La violencia familiar incrementa año con año en Puebla y los datos respecto a los programas emprendidos para prevenirla, así como sus resultados, no son de acceso público. Esta información no está disponible en los apartados de transparencia de las instituciones, y al ser solicitados directamente a las y los funcionarios, estos piden que se agote la vía de solicitud de información para acceder a ellos, pese a que muchos tienen  plazos de suspensión debido a la pandemia por COVID-19.

Además, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero señala que tampoco hay un seguimiento adecuado de los casos de violencia familiar que les ha tocado acompañar, en especial donde las mujeres son víctimas de este delito, pues cuando se emite una orden de protección y esta concluye: no verifican que el riesgo haya desaparecido, lo cual pone en peligro a las víctimas. 

Para empezar, es importante destacar que hay una  Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado que establece que son las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, y Salud; la Fiscalía General de Estado, el Sistema Estatal DIF, el Instituto Poblano de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, quienes deben emprender las estrategias para disminuir la violencia familiar, pero estas no han tenido resultados positivos, al menos eso es lo que evidencian las estadísticas. 

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelan que este delito aumentó un 0.53 por ciento en 2020, respecto al 2019. El incremento del delito de 2019 a 2020 apenas alcanza medio punto porcentual, pues el año pasado se abrieron 9 mil 125 carpetas de investigación (CDI) por este ilícito, mientras que en 2019 fueron 9 mil 77. 

Sin embargo, esta tendencia al alza ha permanecido en los últimos cinco años. De 2018 a 2019 el aumento fue del 24.4 por ciento; de 2017 a 2018 el incremento fue del 15.31 por ciento; de 2016 a 2017 el aumento fue del 13.2 por ciento; y de 2015 a 2016 el incremento fue del 11.1 por ciento.

Gráfica de CDI por violencia familiar por año:

Y la misma opacidad se encuentra en las comparecencias ante el Congreso de las y los titulares de las dependencias que tienen un papel importante para prevenir, y disminuir, la incidencia de este delito, pues no brindan datos concretos sobre los resultados de las acciones que están obligados a emprender.

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Ese es el caso del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, quien no brindó mayor información sobre la prevención del delito durante su comparecencia, el 9 de febrero, ante el Congreso.  

A pregunta expresa: “¿Qué campañas se han implementado para prevenir el delito de violencia familiar y cuántas han sido las campañas para impulsar la cultura de la denuncia sobre el delito de violencia familiar?”, formulada por la diputada Guadalupe Esquitin Lastiri (MC), Higuera Bernal no contestó y se limitó a dar algunos datos generales sobre del delito.  

En el caso de Mónica Díaz de Rivera Álvarez, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), dijo durante su comparecencia, el 25 de enero, que en 2020 emprendieron diversos programas para prevenir la violencia familiar en contra de las mujeres, entre ellos “Por una cultura libre de violencia” 一que estuvo dirigido a niñas, niños y adolescentes, y que tenía el fin de informar sobre el tema con diversos foros y talleres lúdicos一, pero no brindó más detalles en materia de prevención. 

LADO B solicitó información detallada sobre los programas para prevenir la violencia familiar hacia mujeres, niñas y adolescentes a la SIS, —como el medio en el que se han difundido las campañas, los lugares ubicados (en caso de tratarse de material gráfico impreso) y los costos totales de estas campañas, así como la evaluación  y sus resultados—, y la respuesta fue que dichos datos se encontraban públicos en la pestaña de transparencia de la dependencia, pero al consultarlos no estaban ahí. 

Después de una segunda llamada a la institución, esta dijo se podía pedir esa información por un oficio simple; este fue entregado ese mismo día. Pasados unos días, finalmente dijeron que tenía que pedirse por solicitud de información, por lo que no fue posible conocer esos indicadores ni la evaluación de sus campañas de prevención y atención de la violencia de manera puntual.

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Así mismo, LADO B también  preguntó al Sistema Estatal DIF sobre los programas de prevención y atención de la violencia familiar hacia niñas, niños y adolescentes, así como sus resultados, tampoco hubo información. Respecto a las cifras de atención de menores de edad víctimas de violencia familiar, quien tomó la llamada comentó que esos datos sólo se pueden otorgar entre instituciones relacionadas a los casos, y si es solicitada por particulares debe ser a través de una solicitud de información. 

Es importante señalar que el DIF y la Secretaría de Igualdad Sustantiva tienen plazo de suspensión respecto a sus obligaciones de transparencia debido a la pandemia por COVID-19. Así, ni por solicitud de información es posible tener esos datos, al menos hasta que lo determine el Itaipue.  

La Fiscalía no da certeza a todas la víctimas de violencia familiar: experto

Foto: Karolina Grabowska | Pexels

El problema no es sólo que no exista información pública respecto a la prevención de la violencia, sino que en los casos en donde ya hay denuncias de por medio, tampoco hay un seguimiento para garantizar la seguridad de las víctimas. 

Roberto Rosete, responsable del área jurídica del Idhie,  comenta que  han otorgado orientación jurídica, psicosocial y, en algunas ocasiones, han realizado acompañamiento en casos de violencia familiar para presentar denuncias o solicitar órdenes de protección. Durante estos acompañamientos se han percatado que existe un incumplimiento por parte de la Fiscalía General del Estado respecto a la atención de este problema.  

Rosete Gúzman explica que cuando las víctimas solicitan seguir recibiendo las medidas de protección familiar por parte de las autoridades se encuentran, en muchos casos, con una respuesta negativa, y la institución ni siquiera verifica que el riesgo haya terminado. Esto es algo que también impide la  prevención del problema. 

Asimismo, destaca que las acciones para prevenir la violencia en contra de las mujeres no han sido suficientes a pesar de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVGM) hace más de un año, y dijo que las agresiones consideradas como violencia familiar deberían analizarse como un indicador sobre el aumento de la violencia hacia las mujeres, en casos concretos; lo que debería dar lugar a que la Fiscalía ejerza acciones no solo de investigación sino de protección para evitar que la violencia escale.

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Y algo que también es importante considerar, explica Rosete Gúzman, es no hay información pública sobre las particularidades de los casos de violencia familiar, como las edades, sexo y otras características sociodemograficas de las victimas: “no sabemos como se está presentando la información. Esto impide saber si se están enfocando de manera adecuada los programas de prevención”.

Sobre la falta de transparencia en instituciones como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, el DIF y la misma Fiscalía, Roberto Rosete apunta que antes de recurrir a las solicitudes de información es necesario que estos organismos publiquen de manera periódica, en sus páginas de transparencia, un informe con todos los datos referentes a las problemáticas que les toca atender. 

Además, destaca que es necesario que el Congreso modifique los reglamentos, leyes orgánicas para estipular de manera puntual cuáles son los datos que deben ser públicos o que las y los titulares deben de compartir en sus comparecencias, pues muchas preguntas se quedan sin responder y eso evita que se conozca qué se está haciendo en materia de prevención de materia familiar. 

*Foto de portada: jcomp | Freepik