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Majo Siscar | Pie de Página

BARCELONA.- El humo se veía desde lejos. La noche del martes 15 empezaron a arder las calles de Barcelona. Un centenar de jóvenes montaba barricadas y quemaba mobiliario urbano en los principales cruces de la ciudad.

Aragón con Roger de Llúria, Consell de Cent con Pau Claris, el señorial Paseo de Gracia. Allí, ante la sede de la Bolsa de Valores, una pareja discute con los incendiarios. El señor, de barba y pelo blanco, la señora, morena y también peinando canas.

–Con la violencia no vamos a ningún lado, esto es lo que quieren ellos, para criminalizarnos, estáis cayendo en su juego­– dice la mujer al grupo de jóvenes.

–No tenemos más opción. Llevamos años de manifestaciones pacíficas y ¿cómo nos responden? Ahora que vean nuestra rabia– contesta una chica que carga en su espalda una mochila de una empresa de reparto en bicicleta.

Ella es una entre un centenar de jóvenes que protagonizaron el primer día de incendios urbanos en la noche barcelonesa. El viernes ya se habían multiplicado exponencialmente.

Aún así, no son ni el 1 por ciento de los que marcharon por el centro de Barcelona, 525 mil personas, según el conteo policial, para protestar contra el fallo del Tribunal Supremo de España que, el lunes 14 de octubre, condenó a nueve líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel.

Ceci y Neus Cardona son dos hermanas de 71 y 66 años que han caminado desde el interior de Cataluña para llegar a la marcha multitudinaria de Barcelona. Van vestidas con camisetas que reivindican la independencia, lazos amarillos –el símbolo contra la represión política contra Cataluña– y traen banderas a modo de capa.

Ambas me explican que nunca se han sentido españolas, pero en los últimos años se han vuelto más acérrimas ante la “cerrazón” del gobierno español. “Nos pegan igual que en el franquismo y aunque el divorcio ya es legal no lo es para los catalanes”, dice risueñas.

Pese a las imágenes de los disturbios que llenan portadas, las marchas del día son masivas y festivas. “Nosotras llevamos años marchando por la independencia pero hoy caminamos porque estamos indignadas por esta sentencia injusta, que encarcelen a gente pacífica que lo único que han hecho es defender lo que quiere el 80 por ciento del pueblo catalán, un referéndum”, dice Ceci, la más veterana.

Un conflicto postergado dos años

El máximo tribunal español condenó el lunes 14 de octubre con penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas. Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, es quién afronta la pena más alta, 13 años de cárcel e inhabilitación por haber cometido un delito de sedición y malversación de fondos asociada a este delito.

El Tribunal Supremo eligió tipificar como sedición a la modificación legislativa realizada hace dos años en el parlamento catalán para declarar y fundar una república independiente de España; la celebración de un referéndum sobre la independencia el 1 de octubre de 2017; la votación de una resolución en el Parlament que declaraba unilateralmente la independencia y la declaración y anulación inmediata de la independencia por parte del Gobierno de Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

Aunque el mismo Tribunal califica la declaración de independencia como “simbólica e ineficaz” sentó al banquillo de los acusados a nueve miembros del Ejecutivo catalán, la expresidenta del legislativo, y dos líderes sociales, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, portavoces de las dos entidades cívicas que han agrupado al movimiento independentista.

De estos doce, nueve llevan dos años de prisión preventiva y son los que han alcanzado mayores penas. Los otros tres consellers (en México sería secretarios), cuyo papel fue menos activo e incluso en algún caso, han sido condenados por desobediencia y evitarán la prisión.

El presidente catalán en 2017, Carles Puigdemont y otros cuatro Consellers (en México sería secretarios) de su gobierno, y dos diputadas independentistas han sido acusados también, pero salieron del país antes de ser detenidos, y siguen haciendo política desde su exilio.

El vicepresidente Junqueras se autocalificó en el juicio como un “preso político” e hizo hincapié en que no habían cometido “ni uno de los delitos” de los que se les acusaban porque “votar nunca puede ser un delito” y en ningún caso se había hecho uso de la violencia en Catalunya. En su última palabra pidió devolver el conflicto catalán al “terreno de la política”.

Pero el caso más controvertido es el de los líderes sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que, sin ser autoridades fueron los primeros en ser detenidos, el 17 de octubre de 2017. Ambos han sido condenados a 9 años de cárcel y de inhabilitación, al atribuírseles un “papel crucial” para impulsar movilizaciones con las que “presionar” al Estado.

Para el Tribunal, ambos se encargaron de la “promoción y liderazgo” de las protestas ciudadanas. En su último turno de palabra durante el juicio, Cuixart se reafirmó en su actuación.

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