Elva Mendoza | Quinto Elemento Lab

En un cuarto de la segunda planta de la casa, Chuy mira una película en la televisión. Alrededor de él hay decenas de cobijas tendidas en el piso donde dormirán en filas los 35 hombres que viven en este centro de rehabilitación de adicciones en Nezahualcóyotl, Estado de México. En cuanto dan las seis de la tarde, el encargado corta en seco la película, ordena despejar el área, colocar sillas y traer de la otra habitación una tribuna de madera.

“Mi nombre es Enrique y soy alcohólico drogadicto”, arranca un hombre de 36 años, el primero de la lista de oradores en la tercera junta del 12 de noviembre de 2022. “Para poder detener a ese monstruo que vive dentro de mí, debo estar dentro de una agrupación, compañeros”. Chuy se quedó en la puerta. Pasará el rato inclinado sobre una mesa, trazando círculos en una pequeña hoja de papel. (Ver video)

Foto: Bernardo de Niz

Él no se llama Chuy pero así le pusieron en otro centro de rehabilitación donde lo dejaron los funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hace cuatro años. En este otro lugar, al que llegó en 2022, lo llaman Pe-pe porque son las dos únicas sílabas que suele pronunciar.

Chuy no portaba identificación el día de 2019 cuando la policía municipal lo encontró descalzo y sucio en una parada de autobuses del Estado de México. Nadie acudió a recogerlo luego que la comisaría publicó una ficha con su foto y su descripción como una persona sordomuda de entre 30 y 35 años de edad.

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No es la única persona que el DIF ha dejado en un centro de rehabilitación para personas con adicciones sin tener un problema de adicción. En 2021 dejó en el mismo lugar a Beto, un niño de 13 años que dormía en un mercado desde que murieron sus abuelos.

Los casos de Chuy y Beto no son excepcionales. Una investigación de Quinto Elemento Lab encontró que los Sistemas dif han encerrado a cientos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en estos sitios también conocidos como “anexos”. Aún cuando al interior de estos centros se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.

Una revisión a miles de documentos oficiales, búsquedas hemerográficas, y la conversación con víctimas y testigos permitió conocer que los Sistemas DIF de al menos nueve estados lo hacen. Eso, en lugar de integrarlos a una comunidad donde estén seguros y donde puedan desenvolverse, lo que contraviene leyes nacionales y tratados internacionales.

El Sistema DIF nacional no atendió a repetidas solicitudes de entrevista.

Una vista al anexo donde vive Chuy, una tarde de noviembre de 2022. Los DIF pagan a centros como este entre mil 900 y 15 mil pesos al mes por persona alojada | Foto: Bernardo de Niz

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