Andrea Vega | Animal Político

Foto: Cuartoscuro Archivo

Bety Maldonado vendía droga en la puerta de su casa. Llevaba seis meses en eso cuando la detuvieron. Llegaron alrededor de 150 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), rodearon la privada familiar donde estaba su vivienda y detuvieron a 22 personas, entre familiares y hasta vecinos.

Era marzo de 2010. Le dieron seis años de prisión. Primero la llevaron a Santa Martha Acatitla. Pero el expresidente Felipe Calderón había iniciado su guerra contra las drogas, y quienes estaban presos por delitos contra la salud debían estar en un penal federal.

A Bety la trasladaron a las Islas Marías, en octubre de 2011. “Ahí, los agentes de la Policía Federal se encargaron de hacerme saber que valía menos que una piedra, eso me decían, que yo era una delincuente, por eso no podía atreverme ni a mirarlos a la cara. A su paso, las internas teníamos que agachar la cabeza”.

Del año que estuvo allá –antes de lograr que se hiciera efectivo uno de los varios amparos que interpuso para poder volver a Santa Martha– lo más duro fue no ver a su familia. Solo podía llamarles por teléfono una vez cada quince días. Y eso solo si se portaba bien y no acumulaba tres puntos malos.

En las Islas Marías, bastaba con tardarse cinco minutos más al ducharse o presentarse con el pelo y la ropa mojada al desayuno para ganarse esos puntos, no importaba que las internas debieran disputar el baño con otras 40 compañeras. Bety se esmeraba en cumplir con todas las reglas para tener permiso de hacer la llamada, porque para ella, dice, su familia es lo primero.

Lo fue cuando decidió vender droga. Su esposo era adicto y había acumulado una deuda con un grupo delictivo. Llegaron a buscarlo hasta su casa para cobrarle, pero no lo encontraron, se había escondido en un tinaco. Encontraron solo a Bety, a su hija y a su nieta de tres años.

A la menor la sujetaron y la encañonaron. Les dijeron que si no pagaban la deuda, la familia iba a “valer madre”.

“No dudamos que cumplirían, en esa época, en el barrio (en Azcapotzalco) por todos lados se sabía de muertos, de ajustes de cuentas”, dice Bety.

Con el trabajo que tenía por las tardes en la bodega de una empresa de mochilas, donde acomodaba el producto, y lo que sacaba del puesto de tacos que atendía en la mañana, Bety no podía pagar la cantidad que exigían los delincuentes. Decidió ponerse a vender droga. “Fui a los dos días a buscarlos y les dije que yo pagaría”.

Ya había logrado saldar la mitad de la deuda cuando los de la AFI llegaron a detenerla. “Fue un operativo enorme, como si yo hubiera sido un gran narcotraficante y así también me castigaron, lo de las Islas Marías fue un exceso, eso casi me mata, había momentos en los que ya solo buscaba algo con que colgarme”.

A Bety le preocupaba alguien en especial. “Me desesperaba mucho no estar con mi hijo menor, tenía 15 años cuando me detuvieron, como también se llevaron a su papá, que además era adicto, se quedó solo. Mi hijo quería estudiar leyes, pero ya no pudo. Tuvo que trabajar y cuidarse”.

Cuando se castiga con prisión el tráfico de drogas, dice Bety, “no se está castigando solo un delito, se está castigando la pobreza, la ignorancia, la falta de oportunidades. Y también se castiga a la familia, la mayoría de las mujeres encarceladas somos los pilares de ese núcleo”.

Ana Pecova, directora de la organización de la sociedad civil Equis Justicia para las Mujeres, explica que cuando se puso en marcha la guerra contra las drogas, en el sexenio de Calderón, se detenía a personas con poca droga y les imponían castigos ejemplares, como enviar a las mujeres a las Islas Marías.

“Era un intento de mandar el mensaje de que no se iban a tolerar esos delitos. Pero no fueron los grandes capos los que acabaron en la cárcel, las prisiones se llenaron de mujeres que trabajaban, por necesidad o amenaza, en los eslabones bajos de las redes delictivas”.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Equis Justicia para las Mujeres han documentado que en México hay 3 mil 18 mujeres encarceladas o bajo proceso penal por delitos contra la salud. 2 mil 777 de ellas están en prisiones locales y 241 en federales. En los últimos dos años ha crecido 103.3% el número de mujeres que han ingresado a prisión en el fuero común por delitos contra la salud.

Las mujeres acusadas que se involucran en estos delitos, por lo general son pobres, con poca educación y únicas responsables de sus hijos e hijas.

Algunas de las actividades que realizan son: el traslado de estupefacientes; la siembra, la cosecha y/o el cultivo de amapola o marihuana; el empaque de sustancias ilegales para su traslado y el resguardo de drogas en sus hogares.

En su mayoría, estas mujeres fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Solo el 1.3% fueron arrestadas con orden de detención por parte del Ejército. Las autoridades federales, en especial la Marina, utilizaron fuerza física y armas de fuego para someterlas.

Pecova sostiene que habría que preguntarse, ¿de qué sirve tener a estas mujeres en la cárcel? “No son un peligro, están por delitos no violentos, y los grupos del crimen organizado las reemplazan fácil, su encarcelamiento no afecta la operación del narcotráfico. Solo las exponen a más violaciones a sus derechos, además causan un impacto negativo en sus familias y se gastan impuestos por tenerlas en la cárcel”.

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*Foto de portada: Cuartoscuro Archivo