Lado B
Tras ocho meses sin titular del Itaipue, urge que Congreso renueve comisiones
“Se está violentando el derecho de acceso a la información de la ciudadanía”, declara Shanik Amira David George, Maestra en Derechos Humanos de la Ibero Puebla
Por Daniel Cruz Cortés @DanielCortesMx
07 de octubre, 2021
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La LXI legislatura inicia el periodo legislativo enfrentándose a graves problemas que atañen al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue).

El problema reside en que la ex comisionada María Gabriela Sierra Palacios presentó su renuncia el 22 de febrero de este año, pero no se ha lanzado la convocatoria para elegir a quien ocupará su puesto.

Debido a la urgencia que las y los diputados de la pasada legislatura tuvieron por participar en sus campañas de reelección y a las múltiples pugnas generadas entre grupos parlamentarios, la convocatoria para suceder a Sierra Palacios nunca fue generada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del periodo legislativo anterior, presidida por la diputada Mónica Lara Chávez (PES).

Ahora, corre a cargo de la nueva legislatura corregir esta omisión pues, de no ser así, el instituto podría perder legitimidad. 

Además de la vacante que dejó libre la ex comisionada Gabriela Sierra, preocupa que, a partir del 5 de enero de 2022, el plazo de Laura Marcela Carcaño Ruiz como integrante del pleno del organismo llegará a su fin. De acuerdo con el estatuto legal, la convocatoria debería emitirse en la tercera semana del presente mes, es decir, en dos semanas: de ahí su urgencia.

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Así, el Congreso estatal tiene la obligación inmediata de definir la convocatoria para la integración de dos nuevas comisionadas o comisionados del organismo público de transparencia, para llenar las vacantes de Gabriela Sierra y  Laura Carcaño, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Transparencia.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 29 de la citada ley, el Congreso es el único órgano facultado para la elaboración y aplicación de las convocatorias, y este deberá lanzarse durante la tercera semana de octubre de cada año par.

Cada comisionado o comisionada deberá ocupar un lugar en el pleno por un periodo de seis años e irá saliendo, de manera escalonada, cada dos años. Por lo tanto, el Legislativo local deberá hacer las modificaciones para que quienes ocupen la vacante disponible y aquella que está por venir, se adapten a estos plazos. 

Idealmente, esto implicaría que el perfil que sustituya a Laura Carcaño deberá fungir de 2023 a 2025, es decir, con un periodo reducido de dos años; en el caso de Gabriela Sierra, quien llegue a ocupar su lugar deberá hacerlo hasta finales de 2023; posteriormente, se realizaría una sucesión orgánica de ese puesto, y quien lo obtenga integrará el pleno hasta el año 2029.

Una vez aplicada esta adaptación de los tiempos, los plazos se cumplirán de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia estatal.

Perfiles, retos y obligaciones de la actual legislatura

Foto: congresopuebla.gob.mx

La nueva Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la LXI legislatura ya está conformada —aunque todavía no se ha instalado— y se conforma de la siguiente manera:

  • Presidenta: Karla Victoria Martínez Gallegos (Morena)
  • Secretaria: Karla Rodríguez Palacios (PAN)
  • Vocal: Fernando Sánchez Sasia (Morena)
  • Vocal: María Ruth Zárate Domínguez (Morena)
  • Vocal: Mariano Hernández Reyes (PT)
  • Vocal: Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI)
  • Vocal: María Isabel Merlo Talavera (PRI)

De estos perfiles, según la responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos, Shanik Amira David George, ninguno cuenta con experiencia en temas de transparencia y acceso a la información.

Asimismo, la también Maestra en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, comentó que el congreso estatal deberá adaptar y corregir los plazos que ocuparán los nuevos perfiles en sus respectivos cargos, para finalizar su mandato. Estos plazos deberán concordar con la Ley de Transparencia de Puebla, puntualizó.

