María José Andrade Gabiño 

@MajoAg23

Foto: Marlene Martínez

El jueves 26 de septiembre se llevó a cabo el conversatorio “Despenalizar el aborto. Lo legal y lo social en Puebla” en la Casa de las Culturas Contemporáneas de la BUAP. Miembros de organizaciones de la sociedad civil y médicos hablaron sobre la descriminalización de la interrupción del embarazo y las implicaciones legales, de salud y sociales para que las mujeres dejen de ser penalizadas por decidir sobre su cuerpo.

El conversatorio fue realizado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Puebla, integrada por las organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos El Taller A.C., CAFIS, ODESyR y DDeser, como parte de diversas acciones que se han realizado después de que la diputada priísta Rocío García Olmedo presentara en mayo dos iniciativas para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.

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pesar de que el diputado de Morena Gabriel Biestro Medinilla declarara que la iniciativa se discutirá hasta el 2020 en Puebla, los participantes y asistentes tomaron en cuenta la aprobación de la descriminalización de las mujeres en el Congreso de Oaxaca, el 25 de septiembre, y hablaron sobre los factores que influyen en el asunto, más allá de la aprobación de reformas a las leyes.

Los médicos deben saber cómo realizar un aborto

Dentro de los aspectos médicos, el doctor Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, director médico de la organización Marie Stopes, habló sobre la incidencia de los abortos inseguros en la tasa de mortalidad de las mujeres gestantes. Según el doctor Carrera, México se encuentra clasificado como un país donde los abortos son “menos seguros” por la falta de formación hacia los médicos sobre los métodos para interrumpir un embarazo. 

Uno de los motivos de ello es que ninguna universidad con la carrera de Medicina contempla en su currícula el aborto y los procedimientos médicos que implica. Si se llega a hablar del asunto, se hace en las clases de Bioética que suelen reproducir un discurso estigmatizante contra las mujeres que quieren interrumpir el embarazo y los doctores que las ayudan, opuesto a la laicidad de la educación. 

Tanto el desconocimiento de los métodos abortivos como la criminalización hacen que los hospitales sean ambientes violentos para las mujeres. 

En ese sentido, Violeta Valdez, miembro del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, habló sobre el impacto de la discriminación a las mujeres que son indígenas en hospitales de la sierra nororiental de Puebla.

“Las mujeres que hablan náhuatl no son atendidas de forma rápida porque el doctor o el ginecólogo no quieren hablar con las mujeres y tampoco hay intérpretes […] Se han negado a revisarlas por la ropa típica, porque no llevan zapatos, porque llevan los pies sucios, y ese ha sido motivo de que la atención se dilate o no sea adecuada”.

Por esta constante violencia ginecológica, se cuestionó sobre las capacidades del sector salud para atender a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo en el caso hipotético de que en Puebla fuera aprobada la iniciativa para legalizarla. Aunque reinó incredulidad acerca de que la respuesta fuera favorable, se manifestó que son aspectos que tienen que exigirse, y para facilitar dichas demandas debe estar como base en la ley.

El papel de lo legal

Foto: Marlene Martínez

En materia legal, la abogada Margarita Castro explicó  que la interrupción del embarazo involucra la libertad, dignidad, intimidad y sexualidad de las mujeres, cuatro elementos que se relacionan con derechos que la Constitución en México ya contempla y garantiza. Por ello, la criminalización del aborto es una violación de derechos humanos, recalcó Castro. 

A pesar de este argumento, la abogada señaló que no se hace efectivo el respeto a los derechos gracias a la relación de lo social, las religiones y las leyes. El término “aborto” se originó como un tipo penal, que tenía que ver con la sociedad, cuyo objetivo fue criminalizar mujeres por no cumplir con son su ‘deber’. “Cuando apareció el aborto por primera vez en la legislación mexicana fue precisamente para proteger el honor de los hombres que eran “dueños” de las mujeres”, explicó. 

Por esta razón, el orden patriarcal al que responde la ley sigue reflejándose en el artículo 342 del Código Penal, declaró Castro, puesto que allí se establece como agravantes la “mala fama” de la mujer y mitigantes que hayan podido ocultar el embarazo, así como que el embarazo no sea producto del matrimonio.

Por ello, según la abogada feminista, la figura penal de aborto ya no obedece a la realidad histórica y social en la que vivimos. 

“No nos están haciendo un favor”

Durante su participación, Rubí Cervantes, psicóloga colaboradora del Taller A.C. y miembro de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, criticó el aplazamiento de la discusión de la iniciativa en el Congreso de Puebla. Señaló que es una acción de simulación que da un mensaje a las mujeres de que a los diputados no les interesan los derechos de ellas. 

“No nos están haciendo un favor. Es su trabajo legislar a favor de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes”, puntualizó. 

Por último, se enfatizó la necesidad de seguir realizando acciones que impacten en la sociedad para que el aborto no solo se despenalice legalmente, sino también socialmente, así las mujeres dejarían de ser señaladas. De la misma manera, Cervantes llamó a seguir exigiendo al Estado que los derechos de las mujeres se hagan efectivos, recalcando que la materia legal no es lo único que se tiene que atender: “La despenalización del aborto no es suficiente, pero sí necesaria”, concluyó.

*Foto de portada: Marlene Martínez