Lado B
Lo que queda del Estado
AMLO debería replantear su estrategia de combate al crimen organizado y de fortalecimiento de los militares durante su gobierno, porque quienes fueron subordinados de Salvador Cienfuegos aún despachan en las oficinas más importantes del Ejército Mexicano
Por Juan Manuel Mecinas @jmmecinas
19 de octubre, 2020
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La detención de Salvador Cienfuegos golpea al Estado mexicano y no solo a la imagen desgastada de Enrique Peña Nieto; son dos cosas distintas, aunque solo se quiera mirar los efectos para el círculo peñanietista o los perjuicios/beneficios para el gobierno de López Obrador. 

AMLO desconocía la investigación contra el poderoso exsecretario de la defensa y solo fue informado de la detención. Además, su gobierno desconoce los detalles de la investigación contra Cienfuegos y otros diez altos mandos del Ejército, y es difícil que conozca los resultados del proceso contra el exsecretario de la defensa si este decide cooperar con la justicia estadounidense. 

El gobierno de Estados Unidos no comparte información con el gobierno mexicano porque desconfía de la corrupción en todos los niveles, y el Ejército no es la excepción. Ahora es entendible la preferencia de nuestros vecinos del norte por la Marina, siempre que se debía hacer una operación conjunta en territorio mexicano. Se debe decir alto y fuerte: el Ejército tiene décadas infiltrado por el crimen organizado, y sus líderes son parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque el Estado lo permite; porque se decidió darle un papel protagónico al Ejército (no importa si hablamos de Fox, Calderón, Peña o AMLO), a pesar de los resultados adversos en una lucha contra el narcotráfico y de los rumores de corrupción en su interior.

El drama no es menor para el pueblo mexicano: el Ejército es la institución más importante durante los últimos quince años en el combate al narcotráfico, y precisamente su líder tenía acuerdos con los grupos delictivos a los que debía combatir. No querían detener el baño de sangre, sino saciar su avaricia a través de las pacas de dinero y de droga. Todo era una irrealidad: una guerra que no era guerra; los enemigos (ejército y narcotráfico) que eran amigos; y unos aliados (el gobierno estadounidense) que usan al gobierno mexicano y a sus altos mandos, y cuando quieren los procesan por crímenes que ya conocían.

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En este drama, las instituciones mexicanas eran un chiste malo y lo siguen siendo. No importa si se llama fiscalía y antes se nombraba procuraduría, o AFI  o PFP y ahora Guardia Nacional. Los políticos mexicanos han sido exhibidos una vez más: es indiscutible su incompetencia para crear instituciones o fortalecerlas, y que estas trabajen en beneficio de todos. Por ejemplo, después de 8 años de que dejó de ser Secretario de Seguridad Pública, no existe una sola causa contra Genaro García Luna, y contra el recientemente detenido exsecretario Cienfuegos no existía ni siquiera una pequeña carpeta de investigación en México. Todo termina en el cajón de la impunidad y veinticinco años después de la captura del Zar Antidrogas, Jesús Gutiérrez Rebollo, se evidencia la realidad de corrupción e impunidad: líderes civiles y militares son parte de la nómina del narcotráfico y las consecuencias las sufrimos todos.

AMLO debería replantear su estrategia de combate al crimen organizado y de fortalecimiento de los militares durante su gobierno, porque quienes fueron subordinados de Salvador Cienfuegos aún despachan en las oficinas más importantes del Ejército Mexicano. Es ingenuo y peligroso pensar que la detención de Cienfuegos es solo la comprobación de la podredumbre del gobierno peñanietista, cuando demuestra un Estado putrefacto. Si se quiere recomponerlo, se debe partir de un diagnóstico crudo sobre lo que queda del Estado y a partir de ahí construir un Estado democrático. Lo demás es mero circo y una rueda de la fortuna que un día golpeará a un partido en el gobierno y otro día afectará a otro distinto.

*Foto de portada: PresidenciaMX 2012-2018 | Wikimedia Commons

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Autor Lado B
Juan Manuel Mecinas
Profesor e investigador en derecho constitucional. Ha sido docente en diversas universidades del país e investigador en centros nacionales y extranjeros en temas relacionados con democracia, internet y políticas públicas.
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