Lado B
FGE intenta dar carpetazo al caso de represión contra estudiantes BUAP en 2015
A seis años de la agresión cometida por policías municipales contra una veintena de estudiantes de la BUAP, integrantes del CUEP, la FGE intentó desechar la investigación por falta de pruebas y presuntos responsables, pese a que se tiene toda la evidencia
Por Aranzazú Ayala Martínez @aranhera
08 de junio, 2021
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Todo empezó el 8 de febrero de 2015, cuando un grupo de estudiantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (CUEP), dedicados a dar cursos gratuitos para la preparación del examen de admisión de la BUAP, fue atacado por cerca de 30 personas, quienes las y los golpearon con macanas, palos y varas. 

Miercoles

Los hechos sucedieron en el zócalo de la ciudad, mientras las y los estudiantes exigían, en un plantón, un diálogo con autoridades para tener espacios donde impartir los cursos gratuitos, así como un alto al acoso por parte de la universidad, pues guardias de seguridad habían impedido que dieran cursos en las instalaciones de CU.

Ocho de las y los manifestantes fueron privados de su libertad durante varias horas y torturados. Esa día había seis patrullas de la policía estatal y municipal en el zócalo, que no hicieron nada ante los actos de violencia, e incluso una de las unidades escoltó a la camioneta que privó de su libertad a estos estudiantes.

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Esta agresión dio pie a que se abrieran tres Averiguaciones Previas por nueve delitos. Sin embargo, a seis años del ataque, la Fiscalía General del Estado (FGE) quiere dar por cerrado el caso.

El 29 de marzo de 2021 los integrantes del CUEP fueron notificados por escrito que la FGE archivaría el caso por “obstáculo material insuperable” respecto a los delitos de lesiones, amenazas, amenazas cumplidas, tortura, privación ilegal de la libertad, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y robo.

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La abogada Monserrat González Fernández, del Despacho Jurídico González y Asociados, quien actualmente lleva el acompañamiento legal de las y los estudiantes, explicó a LADO B que el obstáculo insuperable significa que se archiva una averiguación previa (ahora Carpeta de Investigación, con el nuevo sistema de justicia penal) porque no existen probables responsables ni pruebas suficientes para investigar. 

Para la asesora jurídica, la decisión de la FGE es totalmente discordante, ya que existen todas las evidencias para ejercer acción penal contra los únicos presuntos responsables identificados por las agresiones, hasta el momento: los policías municipales señalados desde 2015.

Las evidencias de las agresiones

Especialmente en las tres Averiguaciones Previas abiertas (AP 91/2015/DMZS III con acumuladas AP 100/2015/DMZS III y AP 281/2015/GDSD) se encuentra toda la evidencia de las agresiones señaladas. 

Esto pudo ser confirmado por la abogada Monserrat González, luego de imponerse de autos para revisar la AP (junto con las dos acumuladas) en la Fiscalía, pues se les ha negado a las y los estudiantes tener una copia certificada de esta desde finales de marzo, incluso cuando la propia FGE dijo en un principio que se las otorgaría. 

No obstante, González pudo comprobar que en la AP, efectivamente, están todas las pruebas, entrevistas, imágenes y documentos necesarios para la investigación.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la recomendación 11/2015, poco tiempo después del ataque. En dicho documento se enlistan todas las pruebas existentes de las agresiones contra las y los estudiantes, como grabaciones, videos de cámaras de seguridad y declaraciones de las personas afectadas y testigos

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La misma recomendación revela que elementos de la policía municipal fueron, al menos, omisos ante el ataque que sufrieron las y los estudiantes; dos eran menores de edad. 

“(…) al lugar llegaron a bordo de unidades oficiales y estuvieron presentes durante las agresiones, elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, quienes a pesar de observar, no intervinieron a prestar el auxilio y protección a las personas agredidas, aunado a que no realizaron algún acto tendiente a ejecutar la detención de los agresores y mucho menos a garantizar la atención médica de las víctimas de manera inmediata a los hechos”, dice el documento.

Por otra parte, la abogada aclaró que hay delitos que se persiguen de oficio, como la tortura, por ser violaciones graves a los derechos humanos; esto quiere decir que se deben investigar y sancionar sin necesidad de que exista una parte demandante o presuntos responsables identificados. Y explicó que, en caso de no identificarse a alguien más, se debe sancionar a los policías ya señalados.

Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, la FGE determinó el obstáculo material insuperable. 

La respuesta del CUEP ante las omisiones

Ante todo esto, la defensa jurídica del CUEP envió escritos e interpuso un recurso, argumentando que el caso no se puede archivar pues, efectivamente, existen numerosos datos de prueba, que están tanto en las AP como plasmados en la investigación que hizo la CDH para la recomendación.

El 31 de mayo fue cuando los representantes legales de las y los estudiantes entregaron escritos a la FGE y al gobernador Miguel Barbosa, en los cuales explicaban todos los motivos por los cuales se debe seguir investigando.

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En el documento, del cual LADO B tiene una copia, se especifica que los probables responsables (en este caso policías municipales de Puebla) están señalados, tal y como lo demuestra la recomendación 11/2015 de la CDH.

La semana pasada, el jueves 3 de junio, Gaby Zambrano, una de las integrantes del CUEP quien fue víctima de agresión, relató que fueron nuevamente a las instalaciones de la FGE para ver qué pasaba con el caso. Ese día, personal de la Fiscalía les tomó fotos de sus rostros y llamó a algunos estudiantes por su nombre completo, para hacerles saber que están plenamente identificados.

No obstante, ella no ha sido la única que ha vivido intimidación por parte de las autoridades; la defensa jurídica de los estudiantes universitarios comentó que después de haberse nombrado oficialmente como abogada del caso, el 15 de abril, y empezar a pedir los papeles oficiales, documentó la presencia de patrullas de la FGE afuera de su domicilio durante cuatro días seguidos.

Al preguntar este lunes 7 de junio a la Fiscalía su postura respecto al caso de las y los estudiantes, y aclarar que todas las pruebas vienen en la recomendación de la CDH, su respuesta, mediante enlace de prensa, fue: “la recomendación es para el Pdte Municipal de Puebla [que en ese momento era Antonio Gali Fayad], no para FGE. La Comisión concluyó el expediente referente a Derechos Humanos de FGE”. 

Hasta el momento, no se cuenta ni con la copia certificada de la AP, y las autoridades siguen siendo omisas ante las peticiones de estudiantes del CUEP y sus acompañantes legales, para seguir investigando las agresiones de hace seis años.

*Foto de portada: Marlene Martínez

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Autor Lado B
Aranzazú Ayala Martínez
Periodista en constante formación. Reportera de día, raver de noche. Segundo lugar en categoría Crónica. Premio Cuauhtémoc Moctezuma al Periodismo Puebla 2014. Tercer lugar en el concurso “Género y Justicia” de SCJN, ONU Mujeres y Periodistas de a Pie. Octubre 2014. Segundo lugar Premio Rostros de la Discriminación categoría multimedia 2017. Premio Gabo 2019 por “México, el país de las 2 mil fosas”, con Quinto Elemento Lab. Becaria ICFJ programa de entrenamiento digital 2019. Colaboradora de “A dónde van los desaparecidos”
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