incertidumbre, hay quienes siguen yendo a sus centros de trabajo, aún en noviembre, con la esperanza de recibir su pago pronto y no perder su única fuente de ingresos: “Tengo compañeros que están yendo a trabajar día a día. Los tienen sentados en una silla o sin actividades asignadas (…) Hay quienes están en la azotea del Palacio Municipal en el rayo del sol, sin hacer nada por ocho horas (…) A una compañera le quitaron su silla y la dejaron parada”, denuncia.

Hace dos semanas, Eduardo Rivera Pérez dijo a medios de comunicación, que quienes quisieran recuperar sus sueldos, podrían hacerlo siempre y cuando renunciaran a su base, para poder reingresar a la nómina municipal, pero ahora como personal de confianza. El alcalde enfatizó que se trata de una decisión libre y voluntaria.

Sobre esto, la trabajadora asegura que algunas de las cien personas ya han aceptado dicha oferta. Ante ello, teme que el Estado pueda cesar de sus funciones a ese personal re contratado en cualquier momento.

Inconformidad del sindicato

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Foto: Eduardo Rivera | Twitter

De acuerdo con documentación en poder de esta redacción, el Ayuntamiento sustenta las demandas en un reclamo presentado por el Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados “Licenciado Benito Juárez García”, en el que denuncia que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco no tomó en cuenta a ese gremio laboral para designar los nombramientos.

La queja en cuestión fue interpuesta ante recursos humanos del Ayuntamiento, sólo un día antes de que la Sindicatura emitiera formalmente las demandas. De inmediato, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla admitió los oficios y con ello, las suspensiones indefinidas entraron en efecto.

Las bases se aprobaron en la sexagésima segunda sesión extraordinaria de cabildo el 11 de octubre de 2021. Una sesión que destacó por el descontrol y las agresiones generadas afuera del Palacio Municipal.

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Mientras el cuerpo edilicio presidido por Rivera Vivanco dirigía la sesión protocolaria, los regidores panistas Enrique Guevara Montiel, Jacobo Ordaz Moreno y las regidoras Carolina Morales García y Luz del Carmen Rosillo Martínez, acompañaron al líder sindical Gonzalo Juárez Méndez en su manifestación al exterior del edificio gubernamental.

Al momento de pasar la votación, las y los regidores panistas externaron, entre el bullicio, su rechazo al dictamen que aprobó el nombramiento de las cien bases en cuestión.

El descontento de Juárez Méndez surgió desde que el Ayuntamiento no consultó al sindicato antes de entregar las bases, argumentando que se incumplió con el artículo 12 de las Condiciones Generales de Trabajo.

Dicho estatuto establece que, una vez que el Ayuntamiento tenga vacantes de base disponibles, debe notificar al sindicato para que este pueda enviar sus propuestas de personal para que cubran dichos puestos. 

Ahí se establece también que las únicas bases disponibles para la unión laboral serán las que pertenecieron a las y los trabajadores de base sindicalizados que renunciaron o fallecieron; así como las dejadas por personas pensionadas fallecidas o incapacitadas permanentemente.

LADO B conversó con la Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Ibero Puebla y especialista en asuntos laborales, María Del Carmen Santamaría Espinosa; quien sin temor a equivocarse, afirma que el único personal con posibilidad de una base, es el sindicalizado: “las plazas son del sindicato”, sentencia.

Ya que, asegura, el sindicato está compuesto por la gente cuyas responsabilidades laborales son meramente operativas y las únicas personas fuera del gremio sindical son las contratadas bajo el régimen de personal de confianza, indica.

Algunas bases podrían ser irregulares, advierte especialista

El segundo precepto que fue presuntamente vulnerado, es el del artículo 16 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla; el cual fija los requisitos para obtener una base, previo a la aprobación del cabildo. 

Estos deben ser: haber concluido un contrato de capacitación, tener una nota evaluatoria positiva del o la jefe inmediata, realizar una solicitud por escrito al o la presidente municipal y desempeñar funciones operativas y que no se consideren de confianza.

Este último punto es importante porque, a juicio de Santamaría Espinosa, el cabildo anterior pudo haber dado, en efecto, las bases a personal de confianza, aunque reiteró que será el Tribunal de Conciliación y Arbitraje municipal quien tome una determinación sobre el caso.

De acuerdo con la resolución 2021/324 de cabildo, los nombramientos se otorgaron de la siguiente manera: Analista Consultivo A (28), Analista A (25), Coordinador Especializado (13), Coordinador Técnico (12), Analista (7), Coordinador (4), Auxiliar B (3), Analista B (2), Analista Consultivo (2), Auxiliar (2), Coordinador Técnico (1) y Auxiliar de la Coordinación Administrativa (1).

Los puestos que podrían no ser operativos, apunta, son los de coordinadores y analistas, esencialmente. 

A decir de estos cargos, la abogada señala que sí son incluidos como puestos de confianza, según el artículo octavo y vigésimo quinto de la ley laboral de las y los burócratas municipales y de las Condiciones Generales de Trabajo, respectivamente.

De esta forma, la académica de la Ibero Puebla establece que el estatuto habla de forma general. Por ello, aunque en la resolución del cuerpo edilicio se describen las actividades de cada puesto, con la intención de justificar su calidad de personal operativo, al final, debe entenderse que las y los coordinadores y analistas, son también personal de confianza, insiste.