También es fundamental que el Congreso del Estado inicie los procesos de renovación de comisiones lo antes posible, comentó. De no lanzarse las respectivas convocatorias antes de finalizar el año, el órgano garante de transparencia en la entidad podría quedarse con un solo comisionado: Francisco Javier García Blanco —quien fue elegido el pasado 6 de enero por un periodo de seis años, sustituto de Carlos German Loeschmann Moreno—. Sin embargo, la ley establece que el pleno debe conformarse por una cantidad impar de personas, en este caso, por tres, insiste Shanik David.

Sin embargo, de acuerdo con la Maestra David George, el Congreso podría comprar tiempo al ampliar la permanencia de la actual comisionada Carcaño Ruiz, por un año más, es decir, hasta 2023. Durante este tiempo, el recinto legislativo estatal deberá ejecutar las medidas pertinentes para resolver ambas convocatorias dentro del plazo que indica la ley; priorizando la que sustituirá a Gabriela Sierra, ya que el puesto que ella ocupó hasta febrero de este año, ha permanecido vacante por casi ocho meses.

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Aunado a ello, Shanik David George externa su preocupación ante la falta de interés del Ejecutivo en temas de transparencia: “En general, creo que los temas de transparencia, no es algo que el gobernador le (…) ponga mucha atención siquiera”, declaró la académica, quien también recordó que, a inicios de la administración de Miguel Barbosa Huerta, se ordenó la desaparición de la Coordinación Estatal de Transparencia.

Comunidad académica emite recomendaciones a la LXI Legislatura

Foto: Cortesía

En miras a este procedimiento, la Maestra Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, presentó en rueda de prensa organizada por la Ibero Puebla, una serie de recomendaciones dirigidas a las y los legisladores y también a quienes participen como aspirantes en el proceso de selección de las comisiones del Itaipue.

Al Congreso, compartió las siguientes sugerencias:

  • Garantizar el acceso a la información de la ciudadanía y la máxima publicidad de este procedimiento.
  • Otorgamiento de perfiles con base en las capacidades y méritos de cada aspirante y no como posible cuota política.
  • Establecer los plazos que marca la ley, con tiempo suficiente, para que la ciudadanía pueda informarse y participar en el proceso de selección.
  • Realizar un análisis profundo de los perfiles a considerar, acompañado de una comisión especializada en temas de transparencia.
  • La selección deberá ser nutrida por la participación activa de organizaciones civiles y comités ciudadanos.

Para la elección de perfiles, el Observatorio de Designaciones Públicas propone los siguientes puntos a tomar en cuenta:

  • Los perfiles deben garantizar autonomía partidista e independencia política.
  • Las y los aspirantes deben contar con integridad pública reconocida, sin conflictos de interés, vínculos de fraude o acusaciones de violencia de género.
  • Quienes pretendan ocupar alguna de las comisiones del instituto, deberán acreditar experiencia en habilidades para generar consenso e intercambio de información con múltiples actores; en lo académico se deberán tener conocimientos en administración pública, gobierno electrónico y gobierno abierto.
  • Su trayectoría debe caracterizarse por tener valores democráticos. Para las y los interesados con experiencia en temas de transparencia, tendrá que ofrecerse evidencia de las acciones que implementaron para ampliar el derecho a la información de la ciudadanía, siempre en el marco de los derechos humanos. 

Por su parte, el responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, puntualizó que desde julio de 2020, estudiantes y docentes de la universidad jesuita presentaron una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Ley de Transparencia del estado. 

Esta propuesta pretende estandarizar el acceso a las comisiones del pleno del Itaipue, mediante la aplicación de un examen de conocimientos: “Lo que busca, es terminar con la lógica de captura institucional que ha habido en los organismos autónomos en la entidad (…) Busca atenderse (…), tal y como establece la Ley General de Transparencia [en su artículo 38], que los procedimientos para la selección de personas comisionadas deben estar garantizados por criterios como transparencia y participación social”, puntualizó Alonso Muñoz.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

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Autor Lado B
Daniel Cruz Cortés
(He/Him/Él) De la Ciudad de México, pero adoptado por Puebla. Estudio Comunicación en la BUAP. Me gusta hablar, escribir, hacer radio y estar en permanente estado de aprendizaje. Me apasiona el periodismo, la comunicación política y el cambio social. Con el objetivo de mantener y defender siempre el derecho a la libertad de expresión e información.
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