Una explosión de campamentos irregulares, tanto en carpas como en viviendas precarias, se ha producido en Chile por el fracaso de la política de vivienda y de los subsidios oficiales para el sector, agravado por el incremento de la pobreza, la pandemia de covid-19 y la masiva llegada de migrantes.

“Hace tres años nos iban a desalojar y mis hijos se iban al colegio sin saber si al regresar su casita iba a estar. Una mañana íbamos al colegio y venían llegando los carabineros (policías armados). Muchas veces me tuve que devolver del trabajo. Fue caótico, difícil y angustiante”, contó Melanni Salas a IPS durante una visita al lugar.

Salas, de 33 años, preside Senda 23, uno de los cinco campamentos que reúnen a 300 familias que ocuparon terrenos públicos en Cerro 18, en la comuna (municipio) de Lo Barnechea, en el este de Santiago. Allí han ido levantando viviendas con maderas y otros materiales a su alcance, que poco a poco tratan de mejorar.

La amenaza de desalojo cesó al iniciarse la pandemia de covid, pero la espada pende sobre sus viviendas pues desde la Municipalidad (alcaldía) “nos construyeron una fosa séptica y nos dan regalos para Navidad, pero de la cuestión habitacional nada”, detalló.

Antes, esta dirigente vecinal vivió 19 años como allegada, el nombre que se da en Chile a las personas o núcleos familiares que comparten una vivienda de parientes o no, donde viven hacinados. El 2016  ocupó el terreno donde construyó -junto a su esposo Jorge- la precaria vivienda donde habita ahora con sus tres hijos de 15, 13 y 5 años.

“Esto era un basural y ahora está limpio y hay casas. A la mía entra un poco de lluvia porque es de madera y por el fuerte viento. Pero tengo agua potable, luz y alcantarillado gracias a mi suegra que vive más arriba. La familia vecina no tiene agua ni alcantarillado. Es una pareja con tres hijos y uno de ellos, Colomba, nació hace una semana”, relató Salas.

Explica que sus vecinos “van al baño donde su hermano que vive cerca, pero durante el embarazo ella regresó a casa de su mamá”.

Foto: Orlando Milesi / IPS

Situación explosiva

“Cada día más de 10 familias llegan a vivir a un campamento en Chile”, sostiene la Fundación Techo, una organización social dedicada a luchar contra la exclusión habitacional en las ciudades de este país sudamericano y andino.

El problema aparece también en las avenidas y parques donde cientos de hombres y mujeres instalan carpas para dormir, cocinar, lavarse y convivir delante de transeúntes ya habituados a la escena.

En los últimos dos años aumentó a 81 643 el número de familias que sobreviven en 969 de estos campamentos con casi nulo acceso a agua, energía y servicios sanitarios, reveló un Catastro de la Fundación.

En Chile han pasado a llamarse campamentos también a las antiguas callampas, los asentamientos tugurizados e informales como el de Salas, que se levantan en terrenos ocupados con viviendas de materiales ligeros, aunque después puedan irse consolidando, pero que siguen careciendo de servicios básicos.

Están principalmente en Santiago y Valparaíso, a 120 kilómetros al norte de la capital, en el centro de Chile. Pero también se extienden por las norteñas ciudades de Arica y Parinacota y en la sureña de Araucanía. En ellos viven 57 384 niños y niñas menores de 14 años y unos 25 000 migrantes, en su mayoría colombianos, venezolanos y haitianos.“Hoy viven allí familias que hace seis meses o dos años vivían allegados, en hacinamiento, arriendo informal, precario o abusivo. Eso es lo que se entiende como déficit habitacional”, indicó a IPS el director ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen.

“Las 81 000 familias que viven en campamentos son la parte visible del problema, pero el déficit habitacional, con todas las familias que no acceden a viviendas dignas, supera las 600 000 viviendas”, detalló.

El Estado entrega anualmente unas 20 000 soluciones habitacionales mínimas de carácter social, una cifra altamente insuficiente para cubrir las necesidades del sector.

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Según Bowen, “si queremos solucionar la problemática de los campamentos, debemos cambiar estructuralmente nuestra política habitacional para garantizar el acceso a vivienda digna especialmente para aquellas familias con mayor vulnerabilidad”.

Esta explosión coincidió con las protestas sociales iniciadas en octubre del 2019 y con la llegada al país del coronavirus, en marzo del 2020.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), establece que actualmente 10,8 % de los chilenos viven en pobreza, lo que significa más de dos millones de personas, aunque es un porcentaje considerado muy inferior al real por las organizaciones sociales.

Chile, con una población de 19 millones de habitantes, es considerado uno de los países más desiguales del mundo, lo que se expresa en que 10 % de los hogares con mayores ingresos recaudan 251,3 veces más que el mismo porcentaje de menor renta.

Foto: Orlando Milesi / IPS

Esperanza en la nueva constitución

Benito Baranda, fundador de Techo, una organización que ahora opera en varios países latinoamericanos, cree que la política de viviendas fracasó porque es “una de erradicación basada en el mercado, formando guetos habitacionales en terrenos donde las personas siguen viviendo de manera segregada”.

Esta política se basa además  en una estructura de subsidios “nacida en dictadura y que ha permanecido porque este no es un derecho reconocido en la Constitución”, afirmó a IPS el ahora miembro de la Convención Constitucional que redacta una nueva ley fundamental, que finalmente sustituya a la heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Se traspasó al mercado la decisión de dónde van a vivir las personas.

No  solamente la construcción de la vivienda. Y los terrenos se comenzaron a agotar y los disponibles y baratos eran los guetos”, explicó.

Baranda criticó la política de “erradicaciones”, “que armó guetos y generó un daño mucho mayor a las personas”, en referencia a las expulsiones forzadas de los pobladores de asentamientos precarios y su traslado a viviendas sociales construidas en los extramuros de la ciudad,  una política iniciadas durante la dictadura de Pinochet y que cristalizó la segregación social en la capital.

Según Baranda, “en los cuatro últimos gobiernos se tuvo la menor construcción de viviendas para las familias  de los niveles de mayor pobreza”.

Baranda resultó elegido como constituyente en unos comicios especiales en mayo y propone “generar una mecánica que reduzca progresivamente los tiempos de espera por una vivienda que hoy pueden llegar a 20 años”.

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*Foto de portada: Orlando Milesi / IPS