A nivel global crecen las preocupaciones por los saldos negativos que podría dejar la pandemia de COVID-19 más allá de los ámbitos sanitario y económico, entre ellos, el deterioro de la democracia. Al mismo tiempo, no son pocas las voces que claman por este relato como vehículo para la construcción de una verdadera y justa normalidad, no de una nueva anormalidad. En cualquier caso, las valoraciones dependen de la idea de democracia que gravita en el entramado social.

Algunas y algunos rumiarán que si la democracia representativa, de baja intensidad y funcional al capitalismo extractivo es una de las víctimas de la crisis mundial, se estaría abriendo la posibilidad de prefigurar una democracia más participativa y popular; aunque también habrá quienes desde la misma pista de reflexión piensen con temor que dicha fachada democrática podría acentuarse con todavía menos o engañosos contenidos. Otras y otros atan cabos y concluyen que son los aspectos nucleares de la democracia liberal, las libertades básicas y el sistema de contrapesos, los que podrían ser derruidos al encontrarse en la actual coyuntura una emergencia global que requiere decisiones determinantes con liderazgos populistas de izquierda y derecha.

Desde mi perspectiva, entre quienes votamos por Andrés Manuel López Obrador nos encontramos integrantes de ambos grupos democráticos: por un lado, las y los que aspiran a democratizar la democracia, analizando y transformando lo que hasta ahora pareciera agotarla, y por el otro, las y los que observan con preocupación toda medida que cuestiona la institucionalidad construida en décadas de transición democrática, como si se tratara de una sólida y ejemplar edificación y, en algunos casos incluso, se resisten a una sociedad más igualitaria.

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Esto es problemático y motivo de constantes desencuentros, ocasionales silencios y a veces soberbios argumentos, lo cual no quiere decir que sea necesariamente indeseable. Más allá del actual régimen, que ojalá termine siendo la Cuarta Transformación que el país reclama, tengo para mí que una clave para avanzar hacia democracias de alta intensidad, quizá transitoria, es el diálogo franco, pero diálogo, entre ambas tradiciones, de suerte que puedan convivir y reforzarse mutuamente esquemas de la democracia representativa con experiencias de la democracia participativa.

Este encuadre, que bien puede aplicar para varios de los episodios que se abigarran en estos días, concretamente las declaraciones de López Obrador hacia organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como descentralizados, que es el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), puede ser útil para entender la animadversión del presidente hacia esta arquitectura institucional y acompañar el fortalecimiento de sus quehaceres, no precisamente de sus actuales composiciones.

Curiosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya no se le incluye en la crítica, luego de que el año pasado llegara a su titularidad una militante de Morena tras una desaseada elección en el Senado de la República. La CNDH, por cierto, pudo haber impugnado el acuerdo presidencial del 11 de mayo que facultó al Ejército y a la Marina a auxiliar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública y no lo hizo. En su lugar, la CNDH exhortó el pasado 21 de junio al Congreso de la Unión a definir y desarrollar en una ley secundaria los criterios rectores acordados por el Constituyente Permanente para la participación de las Fuerzas Armadas en las calles, en apego a lo razonado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2018. ¿Captura o transformación?

Foto: @GN_MEXICO_ | Twitter

Lo que no ayuda de cara a un diálogo democrático que no puede evadirse en función del apoyo masivo que recibió López Obrador en las urnas –tengamos presente que muchas de esas voluntades ayudaron a construir con vocación democrática la institucionalidad que está bajo la mira del gobierno actual–, es el desconocimiento y la descalificación desde la tribuna presidencial. Tampoco favorece el ambiente para una discusión seria y profunda que lo que está detrás de esta reciente andanada sea la necesidad de contar con más recursos para afrontar la epidemia y el desolador panorama económico que esta ha desencadenado.

Sin una evaluación cuidadosa que examine las dimensiones, las capacidades, los resultados y los alcances de los organismos que se crearon o evolucionaron en los últimos años para salvaguardar derechos humanos específicos con técnica, profesionalismo e independencia del poder, el Estado no sólo podría achicarse, sino debilitarse en tanto garante de derechos, eso que el mismo López Obrador ha defendido en su nueva política económica.

Escasa racionalidad democrática de forma y fondo tendría una decisión que terminara desapareciendo instituciones autónomas y descentralizadas que tutelan derechos, o bien unificándolas en una sola como lo ha propuesto abruptamente el senador Ricardo Monreal para el caso del IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), si su punto de partida fuera solamente que “surgieron como hongos después de la lluvia”.

La robusta y variopinta movilización ciudadana en defensa del Conapred ante la amenaza de su desaparición, revela la convicción de profundizar los aportes democráticos de esta institución que, como otras, no tendría por qué estar exenta de evaluación. Desaparecerlo por un error que en absoluto empaña un trabajo de 17 años sería una insensatez. Transformarlo, en cambio, con miras a fortalecer sus contribuciones y facultades en el combate de una de las prácticas más reproductoras de la desigualdad que atraviesa a nuestro país –la discriminación– sería reflejo de un talante democrático.

A propósito de la necesidad de recursos y lo que representan los endeudamientos, bien le haría al presidente que recientemente alabó la gestión de Evo Morales al frente de Bolivia, escuchar la participación de quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, en un debate organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Los endeudamientos, apuntó sagazmente este político boliviano que gobernó con Evo de 2006 a 2019, no son neoliberales por naturaleza, son una herramienta de gobierno cuyo valor reside en quién los decide y con qué finalidad, el para qué.

*Foto de portada: @M_OlgaSCordero | Twitter