En la ley también se reconoce que el Derecho de Acceso a la Información de las personas implica la posibilidad de “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”.

Y al ser un derecho humano alcanza a todas las personas sin límite más allá de los que legalmente se han establecido, y para esos límites se reserva la información o se declara confidencial.

Por ello cuando se hace una solicitud de información podemos poner nuestro nombre o elegir un seudónimo, porque en realidad para el ejercicio del DAI usando la ley de transparencia no importa quién solicite la información, se tiene que atender la petición sí o sí.

En una sesión de la serie de Cátedra de Transparencia que este año se organizó en conjunto entre el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Ayuntamiento de Puebla, la Ibero y Lado B, el periodista Rafael Cabrera –uno de los autores de la investigación periodística La Casa Blanca de Peña Nieto– contó que una estrategias para evitar hacer evidente la búsqueda de información por parte del periodista puede ser el uso de seudónimos.

¿Se vale? Sí, porque legalmente nada lo impide, y porque muchas veces es más fácil conseguir información ocultando la identidad que haciéndola del conocimiento del ente de gobierno.

Todo esto viene a cuento porque hace unos días recibí la respuesta a una solicitud de información que le hice al Banco de Tierra, en donde le pedí una copia del contrato de compraventa del terreno en donde se edificará la nueva sede del Congreso del estado.

En su respuesta el Banco de Tierra decidió reservar la información argumentando que está en revisión en una auditoría . Más allá de que sea o no legal la reserva –eso le tocará revisar al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla–, el Banco de Tierra decidió que entregarla a un periodista podría ser un riesgo.

En su respuesta el Banco de Tierra dice:

“Entregar la información haciéndola pública equivale a revelar datos precisos, concisos, determinados y determinantes para el análisis, proceso y resultado de la mencionada auditoría”.

El problema viene en el siguiente párrafo:

“Además de obstruir las actividades propias de la fiscalización, otro riesgo latente es la dispersión o diseminación de la información por parte de la persona solicitante generando inconvenientes a las acciones de investigación (…) alterando los resultados antes de que estas puedan concluirse”.

Sobra decir que en mi solicitud no usé seudónimo ni oculté mi identidad, al contrario, puse mi nombre en todas sus letras. Y por ello, el Banco de Tierra considera que entregar una copia de un contrato que implica el gasto de 86.5 millones de pesos a un periodista es un riesgo.

Con ello, el Banco de Tierra no sólo viola mi Derecho de Acceso a la Información, viola también el derecho de todas las personas que leen periódicamente la información que publico. Además, prevé que si la información de la compra del terreno se socializa (cosa que ya sucedió, por cierto) va a alterar el trabajo de gobierno. Ah caray, caray.

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Por cierto, el Banco de Tierra también clasificó como reservada las actas de sesión del comité técnico del año 2022. En una de las sesiones de ese año, la que se realizó el 19 de octubre de 2022, el comité técnico aprobó la compra del terreno de la mamá de Jorge Estefan Chidiac.

Si en la compraventa no hubo ninguna irregularidad, ¿por qué entonces el Banco de Tierra insiste en cubrir de opacidad el proceso y ocultar toda la información?

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Pero regresando al tema central de este boletín de noticias, diré que es la segunda vez en el último año que me encuentro con una respuesta en donde las entidades de gobierno consideran el trabajo periodístico un riesgo y niegan la información.

En noviembre pasado publiqué en Lado B una nota sobre las personas que compitieron en la elección del 2021 y que de acuerdo con la Secretaría del Defensa Nacional (Sedena) podrían estar vinculados con el crimen organizado:

Esta fue la nota: #SedenaLeaks: 18 candidatos vinculados al crimen organizado en la elección del 2021.

Dos días antes de publicar la información solicité lo siguiente a la Fiscalía General del Estado:

“Solicito se me informe el número de personas denunciadas y los números de las carpetas de investigación que se iniciaron a raíz de la denuncia anunciada (por el gobernador). Pido también se me informe el estatus en que se encuentran las carpetas de investigación y, si fuese el caso, el número de personas detenidas”.

En su respuesta la fiscalía negó el acceso previendo, según ellos, como sería utilizada:

«Derivado del análisis de su solicitud de información, se observa que la esencia pura de la misma pretende coligar los hechos con alguna persona física, ello derivado de la declaración realizada por el Ejecutivo en dicha fecha; por lo cual, en apego a las disposiciones normativas que regulan la protección de datos confidenciales, nos encontramos imposibilitados jurídicamente para pronunciarnos en sentido afirmativo o negativo, respecto a la existencia de las denuncias, número de carpeta de investigación, estatus y detenidos.»

De nuevo una respuesta a una solicitud de información basada en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y la Ley de Transparencia en la que una entidad de gobierno rechaza hacer públicos datos para que no sea utilizada con objetivos periodísticos.

La información es un bien público, no es propiedad del gobierno ni se puede negar el acceso a ella, porque se piense que será utilizada para golpear la función pública.

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Otras historias del lado oscuro:

Empresas fachada, contratos hinchados y un secuestro: así se destapó una megatrama en el Estado de México por 5.000 millones de pesos… La periodista Teresa Montaño fue secuestrada en 2021 mientras investigaba la red en el Estado mexicano. La organización Forbidden Stories retoma su trabajo y revela un esquema de sociedades ficticias y contratos públicos.

Ocultan datos de venta de avión, por seguridad… de Tayikistán… El contrato de compraventa del avión presidencial y la documentación de las negociaciones entre los gobiernos de México y Tayikistán para la transacción fueron declaradas como información confidencial y bajo reserva por el gobierno federal y se podrán conocer hasta 2028.

Por orden judicial, el INAI sesiona con solo cuatro comisionados; es su primera sesión en dos meses… De manera excepcional, el pleno del INAI sesionó este lunes para acatar resoluciones de juzgados y tribunales que le ordenaban atender casos específicos, aunque por ahora solo tenga cuatro de los siete comisionados con los que debería contar.

Y un podcast: El hilo, Las dos caras del modelo Bukele… Desde hace meses, las pandillas en El Salvador ya no controlan áreas que antes dominaban. Comunidades que sufrieron violencia y extorsión durante décadas, ahora experimentan una seguridad que algunos no habían conocido. Es uno de los resultados del régimen de excepción que impuso el gobierno de Nayib Bukele hace más de un año, en marzo de 2022, pero no todo es miel sobre hojuelas.

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Cualquier comentario, sugerencia de tema o temas (tips de investigación) no dudes en escribirme a aroche@ladobe.com.mx. Me encantará tener una conversación contigo.

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