Nayeli Roldán

Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 un presupuesto de 104 mil millones de pesos para el Anexo 13, el apartado presupuestal que financia los programas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría de Hacienda le recortó 4 mil 152 millones de pesos.

Eso impactó en sectores como Salud, que tuvo 12% menos presupuesto, y entre los nueve programas dirigidos a mujeres que opera, por ejemplo, “Salud materna, sexual y reproductiva” tenía 2 mil 44 millones de pesos de presupuesto etiquetado, pero solo pudo ocupar mil 611 millones de pesos.

Además, también han desaparecido programas dirigidos exclusivamente a disminuir la brecha de desigualdad de género, entre 2018 y 2021, entre los que se encuentran el Programa de Fomento a la Economía Social, de Coinversión Social, o la sustitución de subsidiar los lugares de cuidado como las estancias infantiles por un programa de entrega directa de dinero que operaba la Secretaría de Bienestar, o la partida para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada que ejercía la Fiscalía General de la República.

Los presupuestos, afirma la investigadora feminista de la UNAM, Patricia Rodríguez, significa la pauta económica de un gobierno. “Si un presupuesto tiene o presume de perspectiva de género tiene que visualizarse claramente en cómo está integrado, estructurado, definido”.

Por eso es que la construcción y aplicación del presupuesto es la definición de las prioridades para una administración. “Si por ejemplo, Hacienda dará 13 mil millones de dólares para salvar a Pemex que en cuanto a la producción es pésima y ha tenido pérdidas, ahí se ve claramente el reflejo de la política económica, claramente”, dice Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM.

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La alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha detectado que los recortes son una constante, hacen un llamado a que el Anexo 13 “cumpla con el objetivo de ser presupuestos para disminuir las brechas de desigualdad y es necesario contar mecanismo para dar seguimiento al presupuesto”.

Por ello es que proponen la instalación de “mesas interinstitucionales”  porque “en este contexto de emergencia que enfrentamos por el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, el aumento de feminicidios, se considera imperativo una revisión urgente de los programas presupuestarios que se incluyen en el Anexo 13 y otros que no están contenidos en él, pero que son fundamentales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

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Foto: Olga Valeria Hernández