Foto: FB Santa Bárbara Almoloya Cultura Tradición

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Será hasta 2024 cuando el gobierno del estado, que encabeza Miguel Barbosa Huerta, haga público el “Proyecto de la instalación del sistema de alcantarillado en la zona del Parque Industrial Ciudad Textil, en el municipio de Juan C. Bonilla”.

Esa fue la respuesta que ofreció la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPue) a una solicitud de información que presentó LADO B, al informar que dicho documento se encuentra reservado por cinco años, pues está en un proceso de auditoría.

Esta casa editorial intentó acceder a la información del proyecto, ya que se trata de una obra que ha generado un conflicto social en la zona: grupos de pobladores se niegan a que se construya un drenaje industrial que descargue aguas residuales en el río Metlapanapa. 

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En su respuesta la dependencia estatal argumentó que se realizó una prueba de daño para confirmar la reserva de la información, hecha por el Comité de Transparencia de la misma Comisión. Sin embargo, ese documento no fue entregado a este portal.

Cuauhtémoc Cruz Isidoro, académico del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, dijo en entrevista que la reserva sin los documentos probatorios es violatoria al derecho a la información de las personas, pues no se hicieron públicas las razones legales, y no hay manera de confirmar la resolución de la autoridad.

Asimismo, sostiene el académico –quien también forma parte del colectivo Nodo de Transparencia–, el argumento de que la información se encuentra en “auditoría” se usó de manera frecuente en las pasadas administraciones panistas para ocultar información, en cuestiones tanto de recursos como de obra pública. 

“Me preocuparía que se siguiera utilizando este argumento para impedir la entrega de la información, aun cuando hay un mayor interés de la ciudadanía”, dijo.

Además, el proyecto involucra directamente a las comunidades y afecta su derecho a la autodeterminación y al medio ambiente sano, tal y como ya lo señalaron las misiones de observación de organizaciones nacionales e internacionales que han visitado la zona de conflicto.

Dentro de estas organizaciones se encuentra Front Line Defenders, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y las Brigadas Internacionales por la Paz, así como la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, Serapaz AC, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). 

La comunidad de Juan C. Bonilla también fue uno de los puntos que visitó el “Toxi-Tour” a principios de diciembre, en el cual 36 legisladores y legisladoras de la Unión Europea y Sudamérica recorrieron varios proyectos señalados por contaminar y violar derechos humanos en México. 

En esa visita las personas que recorrieron la zona pudieron constatar que el agua que sale del desarrollo industrial tiene mal olor y características propias de aguas negras, las cuales plantean descargarse directamente en el río Metlapanapa.

En la opinión de Cuauhtémoc Cruz, sí existe una violación al principio de máxima publicidad e interés público, ya que se trata de una obra que tiene un impacto en la vida diaria de las personas al utilizar recursos no solo públicos sino naturales. “Hay una violación siempre que hay un ocultamiento, sobre todo porque se usan recursos públicos y hay riesgos de impacto ambiental, y riesgos en la vida cotidiana de las comunidades”, dijo. 

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Foto: David Morales

Avanzan los amparos contra el proyecto

A la par, los habitantes continúan la lucha legal para detener el proyecto. Hasta ahora hay dos amparos interpuestos por el drenaje, uno de los cuales ya se resolvió a favor de los opositores al proyecto.

Juan Carlos Flores Solís, quien acompaña legalmente la lucha de las comunidades, dijo a LADO B que el amparo 2008/2019 Juzgado Tercero fue resuelto a mediados de diciembre, otorgando la suspensión temporal de la obra en el área donde se encuentra un plantón permanente en contra del proyecto: la comunidad de Santa María Zacatepec de Juan C. Bonilla, a un lado de la carretera federal a Huejotzingo.

Aún están a la espera de que durante las próximas semanas se resuelva definitivamente el próximo amparo, y de que las misiones de observación entreguen sus informes. Juan Carlos adelantó que las conclusiones hablan del derecho al medio ambiente sano y de la falta de acción concreta de las autoridades, así como de la manera en la que el proyecto fue impuesto sin permisos correspondientes ni consentimiento previo. 

Durante los meses de oposición los habitantes han sufrido también represión de las fuerzas de seguridad pública y amenazas, mismas que ya fueron denunciadas.

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