Ante este panorama, la jurista prevé que en algunos casos, efectivamente se pueden estar vulnerando los artículos 12 y 16 de las Condiciones Generales de Trabajo y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, respectivamente: “Sí pueden haber inconsistencias que no se contemplaron (…). Probablemente sí hubo violación a esos artículos y no es culpa de [las y] los trabajadores”, recalca.

Se perjudica a las y los trabajadores

La también abogada por la Upaep, reconoce que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje local podría tardar en emitir un fallo hasta un año.

Esta realidad complica aún más la situación económica de las y los empleados suspendidos que deben pagar su propia defensa jurídica. La empleada municipal consultada por LADO B, refiere que la única forma de responder a la demanda es por medio de un representante legal, cuyos honorarios iniciales ascienden a los 5 mil pesos: “El abogado que me va a asesorar, ya me pidió el pago de su trabajo, que es justo”, establece.

“No tengo nada (…) Me llegó de golpe, el mercado laboral está muy difícil. No sé qué hacer para pagar y salir de este proceso. Porque pueden ser años. Lo que tengo que hacer, es empezar a buscar empleo, a partir de ya. Porque si no, no voy a tener cómo solventar esta situación”, externa con preocupación la fuente consultada por esta casa editorial.

Morena denuncia estrategia miserable

Una de las voces que ha condenado las medidas promovidas por el Ayuntamiento de Puebla, es la del regidor morenista, Leobardo Rodríguez Juárez. En entrevista para LADO B, el también ex tesorero municipal, calificó de ‘miserable’, la forma en cómo se ordenó la suspensión de los salarios de las y los trabajadores afectados: “Esa [es una] estrategia miserable. Ofrecerles recuperar una quincena que ya les corresponde por derecho, que la tienen secuestrada y la tienen como moneda de cambio para pedirles que renuncien a una base”.

El funcionario defendió que la asociación gremial sí fue consultada. Aunque no hay registros oficiales de esta junta, en entrevista el hoy regidor sostiene que fue a través de una reunión informal previa a la sesión de cabildo, en la que se comunicaron las intenciones que la administración tenía de proponer a personal no sindicalizado, para la obtención de una base.

Asimismo, declaró que el sindicato ya ocupa todas las bases que por ley le corresponden: “Esos espacios tienen nombre y apellido, (…) ellos deben tener la lista muy clara porque los enviaban quincena con quincena”, afirma.

Denunció que la síndica María de Guadalupe Arrubarena García está actuando a favor de los intereses de Gonzalo Juárez: “El sindicato es el que le marca la agenda a la síndico municipal”, puntualiza.

Advierte que la decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, puede ser parcial: “Es un tribunal que está constituido por propuestas del patrón. Es decir, el [o la] presidente municipal en turno propone a la o el [magistrado] presidente, a un magistrado [o magistrada] representante del Ayuntamiento y el sindicato propone a [la otra magistratura]”, indica.

Acusó que dicho órgano judicial dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, no ha informado quienes integrarán el pleno durante este trienio, hasta este momento.

Por ello, lamentó que el gobierno de Rivera Pérez use la fuerza burocrática para cargar la responsabilidad de una decisión de cabildo a las y los trabajadores: “El gran perjudicado es el trabajador. Lo deja en total indefensión, en total imposibilidad de recurrir a diversas instancias; y es lo que estamos viviendo hoy, un tribunal totalmente sesgado a la voluntad del patrón”, revela.

En ese sentido, el funcionario aseguró que junto a las y los regidores de Morena, no se abandonará a nadie cuyo nombramiento de base haya sido suspendido. Por ello, pidió que quienes se encuentren en esta situación, pueden solicitar asesoría gratuita al teléfono 222 192 9223. Dicho acompañamiento será de principio a fin, recalca.

Asunto llega a Cámara de Diputados y congreso estatal

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Foto: Olga Valeria Hernández

El 17 de noviembre, las y los regidores morenistas de Puebla, acudieron en compañía de la diputada federal Julieta Vences Valencia y los diputados locales José Iván Herrera Villagómez, Carlos Alberto Evangelista Aniceto y Edgar Valentín Garmendia de los Santos, al recinto legislativo de San Lázaro. 

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En conferencia de prensa, Leobardo Rodríguez denunció que las autoridades municipales llevan a cabo tácticas de discriminación y hostigamiento contras las y los empleados afectados. Pidió también, a nombre del cuerpo edilicio, la intervención de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social federal.

De vuelta al Congreso de Puebla, Herrera Villagómez promovió un punto de acuerdo durante la sesión pública ordinaria del 18 de noviembre, para que se exhorte al ayuntamiento capitalino, a reconsiderar las medidas empleadas para suspender los nombramientos de base. A pesar de tener mayoría, su bancada no lo respaldó, ya que solamente el morenista Carlos Evangelista, se adhirió a la propuesta en ese momento

El pleno permaneció en silencio, hasta que el panista Rafael Micalco Méndez tomó la palabra para decir que espera que la ley prevalezca y que se encuentre un consenso entre el Ayuntamiento y para las y los trabajadores afectados. En esa tribuna, el legislador calificó a la administración pasada de ser ‘pésima’ y ‘desastrosa’.

 

*Foto de portada: Marlene Martínez 

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Autor Lado B
Daniel Cruz Cortés
(He/Him/Él) De la Ciudad de México, pero adoptado por Puebla. Estudio Comunicación en la BUAP. Me gusta hablar, escribir, hacer radio y estar en permanente estado de aprendizaje. Me apasiona el periodismo, la comunicación política y el cambio social. Con el objetivo de mantener y defender siempre el derecho a la libertad de expresión e información.
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