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Extradiciones, el destierro de la justicia
Las extradiciones de tres narcotraficantes que por años operaron en Ciudad Juárez y El Valle de Juárez exhiben que concederlas a Estados Unidos no fue sinónimo de justicia para sus víctimas. Peor aún, pueden convertirse en una alternativa para que los capos libren su historial criminal y logren su libertad.
Por La Verdad de Juárez @
30 de junio, 2023
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Rocío Gallegos, Gabriela Minjares y Blanca Carmona | La Verdad

Con la colaboración de Ramón Bracamontes | El Paso Matters

A unos 400 kilómetros del lugar donde fue detenido con fines de extradición, Óscar Alonso Candelaria Escajeda, uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados por las autoridades estadounidenses, fue puesto en libertad en el sur de Texas.

Información del Buró de Prisiones muestra que el jefe de los Escajeda, organización criminal que por años sometió a los pobladores de El Valle de Juárez para el tráfico de drogas y que ocasionó un conflicto entre México y Estados Unidos, fue liberado el 4 de marzo del 2021, cuando no había cumplido ni la mitad de su sentencia de 27 años de cárcel.

El sistema de justicia de Estados Unidos disminuyó su tiempo en prisión sin regresarlo a México, como lo establece el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, desconociendo los antecedentes de su carrera criminal en el estado de Chihuahua, donde fue perseguido y detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Ninguna autoridad estadounidense respondió a solicitudes de información sobre las condiciones de su liberación.

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Una investigación realizada por La Verdad en colaboración con El Paso Matters examinó el proceso judicial de Candelaria Escajeda, alias la Gata, así como el de su hermano José Rodolfo Escajeda Escajeda y el de José Antonio Acosta Hernández, tres jefes narcotraficantes que por años provocaron masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento en Ciudad Juárez y El Valle de Juárez, en Chihuahua, donde fueron detenidos para su extradición a Estados Unidos.

A través de entrevistas, información obtenida por sistemas de transparencia y documentos oficiales en México y Estados Unidos se logró revisar estos tres casos de extradiciones que exhiben el destierro de la justicia y la omisiones del Estado mexicano ante sus víctimas.

“Lo que se espera es que se haga justicia”, reclama un hombre sobre el grupo de Óscar Alonso, que asesinó a su hermano y a la familia de éste en El Valle de Juárez. En el caso de su familia la justicia nunca llegó. La extradición de Candelaria Escajeda no sirvió para que pagara por los asesinatos que cometió.

“Existe una idea falsa de justicia en las extradiciones”.

Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa DDHH.

Elementa DDHH, es un grupo multidisciplinario que da seguimiento a las extradiciones y detenciones por delitos de drogas en México y Colombia, como parte de su trabajo de fortalecimiento regional de los derechos humanos.

Además, explica Muro, en lo colectivo predomina la idea de que las extradiciones brindarán la justicia, verdad y reparación a las víctimas que nuestros sistemas judiciales no pueden, y que incluso servirán para que los criminales dejen de hacer daño.

Pero en lo individual, añade, la percepción es distinta, hay víctimas que sí tienen claro que se trata de una falsa justicia.

De acuerdo con datos oficiales, mil 389 personas fueron entregadas en extradición al gobierno estadounidense del 2000 al primero de junio de 2022, dos de cada cinco de ellas se dieron durante la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.

“El objetivo del sistema judicial en Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a esta política criminal (de la lucha contras las drogas), no es brindar la justicia, su objetivo es agarrar al capo más grande, entonces es donde se dan las negociaciones y estas liberaciones anticipadas”, explica a su vez Renata Demichelis Ávila, directora para México de Elementa DDHH.

Se olvidan de las víctimas

“¿Cómo estar conforme con eso? Yo no estoy conforme”, dice un hombre que perdió a cuatro integrantes de su familia, residentes del poblado de Guadalupe, a manos del grupo de Óscar Alonso. “Oí que había salido de la cárcel… porque se hizo testigo protegido”.

El hombre, que habla con la condición de no ser identificado por temor debido a la liberación de la Gata, comenta que ahora que el jefe criminal saldó su cuenta en Estados Unidos “quisiera que haya justicia” para sus parientes.

Sin embargo, las familias de las víctimas de los extraditados pocas veces obtienen justicia en México debido a que los acuerdos que Estados Unidos pacta con los detenidos, como presuntamente hizo con Óscar Alonso, no contemplan su retorno al país. Además, las autoridades mexicanas no dan seguimiento a los procesos posteriores a la liberación.

“Los gobiernos hacen sus acuerdos y sí, yo creo que al final lo que menos les importa son las víctimas, o sea, ellos hacen sus acuerdos y siempre se olvidan de la parte humana”.

Blanca Martínez, esposa del periodista asesinado Armando Rodríguez Carreón.

José Antonio Acosta Hernández, jefe de la Línea, mandó matar al periodista en noviembre del 2008, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

Pese a esa investigación en proceso y a otros casos abiertos que arrastraba en México, Acosta Hernández, llamado también el Diego, fue extraditado en 2012 a Estados Unidos.

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