La publicación del acuerdo con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispone del Ejército y de la Marina para llevar a cabo funciones de seguridad pública desde la semana pasada y hasta 27 de marzo de 2024, ensancha y proyecta una mayor ruta de pavimento para la actuación de las Fuerzas Armadas en labores para las que no han sido diseñadas, con los resultados ya conocidos.

Por ello fue que en el decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional se facultó al Ejecutivo federal para recurrir a soldados y marinos de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto el nuevo cuerpo de seguridad desarrollara su estructura y sus capacidades, y lograra repartirse territorialmente. El famoso quinto transitorio de dicho decreto en el que se fundamenta la medida, consistió en un colchón de emergencia con un plazo definido: cinco años como máximo, que hoy ya son cuatro.

No se trata de un escenario nuevo, sino de lo que hemos vivido desde 2006 y, en algún sentido, hasta ahora, toda vez que la Guardia Nacional tiene una composición mayoritariamente militar. Por otra parte, se podrá decir que, entendiendo que las instituciones no se crean de un día a otro, la reforma constitucional incluía en su esencia esta salvedad.

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Lo que desafía la realidad es que se desprecien los criterios rectores para la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y que en plena pandemia, quien refutó la militarización, alentó la justicia transicional y se comprometió a regresar a los miembros del Ejército y de la Marina a sus cuarteles, hoy eche mano de la garantía del artículo transitorio desatando múltiples preocupaciones.

A propósito de los criterios que se establecieron como límites a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, importa subrayar que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018 –un par de semanas después de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior con la que Enrique Peña Nieto intentó legalizar el apoyo militar–, la que razonó en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros contra México que el papel excepcional de los cuerpos castrenses en actividades de seguridad que no les son propias debe ser extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado.

Nada de esto atiende el vacío acuerdo presidencial. Contenido en apenas una página, no justifica el carácter excepcional, temporal y restringido de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública; carece de un asidero legítimo para el uso de la fuerza, estando impugnada ante el máximo tribunal del país la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; no prevé mecanismos de control y rendición de cuentas civiles, efectivos e independientes, más aún, señala que la actuación de soldados y marinos estará bajo supervisión y control militar; y contradice el texto constitucional al no subordinar las labores de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, instruyendo ni más ni menos al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinarse con –no anteponerse a– los responsables de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Foto: @GN_MEXICO_ | Twitter

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Preocupa entonces que el acuerdo contraríe los preceptos constitucionales y no camine en paralelo a una decidida política de desarrollo de un cuerpo central y sustancialmente civil que pueda retomar el control de la seguridad pública en el mediano plazo, sin necesidad del apoyo del Ejército y la Marina. Adicionalmente, genera intranquilidad el rechazo descalificador a las voces críticas, muchas de las cuales se sumaron en 2018 al proyecto de López Obrador por las propuestas y los compromisos ya mencionados.

Tras el exhorto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el sentido de revisar el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, el presidente respondió a la crítica el pasado jueves acusando mala fe y exageración.

Pero inquieta todavía más el momento. A falta de razones, argumentos y evidencia, no la sola repetición de palabras ya comprendidas en la Constitución, cabe advertir si al catálogo de tareas que el gobierno de la Cuarta Transformación le ha asignado a las Fuerzas Armadas se sumará el aseguramiento, a toda costa, de la construcción de dos de sus proyectos prioritarios que enfrentan oposición de base: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

La ruta de la militarización no se reduce al ámbito de la seguridad pública. No pocos pensadores han alertado en los últimos meses sobre la peligrosa militarización de las sociedades como uno de los saldos de la crisis sanitaria y económica.

En nuestro caso, la militarización de la vida pública se ha acentuado en la actual administración con un elenco considerable: ampliación y operación del aeropuerto de Santa Lucía, construcción de sucursales del Banco del Bienestar y tramos del Tren Maya, vigilancia de ductos de Pemex, distribución de medicamentos y libros de texto, apoyo en la entrega de programa sociales y combate al sargazo. De ahí que, ante escenarios de resistencia y movilización social por la defensa del territorio, la presencia del Ejército en las calles sea una señal de alarma.

*Foto de portada: @GN_MEXICO_ | Twitter