Roberto Alonso

@rialonso

[dropcap]H[/dropcap]a iniciado el segundo periodo de sesiones del segundo año legislativo y la agenda de las víctimas no aparece entre las prioridades de los grupos parlamentarios mayoritarios. A juzgar por lo que ha ocurrido en esta primera mitad de la LXIV Legislatura, la agenda predominante en el Congreso de la Unión será la que responda a los intereses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo han adelantado los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado.

De febrero a abril, en los recintos legislativos se debatirá, por principio de cuentas, la regulación de la marihuana y de los salarios de los servidores públicos, por mandato de la Corte; en la Cámara de Diputados tendrá lugar la designación de cuatro nuevos consejeros electorales que deberán relevar a cuatro de los actuales en abril, quienes concluirán en dicho mes el periodo por el que fueron nombrados.

Foto: Duilio Rodríguez

El partido mayoritario, Morena, tiene en concreto la encomienda de elevar a rango constitucional los programas sociales de la 4T, a saber, las pensiones para adultos mayores y las becas para jóvenes y personas con discapacidad, como si de una iniciativa preferente se tratara. Adicionalmente, los coordinadores parlamentarios de esta fuerza política han coincidido en atender prioritariamente temas como la eliminación del fuero constitucional, la reducción al financiamiento de los partidos políticos, la disminución del uso de plásticos, la regulación del outsourcing y las plataformas digitales, y la administración y procuración de justicia, tal y como fue anunciado a mediados de enero con la filtración de los borradores de una reforma regresiva al sistema de justicia penal.

Junto con la iniciativa que busca reducir a la mitad los recursos que reciben los partidos, especial atención merece el planteamiento de una reforma electoral que tendría que aprobarse antes de junio, toda vez que el siguiente periodo legislativo correrá en paralelo al proceso federal rumbo a las elecciones intermedias de 2021.

A este respecto ha trascendido el interés de algunos legisladores morenistas de modificar la estructura de funcionamiento del consejo general del INE y crear una autoridad electoral única que desaparezca los OPLE. Notoriamente, por lo que representa una reforma electoral y siendo su común denominador partir de las exigencias de la oposición, no de los intereses del partido en el poder, preocupa que los cambios posibles tiendan a debilitar la autonomía del INE.

Con todo, pese a la violencia creciente –35 mil 588 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios en 2019, la cifra más alta en la historia contemporánea de México– no se asoma ningún acuerdo para echar a andar nuevos mecanismos que complementen la estrategia de seguridad que descansa en la política social. Reza una máxima que, ante tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias, sin embargo, esto no ha hecho sentido en la presidencia ni en la coalición mayoritaria de las cámaras parlamentarias.

De acuerdo con el estudio solicitado por la CNDH al CIDE para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional, este enfoque requiere de una decisión política con dos componentes: uno que atienda las causas estructurales de la violencia, que con ajustes importantes podría encontrarse en el actual combate a la pobreza, la corrupción y una nueva política de drogas; y otro que articule diferentes herramientas según las especificidades de los contextos regionales. 

En torno a este segundo componente, la propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación elaborada por múltiples actores sociales que acompañaron a las víctimas en la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, subraya la necesidad de considerar como medidas extraordinarias la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad, una comisión de la verdad y la memoria histórica, y un modelo de reparación integral, participando las víctimas como actor central en todo el proceso.

Estas herramientas de la justicia transicional, que es aquella que busca responder con verdad, justicia, reparación y no repetición a las causas y las consecuencias de una violencia de alto impacto, permitirían “contrarrestar la debilidad sistemática del sistema judicial mexicano”, “romper el silencio y, en consecuencia, la impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos” y garantizar “la existencia de mecanismos efectivos de reparación a las víctimas”, como lo pone de relieve la propuesta en manos de la Secretaría de Gobernación.

Tristemente, esta agenda suscrita por un segmento importante de víctimas no sólo ha sido ignorada, sino también despreciada desde el púlpito presidencial, traduciéndose en la condena ruin de un conjunto de simpatizantes de la 4T que agredieron a las y los integrantes de la caminata a su llegada al zócalo de la Ciudad de México el pasado 26 de enero. 

Cuando al país le urge alejarse de la polarización social para transitar hacia la pacificación, la narrativa presidencial azuza con descalificaciones y distorsiones; avienta la piedra y esconde la mano.

Coincido con Jorge Zepeda en que López Obrador ha cifrado en las mañaneras la disputa por la opinión pública, el escenario de defensa y convencimiento en medio de una atmósfera mediática y grupos económicos que le son adversos; pero con el sufrimiento de miles que han perdido a sus seres queridos no se juega. Ellas y ellos, las víctimas, son la reserva moral de México, por lo que en un presidente que se comprometió a lo largo de 2018 a asumir y conducir una agenda de paz, verdad y justicia, la mesura ha de ser el saludo y la prudencia es obligada.

A mediados de 2011, año que le vio nacer, el entonces Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró algo encomiable: colocar a las víctimas al centro de la necesidad de un nuevo paradigma en materia de seguridad. A casi nueve años de distancia, la 4T tiene la oportunidad de transformar en serio el presente y el futuro del país abrazando esta agenda y no agudizando más el problema. “La gravedad del momento actual en México –resume la propuesta ciudadana– no admite mayor dilación.”